El pasado 21 de febrero, sentada en primera fila, la consellera de Educación, María José Catalá, tuvo la oportunidad de ver un ejemplo de dignidad y de entrega a los ciudadanos. Fue el momento en que, durante la gala de los premios Importantes de INFORMACIÓN, los presentadores llamaron al escenario al profesor José Antonio Fernández Cabello, para recibir la distinción de este periódico, y al rector honorario de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina, para que se la entregara. No podía haber sobre la tarima dos personas más ideológicamente contrapuestas: Fernández Cabello ha militado toda su vida en la izquierda más allá del PSOE, aunque la defensa de los principios en los que cree no le ha llevado jamás al radicalismo estéril, sino a la búsqueda de soluciones que mejoraran la situación de los más desfavorecidos; Gil Olcina siempre se ha definido políticamente como conservador, lo que ocurre es que desgraciadamente se equivocó de país, porque su talante y su comportamiento es el de un conservador en la más noble tradición europea, no desde luego al estilo español, tan cerril.

¿Qué les une a estos dos veteranos maestros? La vocación. La conciencia de que las sociedades sólo son libres si sus ciudadanos están formados. El espíritu crítico. El desapego al oropel. La certeza de que la excelencia hay que perseguirla tanto en la Universidad como en el último de los colegios. La convicción de que uno llega al servicio público a servir, que no a servirse. Y el compromiso con la enseñanza pública, sea cual sea su nivel. En definitiva, una forma de ser y estar en la vida que debería servirnos de guía. Por eso, cuando Fernández Cabello, nervioso y tímido, pero convencido de que no podía dejar de desaprovechar la oportunidad que el acto le brindaba, desplegó con exquisito cuidado una camiseta donde se abogaba por una escuela pública, laica y de calidad, Antonio Gil Olcina, desde las antípodas de su pensamiento, le aplaudió. Y se emocionó con él. Seguramente es una de las fotos más emotivas de 28 años de Importantes de INFORMACIÓN y les puedo asegurar que es una de las que más orgullosos nos hacen sentirnos a quienes trabajamos en esta casa. Nada que ver, con la que justo una semana después se tomó en Madrid, el día en que el ministro Wert, ese semoviente prueba de que la Educación está a la cola de todo salvo si de retorcerla se trata, entregó la medalla de Alfonso X El Sabio, por sus desvelos(!), al exconseller Font de Mora, ese forense al que si no llegan a destituir acaba haciéndole la autopsia a nuestra escuela, tras liquidarla. Les pido disculpas por la obscenidad que supone comparar ambos momentos.

Catalá, una consellera de trato amigable y actuaciones dudosas, podía haber aprendido mucho de esa tarde en Alicante, cuando los asistentes a la gala de INFORMACIÓN aplaudieron puestos en pie el premio a Fernández Cabello al grito de "¡Sí se puede, sí se puede!". Pero me temo que miró para otro lado. Porque sólo unos días después dio a luz la última de sus ocurrencias, por la cual cambia radicalmente el sistema de provisión de plazas de interinos. Ahora iré con ese cambio y con los motivos reales del mismo, pero valga la pena antes hacer un aparte sobre los maestros sin plaza.

Los interinos llevan desde el mismo instante en que la Educación se transfirió a la comunidad, en los albores de la autonomía, salvando el sistema. A día de hoy, hay siete mil, de los que el 65% están en Alicante. ¿Por qué ese desequilibrio? Porque durante lustros Alicante ha sido la provincia en la que la población escolar ha crecido más y de forma más rápida. Y ahí está el quid de la cuestión: si hay tal número de interinos, no es por otra razón que porque la Generalitat nunca ha sacado a oposición las plazas que necesitaba para cubrir la demanda real de escolarización que tenía. Pero, además de eso, enseguida los gobiernos se dieron cuenta de que un interino cobra entre 500 y 700 euros menos al mes que un profesor fijo. Así que era mejor mantener ese desproporcionado número de eventuales en lugar de dotar las plantillas que se necesitaban. No es cierto tampoco que los interinos no se presentaran a oposiciones: claro que lo hacían. El colmo es que muchas veces las aprobaban pero se quedaban sin poder ocupar su plaza y por tanto acceder a la condición de funcionario, precisamente porque la Administración no habilitaba dichas plazas.

Desde los años 90 se articuló un sistema por el que las bolsas de interinos para acceder a las vacantes se ordenaban por antigüedad, que es lo mismo que por experiencia. Eso permitió dar a un sistema inestable una cierta estabilidad, porque muchos interinos consiguieron repetir en el mismo centro escolar varios cursos, lo que al colegio o el instituto en cuestión le permitía desarrollar un proyecto con algo de continuidad, y eso lógicamente redundaba en la mejora de la educación que recibían sus alumnos.

Catalá ahora rompe por decreto con ese sistema. Primará al que se presente a oposiciones y las apruebe, aunque sigan sin dotarse plazas para las mismas. ¿Qué busca? Mejorar la enseñanza, no. Seamos serios. Lo que pretende con ello es darle la vuelta como un calcetín a esas bolsas, de tal manera que los profesores más veteranos salgan de ellas o queden relegados a la cola, y los más jóvenes copen los puestos. ¿Porque están mejor preparados? No. Porque serán menos a cobrar trienios. Y ese dinero que se ahorra la conselleria. Así de patético. No se busca aumentar la calidad de la formación que reciben nuestros jóvenes. Se sigue destrozando la educación pública a base de quitarle recursos, decreto a decreto. Los padres deberían poner el grito en el cielo: miles de profesores curtidos y entregados van a caer en esta nueva razzia y sus hijos se verán perjudicados por ello. Pero callan. Los directores deberían plantarse, como hicieron en Madrid sus colegas de Sanidad. Pero no quieren perder sus pluses. Y así vamos, consolidando una generación sin esperanza. El problema de Catalá es que no tiene un plan para la educación pública, en una Comunidad que aparece a la cola en todos los registros negativos. Sólo gestiona tijera en mano. Pero no sabe dónde va.

Todo, digo, son tajos. Se expliquen como se expliquen. El conseller Llombart se acaba de sacar de la chistera en Sanidad una orden por la que cientos de miles de pacientes crónicos dejarán de recibir el tratamiento prescrito por sus médicos para sustituirlo por genéricos, a pesar de que sabe que los laboratorios ya se han encargado de que muchos de esos genéricos no tengan los efectos de los compuestos originales. Da igual. Él ya ha aclarado que no lo hace por ahorrar a costa de la salud (aunque aspira a podar con ello otros 300 millones más), sino que todo se debe a la simple aplicación de un "algoritmo de decisión técnica corporativa". Les parecerá confuso, pero es meridianamente claro. En eso hemos quedado, niños, enseñantes, pacientes, profesores, dependientes...: en algoritmos de decisión técnica corporativa. Hemos perdido, no la condición de ciudadanos, sino incluso la de personas. Ahora somos algoritmos. Lo ha dicho el conseller.