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La salud mental se desmantela en Alicante

 07:11  

Antonia Molina Habas (*) Ante las graves insuficiencias en el ámbito de los servicios públicos de salud mental comunitarios, las Asociaciones de familiares y personas que padecen enfermedad mental comenzaron hace años a asumir la prestación de determinados programas, fundamentalmente en el ámbito de la rehabilitación psicosocial. En aquellos momentos se valoró que, ante la negativa de la Administración a crear servicios públicos, era mejor que fueran llevados a delante por una organización sin ánimo de lucro a que fueran llevados por una empresa privada.
En Alacant, ha sido AFEMA quien durante estos últimos 20 años ha desarrollado esta labor, asumiendo distintos programas de inserción laboral, atención domiciliaria así como gestionando el CRIS/Centro de Día y las dos únicas viviendas supervisadas existentes. Estos programas han sido financiados de forma variable por ayuntamientos, Conselleria de Sanidad y Conselleria de Bienestar Social, hasta el momento actual en el que los brutales recortes han conducido a la asociación a un estado de precariedad y a estar sometida al ahogo económico de la Administración. En este momento se le adeudan más de 500.000 euros y sus trabajadores llevan 5 meses sin percibir sus salarios, manteniendo a pesar de ello, su atención a los usuarios de los servicios y sus familias.
Como Plataforma por la Defensa y Mejora de los Servicios Públicos de Salud Mental, no podemos quedarnos tan solo en la reclamación de los impagos a la Administración por parte de AFEMA, debemos tomar en consideración las consecuencias que para la calidad de los servicios en la comarca de L´Alacantí puede tener la privatización de los mismos y la pérdida de unos profesionales formados y con experiencia.
Si bien es cierto que para nuestra plataforma, los servicios de salud mental y su provisión tendrían que ser públicos en su totalidad (así como depender de la Conselleria de Sanidad), en ausencia de ello, no es lo mismo quien presta el servicio. Si pensamos en empresas privadas, como las que ya gestionan recursos de salud mental "cuasi manicomiales", su planificación se realizará en función de maximizar el beneficio de los propietarios y accionistas. En el caso de AFEMA, las familias y los trabajadores, han tratado estos años de cubrir estas necesidades y los resultados han sido positivos. Se ha realizado un trabajo serio, coordinado con los equipos de los centros de salud mental comunitarios, con los recursos hospitalarios y los servicios sociales, con un resultado óptimo en su atención comunitaria y de calidad en los mismos. La desaparición de estos servicios, supone un retroceso en la atención.
Un aspecto realmente grave de toda esta situación es que no hemos escuchado ni una sola palabra de los responsables de salud mental. El impago a los trabajadores de AFEMA, el cierre de las viviendas tuteladas, la desaparición de programas como el programa de atención integral o el servicio de inserción laboral no está dentro de sus prioridades. Sin embargo, estos programas de AFEMA son los únicos servicios de apoyo comunitario que quedan en L'Alacantí, ya que el resto han sido desmantelados. Lo que los "responsables" están priorizando es la incapacitación de las personas con enfermedad mental grave que tienen dificultades para vivir en la comunidad por la ausencia de apoyo. La alternativa es su exclusión en centros residenciales de larga estancia.
La estrategia de los responsables de la Administración, con la política de subvenciones, es conseguir que las asociaciones se agoten, pierdan su capacidad reivindicativa, y ahora esperar su desaparición. Están creando conscientemente un sistema de salud mental inhumano basado en la exclusión.
Como Plataforma por la Defensa y Mejora de los Servicios Públicos de Salud Mental, denunciamos la falta de interés por parte de la Administración en mantener unos servicios de calidad como los que ofrece AFEMA, denunciamos que el impago a sus trabajadores está provocando situaciones de precariedad injustas. Esta situación es consecuencia de la mala gestión de los presupuestos de la Generalitat, donde la salud mental sigue estando a la cola. La Administración prioriza el pago de los intereses de una deuda ilegítima originada en el rescate a los bancos a costa del abandono de la financiación de servicios básicos para atender las necesidades de las personas con problemas de salud mental.
Los responsables políticos de estas medidas deberían ser cesados y sus actuaciones, auditadas.
(*) Firma también este artículo Begoña Beviá Febrer.

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