El pasado fin de semana tuvo lugar un movimiento espontáneo llamado "La uni en la calle". Con él, profesores y profesoras, personal investigador, de las seis universidades públicas madrileñas y el CSIC salieron a la calle para impartir docencia. Con esta iniciativa querían expresar su malestar por las políticas implantadas por el ministro Wert y la Comunidad de Madrid. Es sabido que la Universidad pública no pasa por sus mejores momentos: incumplimiento de la financiación por parte de los gobiernos de las comunidades autónomas, recortes drásticos en I+D+i, menosprecio de su prestigio social, o una universidad fábrica de conocimiento y de investigación orientada a las leyes del mercado y a sus intereses, son algunos de los motivos. Detrás de esta protesta me temo que está también la defensa de la Universidad como servicio público.
Las críticas apuntan a la necesaria racionalización de los campus y a la adecuación de los estudios en función de la demanda y de la geografía. Cierto es que la Universidad debe adaptarse a los tiempos, debe corregir errores y mejorar, pero el ahogo económico, la subida de tasas, el desprestigio de la labor docente e investigadora y la proliferación de universidades privadas con claro sesgo ideológico es un ajuste de clase que va en detrimento de los valores sociales y democráticos. Porque curiosamente, frente a esa necesaria reordenación del mapa académico esgrimida, asistimos a un aumento de universidades privadas. Y es que, en la Comunidad Valenciana hay más universidades privadas que públicas, siendo Valencia, la tercera autonomía donde esto ocurre. Quienes defienden el sistema privado sostienen que permite el acceso a estudiantes que no pueden cursar los estudios deseados por falta de nota, defienden la libertad de elegir un centro privado por su especialización, o cualquier otro motivo, incluida la confesionalidad. Hasta aquí, poco se puede objetar pero si atendemos a nuestra realidad más cercana, las respuestas no son tan evidentes. En el radio que abarca la Universidad de Alicante, se crearán en los próximos años la Universidad Católica San Antonio (UCAM) en Sant Joan, la Universidad Internacional Mare Nostrum (UNIM) en El Campello y la última noticia es que la UCAM negocia instalar un Campus en Torrevieja. En apenas 50 km se prevé la creación de tres nuevas universidades que se sumarán a las ya existentes, Universidad Miguel Hernández (UMH) y la Universidad de Alicante (UA). Se van a repetir titulaciones en concreto en áreas de la actividad física y deportes, áreas de la Salud; respecto a la de El Campello, poco sabemos salvo que será de marcado carácter internacional y estará relacionada con temas de salud. Si en esta última los edificios los adquieren empresas privadas, la UCAM parece haber contado con condiciones ventajosas. En Sant Joan, el Ayuntamiento, previa compra al Consell, cederá la residencia de tiempo libre situada al lado del Polideportivo para impartir sus clases, a cambio, la UCAM abonará cuatro millones para la reforma de los dos institutos. En Torrevieja, el Ayuntamiento se plantea cederle a la UCAM el Conservatorio -sin uso hasta el momento por falta de presupuesto- y tal vez el Auditorio para impartir estudios musicales. ¿Cómo es posible que un Ayuntamiento ceda terreno público a una empresa o a una institución para su gestión privada? Y ello pese a que los responsables de las universidades públicas de nuestro entorno han advertido de la proliferación de centros universitarios. Tanta oferta difícilmente será absorbida por un mercado laboral escaso. Pero sin duda lo peor es la cesión de edificios públicos a favor de intereses privados. Se intenta así ocultar una política de despilfarro y de macro construcciones, como ha sido el caso de Torrevieja, con un "ponga una universidad en su ciudad". Se intenta engañar a la opinión pública diciendo que tenemos una universidad pública ineficaz, sobredimensionada y alejada del mercado de trabajo mientras se favorece la creación de centros privados. ¿Existe tal demanda o el objetivo es satisfacer los intereses de unos y otros? La implantación de una Universidad católica como la UCAM en Murcia, en Sant Joan y ahora en Torrevieja obedece a un plan donde la Universidad como institución pública, democrática y asequible para todos no es lo prioritario. El sesgo ideológico no es tampoco baladí cuando se trata de formación e investigación. Parece que la tendencia es la inversión de la pirámide; unas universidades públicas ahogadas, que invitan a sus egresados a salir del país al mismo tiempo que hay un trasvase de recursos públicos a favor de intereses privados. Una vez creadas, competirán por el presupuesto asignado a universidades y a investigación pero ¿partieron desde el origen en igualdad de condiciones que la pública? ¿persiguen los mismos objetivos que la universidad pública, las cesiones de las que gozaron serán beneficiosas para el conjunto de la sociedad o sólo para unos cuantos? Tal vez sea conveniente hacer una reflexión: universidades privadas, ¿de quién y para quién?
