Días atrás la prensa se hacía eco de una manifestación de unos tres mil boticarios reclamando a la Generalitat una deuda de 500 millones de euros, y que ha devenido en un paro indefinido. Precisamente, compartiendo la misma hoja, se insertaba otra noticia, que calificamos de indecente e insolidaria, dando a conocer que la dirección del PP en Les Corts se reparte sobresueldos de hasta 2.500 euros mensuales, derivándose de ello el que tanto el síndico como los dos vice-portavoces, ¿para qué más de uno?, obtengan unos ingresos superiores a los del President, cuya dedicación y responsabilidad son infinitamente superiores a los de aquellos. Cuando resulta que cerca de 44.000 familias de la provincia no cuentan con ningún ingreso para vivir, los que presumen descaradamente de ser "la nostra veu", se inventan cargos innecesarios para aumentar sus ya considerables haberes, dando motivos más que suficientes para causar indignación entre la ciudadanía.

A raíz de ser apartados de la dirección del grupo popular cinco diputados, al estar imputados por distintas causas, nos enteramos de las prebendas que dejarán de percibir relativas al coche oficial, asesores y entre 200 y 500 euros mensuales con cargo a la subvención que se recibe de la Cámara, ¿por qué no se reduce drásticamente la misma para evitar la percepción de sobresueldos?, ¿por qué el importe de aquella no se destina a satisfacer la deuda de alguno de los múltiples proveedores?

¿Cómo se atreve a decir el anterior portavoz en funciones, del PP, que los diputados valencianos están mal pagados, contando además con tres meses de vacaciones y percibiendo, no obstante, catorce pagas anuales, incluso ejerciendo sus cargos sin dedicación exclusiva? Algunos de ellos se desprenden fácilmente de la misma, lo que les permite seguir ejerciendo sus profesiones, abonando la ridícula cantidad de 365 euros al mes, lo que hemos venido denunciando desde hace años puesto que ello conlleva, lisa y llanamente, incentivar el pluriempleo, lo que resulta escandaloso en estos tiempos en los que se ha llegado a la insostenible situación en la que uno de cada cuatro trabajadores se encuentra en paro. Lo que se evitaría quintuplicando aquel importe o determinándose que los parlamentarios sin exclusiva sólo perciban determinadas cantidades por asistencia a comisiones y sesiones. ¿No hay voluntad política para adoptar tan sencillas como lógicas medidas?

En la aludida manifestación de farmacéuticos podía verse una pancarta que decía "no conozco ningún político que esté seis meses sin cobrar", como les ocurre a ellos y a un sinfín de colectivos como el afectado por la Ley de Dependencia que no admite dilación alguna, dándose numerosos casos de dependientes que fallecen mientras esperan la ayuda. O el colectivo de abogados del turno de oficio, que soportan estoicamente los considerables retrasos en las percepciones devengadas, pese a que además de prestar servicios esenciales a quienes no disponen de medios económicos, han de utilizar sus propios vehículos, inevitablemente. Lo que no puede entenderse es el por qué los diputados que ejercen sus cargos sin el complemento de la dedicación exclusiva, o sea que disponen de otros ingresos al seguir ejerciendo sus profesiones, tienen preferencia en sus cobros de la Administración autonómica sobre los múltiples proveedores pendientes de que se les salden sus deudas. Al tener otra fuente de ingresos, al practicar el pluriempleo, sus sueldos no pueden calificarse como gastos preferentes, por lo que lo procedente sería considerarlos como unos acreedores más, en lista de espera, como tantísimos colectivos que atienden necesidades básicas, y proveedores.

Ante tanto desbarajuste, el PSPV ha presentado una propuesta pidiendo una regulación más exhaustiva de los complementos y a los fines de que ningún diputado cobre más que el Jefe del Ejecutivo. En ella se dice que "no es de recibo que algunos de ellos por el mero hecho de renunciar a 365 euros puedan compatibilizar el ejercicio de una actividad privada con el sueldo, casi en su totalidad". Sin olvidarnos de que disponen de un comedor subvencionado, siendo sus usuarios los terceros que más barato comen de entre todos los de las cámaras autonómicas. ¿Por qué el importe de aquella no se destina a los comedores sociales de Cáritas? Además perciben indemnizaciones por kilometraje por haber sido elegidos por otras provincias aunque no residan, de facto, en las mismas.

Por lo que calificamos de improcedentes e insolidarias las declaraciones del anterior síndic del PP, en funciones, tras exponer algunas de las tantísimas como inmerecidas prebendas de que disfrutan los parlamentarios, ya que, además, los cinco componentes de la Mesa, tres del PP y dos del PSOE, gozan de unos haberes superiores a los del Molt Honorable y a los de los consellers que muestran su indignación por ello, al realizar cometidos de mucha más responsabilidad y con una dedicación muy superior. ¿Por qué no se reforma el reglamento para integrar en la misma a un representante de los grupos minoritarios a los fines de evitar que los mayoritarios se repartan casi todo el botín?

Con similar argumentación rechazamos los desorbitados haberes de que gozan, incomprensiblemente, los diputados provinciales, algunos de aquellos muy por encima de los atribuidos a quienes conforman el Ejecutivo autonómico, pese a la promesa de la Presidencia de que seguirían la senda de la austeridad, lo que contrasta con el nombramiento reciente de tres nuevos asesores. ¿Cuándo se pondrá fin a tanto desaguisado? Mientras la Generalitat está en quiebra (se les ha cortado recientemente la luz a varias consellerias) nuestros diputados nadan en la abundancia.