Gallardón, el ministro perdido

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José María Asencio Mellado Es difícil, por no decir casi imposible, lograr una unanimidad tan absoluta frente a un ministro como ha conseguido Gallardón en pocos meses. Todas las asociaciones de jueces, fiscales, los abogados, procuradores y el resto de quienes trabajan en o para la Administración de Justicia, se oponen a las reformas anunciadas, a los proyectos en curso tendentes a ahorrar en unos tribunales ya muy castigados por falta de medios o a las leyes aprobadas como la de tasas que coartan el derecho constitucional a la obtención de una tutela judicial efectiva. Y mucho me temo que esta opinión generalizada se extienda a otros proyectos inmediatos y necesarios, como el de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sufrirá la pérdida de imagen del ministro, por mucha calidad que tenga el borrador que se presente.
Tanta torpeza y falta de criterio es manifiesta, como la incapacidad de dirigir un Ministerio importante que no se gestiona desde la genialidad -otro Zapatero-, o la improvisación y que nunca, en época de crisis, debería sufrir las consecuencias de la falta de recursos, ya que, en estos momentos es cuando más aumenta la conflictividad, los litigios y los ciudadanos deben cuanto menos encontrar apoyo y respaldo en los tribunales. La indefensión, cuando todo alrededor es favorable al abuso de las grandes empresas, de los bancos o del Estado, es tan patente que aumentar los efectos de las agresiones y privar de protección a los más desvalidos, constituye una doble sanción. La de quien impone su soberbia y la del Estado que la permite y tolera.
No es el momento de ahorrar en Justicia, sino de fortalecerla. No es el momento de parir ideas que la empobrezcan aún más, sino de mantener lo que existe reforzando la seguridad jurídica. No es el momento de zaherir a los jueces, sino de dotarlos de mayor legitimidad social. No es digno hacerlos aparecer como responsables de lo que no lo son.
No convocar oposiciones a juez o limitarlas a cincuenta al año es esperpéntico. España tiene unos cinco mil jueces y cuarenta y cinco millones de habitantes. Alemania, noventa millones y veinte mil jueces. La desproporción es tan notoria, como manifiesta es la falta de magistrados, la sobrecarga de trabajo a la que están sometidos, la dilación injustificada de los procedimientos, la escasa atención que muchas veces se les prestan solo amortiguada por la enorme profesionalidad de los jueces españoles. Se convocan menos plazas que magistrados se jubilan y, a la vez, se prohíben los sustitutos y suplentes. El resultado que se espera es desalentador: atrasos e indefensión social. Supriman varios miles de asesores inútiles e inviertan ese dinero en Justicia.
Pero, la solución buscada es exactamente la contraria de la debida constitucionalmente. La idea de Gallardón es reducir la litigiosidad mediante el establecimiento de tasas, de obstáculos a quien quiera recurrir a la Justicia, a los que no pueden pagarla. Una Justicia solo accesible a unos pocos. Ese es el decepcionante modelo de Gallardón.
Podría haberse limitado a aplicar el programa de su partido, el cual, aunque no gustara a muchos, al menos contaría con la legitimidad de haber ganado unas elecciones. Pero, el ministro, lo ha ignorado absolutamente y en su lugar ha dispuesto una batería de medidas que van en la dirección contraria, fruto de la improvisación, de un espíritu ahorrador que, cuando se trata del Poder Judicial y se traduce en cuantías poco relevantes, no pasan de ser medidas de imagen o ganas de provocar y tensionar innecesariamente. O, simplemente, de crear una Justicia de élite.
Tenía soluciones de ahorro realistas, como evitar el ridículo de una decena de administraciones de Justicia fraccionadas por el sistema autonómico que, por ejemplo, ha degenerado en la existencia de ocho sistemas informáticos incompatibles entre sí. No hay manera de comunicarse electrónicamente entre comunidades autónomas. Pero, eso, que significa muchos millones al año, al ministro y sus asesores de imagen no le interesa. Mejor que todos paguemos el dislate de los Mas y compañía.
Tampoco existe una central de compras estatal y cada Comunidad va a lo suyo con diferencias notables entre ellas. Unos pagan más y otros menos por lo mismo. Absurdo o llamativo.
Hace falta un ministro riguroso, pero a la vez sereno, dialogante y con las ideas claras de por dónde hay que ir en momentos de crisis, teniendo siempre presente que la Justicia es el último recurso al que tienen que acudir los ciudadanos desahuciados, despedidos, ancianos, enfermos, estafados. Es el último recurso ante la grave desprotección social que las crisis generan y que fortalecen a unos mientras que desamparan a la mayoría. Sólo con un Poder Judicial fuerte se puede evitar la desigualdad y la impunidad de los poderosos. Privar a los que padecen la crisis de la protección de los tribunales es multiplicar los efectos de la situación. Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad lo sabe, salvo que lo que se pretenda es lo contrario. La alternativa, que no lo olvide el ministro, cuando la respuesta no se encauza adecuadamente es siempre la conflictividad.

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