Mientras agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registraban los domicilios de Daniel Gil, otrora responsable de las inversiones inmobiliarias de la Caja del Mediterráneo, y de Roberto López, su penúltimo director general, a la búsqueda de pruebas que demuestren las tesis del FROB y del fiscal, a las que el juez por el momento da mucho crédito, de que ambos exdirectivos desviaron fondos de la entidad en connivencia con dos importantes empresarios alicantinos -Juan Ferri y José Baldó- a través de las sociedades que constituyeron para explotar hoteles y construir urbanizaciones residenciales en el Caribe. Mientras eso ocurría esta semana, digo, el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga esta pieza, Javier Gómez Bermúdez, citaba a declarar a más de una treintena de exconsejeros de la entidad, y a cinco exdirectivos más, por otra de las ramificaciones que se instruyen en Madrid, la relativa a los créditos que consiguió el presidente de la comisión de control de la CAM, el murciano Juan Ramón Avilés, que tanto para la Fiscalía como para el FROB fueron obtenidos fraudulentamente.
Es decir, la flor y nata de la sociedad alicantina: empresarios que hasta hace poco gozaban de prestigio y predicamento, presidentes y expresidentes de la Cámara de Comercio o de las patronales más importantes de la provincia, sindicalistas, expolíticos, académicos, ejecutivos del más alto nivel, van a desfilar por la Audiencia Nacional, a la que entrarán entre fotógrafos y cámaras de televisión, con la advertencia del juez de que han sido llamados a un cónclave al que entran como testigos pero pueden salir como imputados. Se habla en estos días de lo mucho que está sufriendo la «marca España» a causa de la corrupción y, dentro de ella, de casos tan significados y tan mediáticos como los del yerno del Rey, Urdangarin, o el extesorero del PP, Bárcenas. Pues, siendo así, la imagen de una treintena de capitanes de esta provincia entrando por la puerta de la Audiencia Nacional, para declarar, una vez dentro, que ellos estaban en el consejo de administración de la que llegó a ser la cuarta caja de ahorros de España porque los pusieron allí, pero que durante años no escucharon nada, no dijeron nada, no vieron nada, no se enteraron de nada ni preguntaron por nada; que pese a dirigir empresas, sindicatos, máster universitarios, organizaciones patronales, no sabían de cuentas, como de forma sonrojante dijo en las Cortes Valencianas el todavía presidente de la Cámara de Comercio, José Enrique Garrigós; esa imagen, digo, va a acabar por destrozar lo poco que quedaba ya de la «marca Alicante».
Con su estallido, la CAM no sólo perdió su condición de caja de ahorros. Se convirtió en una central nuclear fallida. La CAM es Chernobyl y la fusión de su núcleo no sólo ha arrasado su entorno y se ha cobrado ya bastantes cadáveres, sino que durante mucho tiempo seguirá contaminando todo lo que le rodea y haciendo aflorar un cáncer tras otro. No es sólo ella el motivo de todos nuestros males. Pero su caída la convierte en el icono de ellos.
Sería comprensible ahora descargar toda la ira de la sociedad en esa treintena de exconsejeros y exdirectivos citados por la Audiencia. O en Modesto Crespo, Roberto López, Daniel Gil y los empresarios Ferri y Baldó. Pero tampoco nos engañemos: lo peor de esta situación es que todos ellos nos representan. En el sentido literal de la palabra. Son un reflejo fiel de lo que ha sido Alicante. Y eso es lo terrible. Durante casi un par de décadas ésta ha sido una provincia que, con la especulación inmobiliaria como vaselina para todas las violaciones, se ha movido institucionalmente entre el victimismo, la subvención y su prima hermana: la sumisión. Y quien no participó directamente en esa enorme borrachera de dinero fácil y olvido de las reglas, lo hizo indirectamente con su silencio, practicando el tristemente famoso menfotismo alicantino. Y los pocos que sí levantaron la voz fueron satanizados. Así que en la Audiencia Nacional no van a interrogar a un puñado de tontos útiles, por utilizar la expresión con la que hace una semana definía a los dirigentes empresariales en estas páginas uno de los suyos, el expresidente de la pequeña y mediana empresa Juanjo Sellés. Realmente lo que va a quedar en evidencia es una forma de ser y estar generalizada que ha llevado a la cuarta provincia de España a no pintar un pimiento, ni en España, ni en su propia Comunidad.
