Todo el mundo coincide en que, a estas alturas, la Generalitat Valenciana se encuentra en una situación de insolvencia técnica, ética y política, y que ha creado un escenario de inseguridad jurídica para sus empleados, proveedores, administraciones públicas dependientes de su financiación o servicios públicos en general. Trabajadores, empresarios, farmacias, universidades, personas con discapacitados, jóvenes y, cómo no, parados se ven afectados por este colapso político y económico.

El proyecto de presupuestos que ha presentado el Consell del presidente Fabra no reconoce esta situación y, por lo tanto, no afronta la realidad ni representa un punto de inflexión para frenar la caída en picado de los ingresos de los que depende cualquier política de reactivación económica y de creación de empleo. Al contrario, profundizan en el desastre.

La implicación del Consell en graves casos de corrupción y la quiebra general de su estrategia económica (ladrillo y grandes eventos) ha generado una dinámica de parálisis política, ha propiciado inestabilidad social y económica y por lo tanto una crisis de confianza respecto a la administración valenciana que ha afectado negativamente a nuestra capacidad de salida de esta crisis. Además, las herramientas democráticas y de transparencia de los gestores y de la gestión de la cosa pública han sido atacadas sistemáticamente por el propio Gobierno del PPCV.

Y la única respuesta ha sido la supeditación a las imposiciones de la Troika y del Gobierno central de turno con la política de austericidio y, a la vez, del pago de la deuda por delante de las políticas sociales, fijado mediante el pacto bipartidista del PP-PSOE en la Constitución española, que ha ido ligado a la asunción de deuda privada de entidades financieras como deuda pública. Así que nos encontramos ante una suma de condicionantes que han convertido esta crisis en una estafa para el conjunto de la sociedad.

Los presupuestos para 2013, de hecho, son el reflejo de estas erráticas decisiones: poner por delante los intereses de la banca al de las personas, parálisis del Consell en políticas de creación de empleo e inversión pública, y austericidio como eje troncal de las líneas presupuestarias.

Esta política está destruyendo ocupación, desmantela servicios públicos, deteriora el medio ambiente, lleva a la ruina especialmente a las empresas pequeñas del comercio, de la industria y de la agricultura, y al futuro de los jóvenes que para encontrar trabajo tienen que salir de nuestras fronteras.

Desde hace unos años, la deuda pública de la Generalitat ha superado largamente los presupuestos anuales, pero no ha servido para mejorar los servicios públicos ni generar políticas de estímulo económico y creación de ocupación. Es por eso que la solución pasa por un ejercicio de desobediencia, ir a una moratoria en el pago de esta deuda hasta que se delimiten las responsabilidades, que en muchos casos serán judiciales, de los que han arruinado nuestras cuentas públicas y los que desde la Administración han ordenado obras o gastos sin ningún fundamento económico razonable.

Desde nuestra posición consideramos que es precisamente esta concepción política, la del austericidio y el pago obligatorio prioritario de la deuda, la que impide que nuestra economía entre en una trayectoria de activación y sostenibilidad, pues la política de austeridad que nos imponen los dirigentes españoles y europeos paraliza nuestra economía y los recortes nos sumen en una profunda depresión social y económica.

La prioridad tiene que ser rescatar a las personas, impulsar los sectores productivos, apostar por los nuevos yacimientos de ocupación derivados de la economía verde y la economía social, permitiendo generar puestos de trabajo y dar salida a la desesperación de miles de familias y pymes que ven cómo sus aspiraciones se hunden y dan lugar a dramas que no tenemos que permitir.

Si a toda esta serie de despropósitos, que vienen de la mano del acatamiento sumiso de la Generalitat a las políticas neoliberales impuestas por Europa y por Rajoy, sumadas a la demostrada nefasta y malgastadora gestión del PPCV de los recursos públicos, le añadimos lo que supone la marginación de nuestro territorio en los Presupuestos Generales del Estado y la negativa a revisar el injusto modelo de financiación, podemos concluir con facilidad que con el presupuesto de 2013 y la continuidad de las políticas actuales, no habrá salida de la crisis y que se profundizará en las desigualdades y los dramas sociales.