Auditorías y reestructuración de deuda

07.04.2013 | 01:27

Perdónenme por no dedicarme a valorar la citación, en calidad de imputada, de la Infanta Cristina pero se trata de algo que, por esperado, no excita particularmente mi interés en estos momentos. La valoración moral, o política si se prefiere, de determinadas conductas se puede y se debe hacer sin necesidad de que un juez nos dé la excusa. Los jueces pueden dar argumentos, cuando su investigación permite sacar a la luz datos que permanecían ocultos, pero los juicios morales los tiene que realizar cada uno, sin necesidad de escudarse en la opinión de algún ilustre funcionario que ha ganado una oposición. Aunque sea la oposición a Judicatura.
Esta semana me ha llamado la atención una noticia relativa a los equilibrios que tiene que realizar el gobierno argentino para esquivar a los acreedores. Al parecer, su Presidenta tuvo que dejar el avión oficial en Marruecos y, allí, alquilar uno privado para ir a Roma a ver al nuevo Papa. Era la única forma de pisar Italia sin que le embargaran la aeronave presidencial. Viene al caso el comentario porque estamos asistiendo, en muchos Ayuntamientos, al debate y votación de una Moción tipo, presentada por colectivos o grupos municipales, en la que se propone la realización de "auditorías ciudadanas de la deuda" de las Administraciones públicas, para proceder a la "quita o condonación sin condiciones" de la que sea "reconocida como ilegítima". En Alicante se abordó en el último pleno del Ayuntamiento y se ha escrito mucho sobre las circunstancias que rodearon a la votación, aunque poco sobre el fondo del debate.
Argentina declaró una suspensión de pagos hace más de una década y no ha conseguido, desde entonces, ni un momento de tranquilidad en relación con las operaciones de reestructuración de su deuda externa. Con intervención y ayuda de organismos internacionales y de terceros países, como España, logró llevar a cabo algunos acuerdos para alargar plazos de pago, reducir intereses o, incluso, acordar quitas con la mayor parte de los acreedores. Las condiciones que le fueron impuestas para llegar a esos acuerdos, produjeron un periodo de conflictos sociales e inestabilidad política realmente dramático. Hoy, Argentina sigue pendiente de un conjunto de demandas de acreedores que no aceptaron las condiciones de la reestructuración, lo que le obliga a defenderse de los embargos que le persiguen por todo el mundo. La última palabra la tienen los tribunales de Nueva York pero, mientras tanto, las condiciones que le imponen para obtener financiación exterior son extremadamente duras y los ciudadanos lo están pagando.
Sorprende la ligereza con que algunos defienden la conveniencia de transitar un camino que se inicia a partir de una decisión unilateral de no pagar las deudas. Para gobernar sirven muchos mecanismos pero no los trucos de magia. No se puede jugar con la desesperación de la gente proponiendo salidas imposibles, revestidas de apelaciones a los principios. ¿Qué es eso de una "auditoría ciudadana de la deuda" a realizar por una "comisión independiente y ciudadana, basada en la apertura de todos y cada uno de los contratos establecidos con particulares, exponiendo sus condiciones y resultados al escrutinio público"? ¿Quién va a elegir a esa comisión y cómo? ¿Debemos suponer que ese indefinido "escrutinio público" va a decidir qué deuda se reconoce como "ilegítima"? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué pasará cuando se decida no pagar las deudas calificadas como "ilegítimas"? ¿Alguien querrá prestarnos dinero? ¿Paramos el país hasta que lleguemos a un acuerdo con nuestros acreedores y podamos acudir a la financiación internacional? ¿Nos salimos de Unión Europea, nos inventamos alguna nueva moneda y empezamos de cero nuestras relaciones económicas con el exterior? ¿Pasamos a una situación de autarquía, como en los años posteriores a la guerra civil?... ¿Qué posibilidad de mejora de la situación económica y social puede haber detrás de una aventura como esta?
No creo que alguien con sentido común pueda haber pasado por alto estas consideraciones. Sin embargo, la acción organizada para defender este tipo de mociones sigue adelante, lo que invita a analizar los motivos que llevan a apoyarlas. Se argumenta que, contando con el rechazo del PP que gobierna con mayoría, no hay riesgo de que se aprueben. Siendo así, ¿para qué enfrentarse con los grupos que las defienden? Esto es, sencillamente, demagogia y su uso no me parece de recibo. También se considera la utilidad de estos debates para desgastar al que manda, posibilitando, así, el cambio de gobierno. Una vez llegados al poder, ya se explicará la imposibilidad de llevar a cabo la propuesta, con medios y argumentos para que todos lo entiendan. Esto es engañar de forma miserable, algo incompatible con la regeneración de la vida política que todos parecemos defender. Finalmente, se apela al principio de justicia o de legitimidad, de una forma tan absoluta e indeterminada que carece de posibilidad de valoración o análisis, convirtiéndose en una apelación de carácter estético, sin utilidad para la práctica política de gobierno. Esto es una frivolidad, en el mejor de los casos, cuando no una muestra de aventurerismo irresponsable.
Vivimos tiempos de escasez, de angustias y de zozobras que son propicios para la aparición de los vendedores de milagros. Algunos lo llaman generar ilusión. No está mal mantener la ilusión por alcanzar objetivos política y moralmente cargados de valores positivos, pero no podemos permitir que la ilusión contamine la necesaria valoración de los medios, los instrumentos y los caminos que hay que utilizar para llegar a esos objetivos. En todo caso, puestos a buscar milagros, en vez de recomendar auditorías y reestructuraciones de deuda es mejor ir a Roma a ver al Papa, como ha hecho la presidenta argentina.

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