Regeneración
Lo que ya ha pasado sólo puede condenarse, pero no cambiarse. Como cantaba Serrat, la verdad lo que no tiene es remedio. Urge, pues, una regeneración completa. Volver a las esencias de una tierra que en su día fue, sin dejar de ser fenicia, un ejemplo de iniciativa. Pero para eso hacen falta liderazgos políticos y sociales. En lo social, hay movimientos muy importantes desde la base del sistema, que con apoyo pueden acabar por remover éste por entero. En cuanto a las organizaciones empresariales representativas, con la Cámara y Coepa en la cúspide, se han convertido en elementos inservibles, que encima son escenario permanente de luchas fratricidas tan estériles como ridículas en un momento como éste. Pero la propia dinámica económica hará que se reordenen, bien dando paso a entidades nuevas, bien transformando las existentes.
En lo político, sin embargo, las expectativas son más que negras. Utilicemos la frase maldita: con la que está cayendo. Pues bien: con la que está cayendo no tenemos gobierno autonómico, sino un Consell cuyas reuniones, en vez de diseñar políticas, se limitan a ser, viernes tras viernes, un valle de lágrimas. Tampoco tenemos Diputación. Algo a lo que fuera de aquí no se le da importancia, aunque quienes llevamos muchos años ya siguiendo los movimientos políticos y económicos de Alicante sabemos de su papel trascendental como aglutinador, como impulsor y como contrapeso. Como elemento de unión de una provincia tan potente como dispersa, que, carece de capital. Ese papel hoy no se está haciendo.
Pero tampoco los grandes ayuntamientos están ni se les espera. Los problemas judiciales de la alcaldesa tienen atascada Alicante, con un equipo de gobierno que está pidiendo a gritos una remodelación que Castedo, en su situación, no puede hacer, y con una oposición que ha llegado a obsesionarse tanto con echarla que parece que en Alicante sólo haya dos temas: Castedo y Ortiz. Ni siquiera ha sido capaz esa oposición de analizar los presupuestos -como sí ha hecho la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas que preside José María Perea- y presentar un proyecto alternativo. Mientras la ciudad se degrada y sigue perdiendo un tren tras otro, aquí no hay más discurso que el de la alcaldesa atrincherada en el «¡No pasarán!» y el de la oposición encelada en el «¡Váyase, señora Castedo!». Y punto.
Encerrados y desaparecidos
Elche, entre tanto, mucho más activa como ciudad, vuelve por desgracia a encerrarse en sí misma cuando más se necesitaría su participación en los asuntos que importan a toda la provincia. Alcoy no puede ni aprobar presupuestos. Igual que Orihuela, donde ya ni siquiera hay apariencia de gobierno. Benidorm se divide entre un empresariado que ha decidido volver a hacer la guerra por su cuenta y para el que Alicante es tan extraño como Reus, y un ayuntamiento que es lo más parecido a los antiguos frenopáticos que pueda encontrarse, con el añadido de que los residentes de este frenopático en concreto, sean quienes sean, sólo tienen por interés su propio futuro y el de la gente se les da una higa. Dénia ha desaparecido del mapa y Torrevieja camina con paso firme hacia el desastre, incapaz Dolón de ser un alcalde distinto al que fue el condenado Hernández Mateo.
Podría seguir. Hay ejemplos por doquier de la quiebra generalizada de nuestras instituciones y de la ausencia de puentes para hacer valer nuestras necesidades en Valencia o en Madrid. Pero para qué escribir más, si ya lo he dicho antes: vivimos en Chernobyl y descontaminar esto nos va a costar, si es que lo logramos, muchos años de insolvencia.
