Voy a cometer una imprudencia, algo que un abogado -ni en su ejercicio ni fuera de él- jamás debe hacer: pronunciarse en un tema sobre el cual no tenga toda la información posible, sobre un asunto del que conozca sentencias, argumentos de las partes, dictámenes técnicos y cualquier otro aspecto que contribuya a un saber exhaustivo y profundo del asunto.

No obstante -por la tormenta mediática, con razón- que se ha montado sobre este episodio, es preciso hacer algunas reflexiones porque ya es mucho lo que sabemos a través de todos los medios.

Vamos a aclararnos en lo que sabemos y podemos dar como probado: un señor, llamado Carromero, que es un líder juvenil del PP, que es asesor de algo en un distrito madrileño, que es amigo de altos cargos populares (solo hay que ver cómo ha corrido la señora Aguirre para ir a verlo a la cárcel de Segovia), se va a Cuba. Nada que objetar aunque -de lo publicado en los medios- no queda claro si fue en viaje de placer, en viaje de partido, para formarse, para hacer propaganda o proselitismo o para colaborar de alguna forma con movimientos políticos cubanos. Hasta aquí todo perfecto porque entra en el campo de las actividades lúdicas, recreativas, formativas o políticas a las que todo ciudadano tiene derecho. En los foros y en los comentarios que ahora se hacen a toda noticia, la gente se pregunta ¿quién pagó ese viaje? No he visto contestaciones pero tampoco las preguntas anónimas me preocupan mucho.

Está el señor Carromero en tierras cubanas y tiene lugar el problemón. Conduce un coche con dos personas detrás que, para enredar aún más el asunto, son destacados miembros de la disidencia anticastrista. Tiene un accidente importante y los dos cubanos resultan muertos. Esto está claro, pero ya no está tan claro si el accidente ha tenido lugar por el mal estado de la carretera, si el señor Carromero conducía imprudentemente, si conducía sin carnet por haber perdido todos los puntos en España. Y ahí se desatan todas las tormentas. Hay un proceso en Cuba pero doña Esperanza mezcla churras con merinas, lía la velocidad con el tocino y en lo que es un procedimiento común donde los haya, de un accidente de circulación con el resultado de dos personas muertas -algo que puede ser delito en Cuba, en España, en Japón y en Ruanda- doña Esperanza enreda a la dictadura comunista y, si nos descuidamos, hasta al complot judeomasónico y al contubernio de Munich.

Hay un accidente de tráfico con dos muertos, hay un juicio y hay una condena -reitero mi atrevimiento rayano en la imprudencia por no tener leído y releído el testimonio de sentencia en el que constarán los hechos que se demuestran probados-.

Hay un español -miembro del PP, asesor del ayuntamiento de Madrid lo que parece que ha acelerado de manera inusual su traslado a España- que tiene una responsabilidad penal pendiente de cumplimiento como otros miles de españoles que están en cárceles extranjeras y para los que no se actúa con igual rapidez, que padecen el olvido estatal y penan a diario en medios precarios, insalubres y miserables. ¿Tenemos varias varas de medir en este terreno?

Aterriza el señor Carromero en Madrid y es trasladado a Segovia. Se desplaza rauda doña Esperanza a visitarlo en la cárcel y, a su salida -la de Esperanza, no aún la de Carromero- tras abominar de los tratos dictatoriales comunistas -quiero leer esa sentencia, por favor- casi da por hecha su inmediata clasificación en tercer grado. No es un delincuente y tiene trabajo porque no ha perdido su puesto de asesor en el ayuntamiento madrileño, proclama doña Esperanza con luz y taquígrafos.

Mi trabajo como letrada -algún caso he visto en primera persona de derecho penitenciario- hace que me asombre mucho más con esto que con todo lo anterior. Ya no entro en la velocidad para ejecutar los convenios internacionales para cumplimiento en el propio país por un delito y una sentencia producidos en el extranjero, pero sí entro en la celeridad de la clasificación. La enorme carga de trabajo de los equipos penitenciarios hacen que sea muy difícil una clasificación antes de dos o tres meses -lógico porque hay que estudiar al condenado-. También es raro que, a un señor que no tiene la cuarta parte cumplida -tengo entendido que son cuatro años de condena y el delito tuvo lugar este verano, pido disculpas de antemano si mi imprudencia me hace precipitarme- se le proponga un tercer grado de entrada, recién llegado a la cárcel por muy cubana que sea su sentencia.

Me asombra esta rapidez aunque aún nada de esto ha tenido lugar, solo noticias periodísticas, y cuando escribo esto oigo en un telediario que ese grado tendrá que esperar porque con las fiestas no ha llegado la liquidación de la audiencia nacional.

Me asombra y me hace sospechar. ¿Tenemos una justicia de dos velocidades? ¿Mete la directa cuando hay enchufe popular y se atasca cuando se trata de un delincuente de la tafalera de Elda, los palmerales de Elche o el barrio del Carmen alicantino? Una justicia con distintas varas de medir y distintas velocidades es radicalmente injusta. ¿Será verdad el refrán de que quien no tiene padrino no se bautiza?