Ya se sabe, cuando las cuentas no cuadran, la mera idea de sacar ingresos por cualquier medio produce un asentimiento unánime de "no queda más remedio". Y eso es lo que ha ocurrido. En esta última semana, hemos leído en la prensa local que edificios emblemáticos e institucionales de la ciudad se alquilan. Así la Cámara de Comercio de Alicante alquilará sus plantas superiores por un módico precio de 300.000 mil euros anuales a un prestigioso bufete de abogados; unos días después, y con motivo de la inauguración de su nueva sede en Alicante, Casa Mediterráneo, alquilará sus dependencias para conciertos y eventos varios en horario vespertino; finalmente, el Castillo de Santa Bárbara, patrimonio de la ciudad, ofrece una tarifa variada para alquilar sus salones con todo tipo de detalles. Las noticias, leídas en su conjunto, merecen una reflexión. ¿Qué supone que edificios adquiridos con dinero público, rehabilitados con dinero público se destinen a un uso privado aun a cambio de un beneficio económico? ¿Qué representa que instituciones públicas se alquilen al mejor postor? ¿Tendrá alguna repercusión para la ciudadanía? Se empieza con dos plantas, compatibilizando las actividades público-privadasÉ pero en cualquier momento y si la situación empeora, podrían inclinarse hacia un uso íntegramente privado. Que la sede de los empresarios alicantinos tenga que alquilar sus dependencias da cuenta de cómo se encuentra el sector; que el Ayuntamiento, con un déficit que supera el doble de lo permitido tenga que alquilar de forma parcelada un patrimonio emblemático de los y las alicantinas o que la apuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, de quien depende Casa Mediterráneo, no encuentre otras vías de rentabilidad que el mero alquiler de su nuevo edificio para actividades privadas, son hechos que hablan por sí solos. Me viene igualmente a la cabeza el proyecto Ciudad de la Luz que, creo, también busca inquilino. La primera sensación que produce es que vivimos en una ciudad con un gran déficit económico y una falta de proyectos e incentivos de futuro, una ciudad cuya única y última alternativa es intentar salvar lo que se pueda sin importar el inquilino, el evento ni la imagen que se genere. Una delicada situación económica que incita a generar ingresos por pequeños que sean y vengan de donde vengan. Los empresarios, el Ayuntamiento, y hasta el símbolo internacional de nuestra ciudad, se alquilan; es una triste realidad.
Esta imagen de espacios urbanos que se alquilan, que esperan ser ocupados está en consonancia con la sensación de inmovilismo y parálisis que vive la política municipal de la ciudad desde hace unos meses. Con una más que delicada situación económica y liderando la tasa de paro de la Comunidad, la situación política en Alicante tampoco genera estabilidad ni confianza y parece resignada a laisser faire, laisser passer, hasta ver qué sucede en las próximas elecciones. Y es que el mapa político del Ayuntamiento es el que es: una alcaldesa inmersa en conflictos judiciales por supuestos y presuntos casos de corrupción, a la espera de sentencia firme, se aferra con uñas y dientes a la única y última opción política que le queda -es obvio que Sonia Castedo no repetirá como cabeza de cartel y por tanto, aun ganando la alcaldía el PP, ella no será la "inquilina" del Consistorio alicantino-; un PSOE, en la oposición, inmerso en luchas y contradicciones internas a la espera de consolidar un liderazgo social que nunca llega; una IU que se afana en una labor férrea y hasta quijotesca de oposición combativa a la espera de recoger sus frutos y, finalmente, una UPyD, la niña bonita, a la que muchos ven como potencial socia de gobierno y que también espera crecer; la situación es pues, de espera generalizada. El futuro está por escribirse, puede haber novedades y hasta la irrupción de listas de los sin partido, pero mientras, hasta la ciudadanía espera y se desespera. Una ciudad que se alquila, una alcaldesa que se pregunta a quién beneficia su dimisión apuntando con el dedo a un partido -sería más oportuno y más íntegro preguntarse si su dimisión beneficia, por ejemplo, a la imagen política de la ciudad-, es, simbólicamente una ciudad en stand by, a la espera de la o del inquilino que la haga salir del agujero negro en el que parece haber caído.
