La Comunidad de Madrid vive la protesta más sonada de los últimos tiempos contra un proceso irreversible de privatización de la Sanidad Pública. Aunque mucho es lo que se ha escrito y dicho, debemos repasar los puntos más importantes y resumir la gravedad del tema en unas cuantas líneas. Conviene desenmascarar falacias de pensamiento único como el más extendido: "La Sanidad tiene que ser peor porque hay crisis y no hay dinero para sostenerla". La respuesta es que España es el país de la UE que menos invierte en Sanidad, en concreto un 8% de su PIB. Si es el país que menos invierte y tenemos un sistema de salud que es referente internacional, es para pensar que no es tan mal negocio y se desmontan muchos argumentos que economistas y políticos conservadores y liberales defienden.

El pasado 27 de diciembre, la Asamblea de Madrid aprobó ceder 6 hospitales y 27 centros de salud de la red sanitaria pública a empresas privadas. El motivo era ahorrar 200 millones de euros al año. En esa misma sesión se aprobaron reducciones fiscales al juego por valor de 1.800 millones de euros -la sombra de Eurovegas es alargada-, ¿de verdad se sostiene el argumento de los recortes? Si hay despilfarro, debe corregirse pero generalizar el despilfarro no hace más que deteriorar el concepto de servicio público. No hay estudios que demuestren con fiabilidad que el sector público sea más ineficiente que el privado o que tenga más despilfarro. Los recortes en Sanidad, aludiendo constantemente al déficit generado, no pretenden más que dar una "mala imagen" de los profesionales, de su profesionalidad, generando una mayor demanda de la sanidad privada. ¿Se han dado cuenta cómo proliferan últimamente en TV y otros medios anuncios de compañías de medicina privada?

Lo que ha sucedido en Madrid, con el descontento y la oposición de la mayoría de los profesionales de la Sanidad, demuestra la obcecación de un Gobierno que parece obedecer a intereses de las grandes empresas del sector, una vez que, tras la privatización del sector salen a la luz los nombres de las empresas subcontratadas. Pero el modelo madrileño copia en cierta medida el valenciano y a partir de ahora el valenciano seguirá los pasos del madrileño. Hace unos días escuchábamos al conseller de Sanitat de la CV en la radio hablar de incentivos de calidad para el personal sanitario alegando que "el sanitario que sea capaz de contribuir más a sostener un sistema de calidad como el que tenemos, será premiado". ¿Cuál es y en qué consiste el premio? ¿Se trata de una cantidad de dinero al médico? Por otra parte esta medida ya se practica en algunos hospitales de la CV, concretamente en el hospital de Torrevieja. ¿Un premio a costa de reducir los servicios y la calidad -número de pruebas- al paciente? ¿Acaso se pretende insinuar que un personal sanitario que ha perdido un 30% de su sueldo más la paga extra hace mal su trabajo? ¿Dónde deja el político la ética, la profesionalidad, el código deontológico del médico? ¿No supone esta afirmación una falta de respeto y emite juicios de valor negativos de manera generalizada?

Uno de los argumentos más esgrimidos es que la gestión privada es más eficaz y satisface más al paciente. Se trata de otra falacia perversa. Los hospitales privatizados no dan un mejor servicio al paciente, ofrecen un continente más bonito, una habitación por paciente pero cuando un enfermo padece una enfermedad grave, rara, o requiere pruebas costosas y complejas lo desvían a la pública. El hospital de Torrevieja por ejemplo, copia del modelo Alzira, es uno de los que más quejas ha tenido por parte de los pacientes, de algunas se hizo eco la prensa en su día, a lo que hay que sumar la rumorología popular. Otra pregunta que deberíamos hacer en referencia a este hospital es si cobran todos los médicos lo mismo y si todos gozan del mismo reconocido prestigio. No olvidemos que el modelo de privatización implica que el sistema de contratación del personal sanitario corre a cargo de la empresa adjudicataria que es quien exige dividendos. Todo esto, cuando hablamos de salud, de personas, de enfermedades,É son temas de mucho calado que, difícilmente casan con el concepto de negocio rentable.

Porque la calidad de un hospital público -sin afán de lucro- es mayor y mejor que en uno con afán de lucro. Está demostrado que el bien más preciado de la red sanitaria pública es su personal: el nivel de atención, preparación, profesionalidad es absolutamente envidiable. He visto a enfermeras y médicos en el Hospital de San Juan con un nivel de inglés que ya lo quisiera ver y oír en nuestros políticos, consejeros,É y el desprestigio y la constante duda de dejadez al que están sometidos obedece a un comportamiento interesado e injusto. El control del gasto público se puede hacer desde una gestión pública y la falta de trasparencia en el proceso de privatización así como la presencia mayoritaria de Capio que está asumiendo muchas de las privatizaciones levanta dudas y recelos. Se están desvelando demasiados intereses privados, demasiada connivencia entre empresas sanitarias y políticos. Dos apuntes para terminar, uno en Madrid y otro en Valencia. La AECC es contratada desde hace años por la Comunidad de Madrid para la cita anual de mamografías; a partir del 2013 la Junta Nacional ha decidido que Capio suministre los mamógrafos por un módico precio de 7 millones de euros cuando el precio de mercado ronda los dos millones. La decisión ha llevado a la dimisión en bloque de los miembros de la Junta de Madrid de la AECC. Recientemente hemos leído que Capio Sanidad quiere comprar Ribera Salud, la empresa que gestiona los hospitales de gestión privada de la CV. Si la operación se culmina y Capio se convierte en la empresa omnipresente que gestiona buena parte de la Sanidad en este país, ¿qué espacio quedará para hacer política sanitaria? ¿En qué lugar quedarán los pacientes, reducidos a productos más o menos rentables?