Ante las inquietantes noticias que han aparecido en los medios de comunicación estos últimos días sobre las medidas que están tomando los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana en relación a sus planes para con los montes de utilidad pública, me parece oportuno hacer algunas puntualizaciones sobre este importante asunto.
Inevitablemente, en este país las personas que dirigen sus destinos, llámese de forma local, autonómica o estatal, no tienen educación medioambiental; de la otra, hablaré en otra ocasión.
Siempre se ha pensado que la educación ambiental debía de tener como principales sujetos a los niños y a la juventud, estimando que los adultos con algunas pinceladas de perfeccionamiento tenían bastante. Enorme error.
Porque ni los niños ni los jóvenes van a decidir las barbaridades que destrozan nuestra naturaleza. Los que toman las decisiones que masacran nuestros campos, montañas y enclaves naturales son los adultos y ya va siendo hora de acabar con tanta tropelía.
Sobre la miopía, dejadez, desidia e incultura medioambiental de nuestros políticos hay tantos ejemplos que se pueden llenar varias enciclopedias y, como ocurre con la famosa tostada, que siempre cae por el lado de la mantequilla, de esta tropa no se puede esperar nada bueno para la biodiversidad de nuestro país.
Que no tienen ni remota idea sobre medio ambiente está muy claro, pero también está muy claro, yo diría que cristalino, que lo que sí saben hacer es destrozarlo, bajo una metódica y calculada política de hechos consumados para favorecer unos intereses muy concretos que, precisamente, no son públicos.
Si no, es inexplicable desde un punto de vista de defensa y preservación de la naturaleza, lo que se pretende hacer desde los gobiernos autonómicos antes citados cuyos presidentes son la señora De Cospedal y el señor Fabra.
Los montes de utilidad pública (MUP) son montes de titularidad pública; es decir de todos nosotros, ciudadanas y ciudadanos, por si alguien no se ha enterado todavía, que se declaran así por satisfacer necesidades de interés general, al desempeñar, preferentemente, funciones de carácter protector, social o ambiental.
Voy a hacer un poco de memoria a los lectores: los efectos de las desamortizaciones forestales pasadas fueron desastrosos para la economía, la sociedad y la naturaleza españolas. Cientos y cientos de hectáreas de montes públicos vendidas a particulares fueron deforestadas y su biodiversidad y paisaje, desapareció para siempre.
Lo que pudo sobrevivir a las desamortizaciones y se incluyó en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública hace 150 años son los montes que son la base de la naturaleza de este país.
Estos montes, según la ley con inalienables e inembargables, y cuando desarrollan el servicio a la sociedad por el que así fueron declarados de utilidad pública, su uso principal es el forestal.
No nos dejemos confundir ni engañar sobre la necesidad de mantener y mejorar nuestros montes. Evidentemente, el escenario económico que vivimos anima a las mentes preclaras de nuestros inteligentes políticos a plantear la venta del patrimonio forestal de todos los ciudadanos. Pretenden vender nuestro patrimonio y nuestro disfrute. Pretenden vender unos recursos gracias a los cuales el desarrollo rural siempre ha sido posible: el aprovechamiento de las leñas, de la madera, de la resina, del carbón o de los pastos han sido claves en el desarrollo rural de nuestros pueblos. Porque, además, si existe interés privado por terrenos de utilidad pública es porque, sin duda, tienen rentabilidad económica, que no nos equivoquen, si una empresa privada puja por algo público es porque va a tener o tiene rentabilidad económica. Claro, que hay intereses por los montes públicos españoles, pero intereses ocultos que sólo buscan el beneficio individual a costa del beneficio del conjunto de la sociedad.
En cuántas ocasiones habéis oído a nuestros políticos decir que el patrimonio natural español es algo que tenemos que conservar y que, faltaría más, preservaremos nuestra biodiversidad para nuestras generaciones futuras. Pues, sencillamente, son mentiras; una tras otra. Pero, por otra parte, está el dinero público -nacional y europeo- invertido durante bastante tiempo en desarrollo rural. Ahora qué pretenden nuestros políticos ¿venderlos de tapadillo? ¿alquilarlos a precio de saldo? O, es simplemente, un pelotazo más. Porque no sé si en las administraciones de Castilla-La Mancha y Valencia se han parado a pensar la cantidad de fondos comunitarios que se podrían perder con este tipo de actuaciones y con una política agraria común que prima lo rural, lo ecológico y lo sostenible para los próximos 10 años. Los amantes de la naturaleza, de la biodiversidad, del futuro de nuestras montañas; en definitiva, del futuro de nuestros descendientes, debemos de oponernos con contundencia ante cualquier intento de descatalogación y venta del patrimonio de nuestros montes públicos.
