Cuando los responsables políticos de la Comunidad de Madrid publicaron el pasado 29 de diciembre la Ley 7 / 2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013, así como la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, no debieron imaginar el revuelo social y mediático que llegarían a provocarÉ o puede que sí.
Los defensores de las distintas formas de privatización y de implementación de medidas de derecho privado en la sanidad pública (ahora lo llaman "privatización formal") debieron calibrar mejor que, la sociedad civil, cada vez más organizada, responsable y aguerrida, respondería también organizándose y ganando, de momento, la batalla de la opinión pública.
Asociaciones de defensa de la sanidad pública y una gran masa de ciudadanos, ven con preocupación cómo las "externalizaciones" en la Sanidad han venido acompañadas de copagos por recetas, ambulancias financiadas por enfermos, expulsión de inmigrantes sin papeles de la asistencia sanitaria básica, excepto si pagan, eliminación de la cobertura de la Seguridad Social de un número muy considerable de medicamentos, o cierre de centros de salud en poblaciones de Castilla-La Mancha por falta de pacientes.
Uno de los argumentos más habituales es que la gestión privada es más eficiente basándose en costes y en flexibilidad y productividad laboral. Es una falacia puesto que la gestión privada de la Sanidad aún no ha demostrado ser más eficaz que la pública ni viceversa, en términos de eficiencia, sobre todo asistencial. Ni siquiera uno de los informes más nombrados, el informe del IASIST, se atreve a ser rotundo en este sentido, sobre todo si se trata de hospitales de gran capacidad.
Nuestro Sistema Nacional de Salud está asentado, en dos principios básicos: la solidaridad y la universalidad. Y gracias a estos dos principios hemos creado uno de los mejores sistemas de salud de todo el mundo, a brazo partido con el de Canadá (por cierto, público) y casi por encima del británico, que ha visto bajar su calidad asistencial desde que se aplican criterios de gestión privada. Y si no vean en la noticia del día 7 de febrero de 2013 en El País sobre las consecuencias que está teniendo la gestión privada en hospitales públicos británicos.
La solidaridad es un activo intangible que los partidarios de la privatización parecen no valorar. Se manifiesta en los ciudadanos que defienden la idea de que cada uno se pague un seguro médico privado o público, a su libre elección. Seguramente estos ciudadanos no hayan caído en la cuenta de que vivir en sociedad significa poner nuestro importante grano de arena para que otros miembros de la sociedad puedan beneficiarse, no vaya a ser que un día las tornas cambien y quien necesite la solidaridad seamos nosotros. Y, por lo que se refiere a la universalidad, queda en entredicho a partir de que los inmigrantes indocumentados pagan por la asistencia sanitariaÉ pública, incluso en urgencias.
Dicen los expertos en este tema que las medidas privatizadoras de la Sanidad serán eficaces (que no eficientes), si se dan, al menos, los siguientes condicionantes:
Primero, debe haber un sólido sistema de garantías que permita fiscalizar social y humanamente, la gestión de las concesionarias por parte de la Administración. Pero nuestro sistema de garantías aún es muy reducido y no se ha desarrollado lo suficiente. Los sistemas de control tienen deficiencias como para no poder confiar, todavía, en ellos. A este problema estructural se une la consabida connivencia y proximidad, en muchos casos, de los responsables de las concesionarias y funcionarios públicos con el regulador. El Derecho privado y el laboral tienen la ventaja indiscutible de la flexibilidad, en todos los sentidos. Pero también es cierto que son derechos menos garantistas que el derecho administrativo. Y cuando no hay garantías o estas son débiles, todos sabemos lo que ocurre: aparece la impunidad y la corrupción.
Segundo, debe haber una verdadera competencia entre concesionarias que permita elegir la mejor opción. Un "mercado" que no tienda a la creación de oligopolios como ha ocurrido en sectores económicos como el de la energía eléctrica o la distribución de carburantes. Si tenemos en cuenta que la desregulación lleva, por naturaleza del mercado, hacia la especulación en lugar de a la autoregulación, como hemos visto en esta crisis mundial financiera, y que las concesionarias que aspiran a este nuevo "mercado emergente" son grandes empresas, cuando no multinacionales, sería lógico sospechar que el "mercado de la salud" pueda quedar en manos de unas pocas empresas que acaben fusionándose entre ellas para ser más competitivas.
Y tercero, que las concesionarias participen de los beneficios de la prestación eficiente del servicio pero también de los riesgos que conlleva. Si el negocio sale mal deben cargar con los costes. No vaya a ser que luego tengamos que ir a rescatarlos con dinero públicoÉ ¿Les suena? Imagínense un hospital público cualquiera que se declare en concurso de acreedoresÉ ¿Quién responderá y con qué bienes?
Por tanto, sin saber a ciencia cierta que la gestión privada sea más eficiente que la pública; sabiendo que, si se diera, sería a nivel de costes y flexibilidad laboral, y no de eficiencia social y sanitaria; y sin un sistema de garantías administrativo y del mercado como debe tener cualquier sociedad democrática, me van a perdonar pero, de momento, más privatización, no.
