Andamos enredados en la enésima polémica educativa, de nuevo provocada por la propia Conselleria de Educación, a cuenta del profesorado interino valenciano, que tiene amenazado su futuro laboral hasta el punto de verse empujado a salir del sistema por la Administración a la que ha prestado hasta 20 años de leales servicios, por la peor puerta, la de la exclusión laboral y social. No es un drama, son miles.

La problemática ha sido perfectísimamente documentada por este periódico desde el mismo día que se destapó, el 27 de febrero pasado, cuando la Conselleria, como ya había hecho con los Acuerdos de plantillas de primaria de 1996, de secundaria de 1999 y de FP de 2002, decidió denunciar (incumplir) el "Acuerdo para la provisión de profesorado en régimen de interinidad" alcanzado en diciembre de 2010 y que, sin duda alguna, es el mejor acuerdo de este tipo alcanzado hasta la fecha en todo el Estado.

La maquinaria de propaganda, como la de los mejores regímenes totalitarios, de nuevo intenta vender esos recortes y despidos como el sacrificio necesario para conseguir o garantizar un "futuro mejor". De nuevo son mentiras y de nuevo hay protestas y huelga de las personas afectadas, en esta ocasión el profesorado interino. Vendrán más.

Dice la consellera del ramo, la que llegó hace unos meses a la cabina de este buque sin rumbo que flota gracias a su profesorado, que su intención es la selección de los mejores. ¡Qué insulto al profesorado y qué insulto a la inteligencia! ¿ha dicho los y las mejores? ¿Ha dicho selección? Señora consellera, permítame recordar al público que ha convocado una sola oposición con 300 tristes plazas y que, en el mismo tiempo, ya ha echado a más de 3.000 docentes del sistema. Según los datos de su Conselleria, usted no está seleccionando a nadie, está despidiendo a profesorado.

Intenta ocultar la consellera con sus palabras y con su permanente sonrisa que, en realidad, está ordenando la aplicación más cruel posible de la Reforma Laboral que aprobó Rajoy. Aquella reforma que ya nadie duda que permite despedir a los padres para contratar a los hijos, pero en precario ¡faltaría!, en aras de una "competitividad" que nos empobrece a todos, incluido el país, para gloria y beneficio de unos pocos que, para más INRI, suelen tener sus domicilios fiscales en paraísos que son terrenales, pero tan lejanos como intangibles para el común de los mortales. Esa es otra cuestión.

Cuando la consellera habla de "su" selección de los mejores, se olvida o no quiere decir que sólo busca el despido de quienes ya acumulan experiencia y sabiduría docente y, lógicamente, antigüedad y trienios consolidados gracias al Estatuto Básico (convenio colectivo negociado por los sindicatos, sí, los sin-di-ca-tos). Oculta que sólo quiere establecer un marco de renovación permanente de profesorado que, por definición, será más barato e inexperto y, sobre todo, más precario y sumiso ante unas políticas educativas que están siendo contestadas por privatizadoras y empobrecedoras de un servicio público esencial ¿qué si no son los nuevos contratos de becario o de prácticas o de inglés que se extienden ahora en la educación?

No es de extrañar que la provocación de la consellera haya sido muy contestada en la provincia, no en vano, son las comarcas alicantinas las que han soportado históricamente las mayores tasas de inestabilidad y rotación de plantillas de todo el Estado. Podríamos decir sin exagerar que, sin ese profesorado interino que ahora se ve insultado, la educación pública ni siquiera hubiera podido ofrecerse en infinidad de centros y en la mayoría de las localidades y comarcas del sur ¡ahí es nada! Eso es lo que ha hecho históricamente la Conselleria para paliar ese déficit y para consolidar las plantillas y los proyectos educativos en estas latitudes: absolutamente nada.

Dice también la consellera, para justificar su agresión, que la selección de los mejores la dará la nota de un concurso oposición. "Olvida" decir que:

La oposición es el sistema legal establecido para acceder a la función pública y, en el caso que nos ocupa, tanto o más peso tiene una norma laboral y unas directivas europeas que obligan a considerar y valorar la experiencia acumulada por quienes ya vienen desempeñando sin tacha su trabajo en la empresa.

La oposición tiene por objetivo la consolidación de la plantilla que, por Ley, no puede proveer puestos con carácter de interinidad por más de dos años (aquí hay miles de ellos que llevan más de 20 ilegalmente cubiertos).

Los territorios que vincularon en el pasado la gestión de sus listas de profesorado interino al resultado de la oposición, ya hace años que se vieron obligados a introducir factores de estabilidad que contemplen la antigüedad y la experiencia acumulada.

Las oposiciones del País Valencià jamás han contado con el consenso de la comunidad educativa, que ve cómo son convocadas especialidades docentes que no tienen déficit de plantilla, mientras siguen sin convocar otras que lo necesitan hace más de 20 años.

Notorios han sido los casos, con denuncias incluidas, de tribunales de oposición designados antidemocráticamente a dedo para seleccionar a "sus" mejores o, peor, constituidos en juez y parte desde el momento que evalúan a aspirantes que previamente habían preparado en "sus" academias privadas o en "sus" cursos de formación de clara afinidad político-ideológica o en "sus" universidades.

No hace falta seguir ni nombrar a nadie, pero que si de lo que se trata es de seleccionar a los y las mejores, mejor haría alguien en explicar primero qué mejores fueron quienes pilotaron antes de ahora la nave educativa valenciana ¿lo fue Camps? ¿lo fue el malogrado Tarancón? ¿el efímero Pons? ¿el ocurrente Font de Mora? ¿el inédito Císcar? ¿lo es usted consellera?... Más parece que los y las mejores sólo son quienes han sustentado la educación pública valenciana a pesar de sus políticas, a todas luces mejorables a juzgar por los resultados que les sonrojan cada vez que se comparan con el resto del Estado.

Y si de lo que quiere que se hable es de despedir a los padres y a las madres para contratar a los hijos e hijas, explique primero de quiénes serán éstos, no sea que nos encontremos, tal y como ha denunciado recientemente la Junta de Personal Docent de Alacant, que son quienes provienen de las universidades privadas católicas quienes se están viendo favorecidos en la incorporación a la función pública valenciana con unas oposiciones arbitrarias, injustificables y vergonzantemente tendenciosas, hasta el límite de la prevaricación. ¡Ojo!