Resulta tristemente lamentable el ver cómo desde el Gobierno se quiere ocultar la cruda realidad de los innumerables desahucios, de primera y única vivienda, que se están llevando a cabo. Desde el Ejecutivo de Rajoy y más concretamente desde el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Economía y Competitividad, se ha entrado en una guerra de cifras de parecidas características a las que se producen cuando se celebran manifestaciones en la calle.

Desde dicha Subsecretaría se daba cuenta a través de los medios de comunicación de que durante los cuatro últimos años el número de desahucios era del orden de entre 4.000 y 15.000. La cosa ya comienza a ser dudosa cuando se dan cifras tan dispares y tan alejadas unas de otras, con lo cual es evidente que no se pueden dar por buenas y que lo que se pretende desde la Administración central es difuminar lo que hoy en día es una tragedia para centenares de miles de familias. Estos datos chocan frontalmente con la información dada por eleconomista.es el pasado 30 de octubre que recogiendo informes dados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE) cifraba los desahucios de viviendas en 168.534 de junio de 2009 hasta junio del presente año, el 58,2% de un total de 289.589 procesos de ejecución presupuestaria iniciados por los tribunales en el mismo periodo. En el pasado mes de junio los procedimientos de desalojo alcanzaron su máximo de los últimos tres años cuando se procedió al levantamiento de 18.668 inmuebles, lo que ya de por sí supera a esos supuestos 15.000 desahucios en cuatro años que señala como máximo la Subsecretaría de Economía y Competitividad.

Estas ridículas cantidades, entre 4.000 y 15.000 que indica la Subsecretaría nos dan la medida del poco interés que el Gobierno tiene por solucionar un gravísimo problema que puede afectar a millones de familias de seguir las cosas como están, que seguirán desgraciadamente. La única solución es modificar la Ley Hipotecaria, que no servirá de nada si no se crea empleo y por ese lado el Gobierno no está haciendo nada, y se instituye la dación en pago para que los afectados puedan partir de cero y reiniciar su vida. Por parte de algunos ayuntamientos se está tomando la iniciativa de habilitar algunas viviendas para estos desahuciados y el Gobierno de Madrid ha cedido 1.000 pisos a Cáritas, para ser alquilados a estas familias desahuciadas que pagarán una media de 200 euros de alquiler. El Instituto de la Vivienda de Madrid dispone de 23.000 pisos, por lo que esos 1.000 son algo así como el chocolate del loro. Estas medidas son cara a la galería y muy posiblemente para acallar la conciencia de los gobernantes y las críticas de la opinión pública. Una pantomima que no solucionada ni una ínfima parte del problema. En el acuerdo de cesión figura el que Cáritas se tendrá que hacer cargo de las obras de acondicionamiento necesarias para que las viviendas vuelvan a ser habitables. Ahora solo falta saber si Cáritas contará con medios económicos suficientes para acometer tales obras. Estas viviendas fueron utilizadas por okupas y por familias que no pagaron sus cuotas de alquiler o de compra, por lo que se echa a unos para meter a otros. La pescadilla que se muerde la cola. Ahora nos sale el ministro de Economía corrigiendo cifras dadas como consecuencia del Decreto-Ley sobre desahucios y cuando en un principio dijo que serían más de 600.000 hipotecados los beneficiados por esta norma ahora resulta que van a ser solamente 120.000, o sea que en esto, como en todo, este Gobierno está dando palos de ciego. La confusión es la nota predominante en el Ejecutivo que comanda Mariano Rajoy.

Está claro que el Gobierno o no tiene ni idea de lo que verdaderamente está sucediendo, o está mirando para otro lado o no tiene el menor interés por dar soluciones tendentes a evitar estas trágicas situaciones en que se ven envueltas centenares de miles de familias. Lo demuestra el hecho de que han entrado en una guerra de cifras que va a retrasar, aún más, la solución a una situación insostenible. Con este tipo de cosas no se juega.