La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad ha elaborado un borrador de la nueva Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación para los próximos 8 años. Este documento supone una ruptura con lo establecido en la Ley de la Ciencia (Ley 14/2011) que indica que el Estado coordinará el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de dos instrumentos diferentes. Una Estrategia (Estrategia Española de Ciencia y Tecnología), debería servir para alcanzar objetivos generales en materia de fomento de la investigación científica y técnica. La otra (Estrategia Española de Innovación), debería ser el marco de referencia que implique a todos los agentes políticos, sociales y aquí también a los económicos, en la consecución del objetivo común de favorecer la innovación y así transformar a la economía española en una economía basada en el conocimiento. La fusión de estas dos estrategias en una tiene implicaciones muy serias en cuanto al valor que se le otorga a la investigación científica y técnica en nuestro país.

La nueva Estrategia pretende no sólo promover cambios profundos en el sistema de ciencia y tecnología, sino también en el educativo, al plantear dirigir la formación de doctores en las universidades públicas de nuestro país. La necesidad del cambio se argumenta en base a una evaluación del éxito de políticas anteriores, que el informe considera que no han conseguido el objetivo previsto a la luz de los indicadores que se revisan. Se destaca en el informe que aunque se han logrado destacables méritos científicos (posición 9 mundial en producción científica) no se han conseguido unos beneficios económicos equiparables (posición 18 en innovación en la Europa de los 27 según el índice IUS). Con este desfase entre investigación e innovación se justifica la adopción de medidas drásticas que pretenden vincular las actividades investigadoras a su rentabilidad económica.

Varias de las medidas propuestas tendrán un efecto muy negativo sobre los niveles de competitividad alcanzados por la ciencia desarrollada en nuestro país. En primer lugar se propone la presencia activa de las empresas en la toma de decisiones sobre los planes de investigación y de formación investigadora, y se adopta una filosofía finalista de la Estrategia de Investigación. Con estas medidas, la investigación pasaría de estar dirigida a mejorar el bienestar social (tecnología y conocimiento), a estar dirigida por el "mercado" y las empresas, buscando la rentabilidad de la financiación de la investigación en el sistema empresarial español. Asumir que el beneficio social se va a alcanzar gracias al beneficio empresarial es, cuanto menos, erróneo en su planteamiento. Si son los intereses empresariales los que dirigen la política científica y la formación de los científicos (por ejemplo, de los programas de doctorado) de nuestro país, primarán esos intereses y repercutirán negativamente en la formación científica de nuestros investigadores y la producción científica en áreas que no tengan interés económico para las empresas representadas en esos órganos de decisión.

Es en los parámetros englobados bajo el denominador "Actividades de Empresa" donde estamos muy por debajo de los países líderes en conseguir patentes y beneficios económicos (innovación). Por ejemplo, en lo que respecta a las inversiones en I+D+i por parte de las empresas, España ocupa la posición 24ª de 27. En el borrador de la nueva estrategia no existe ninguna medida que asegure una mayor inversión por parte de las empresas en investigación ni en formación de investigadores (universidades), pero sí medidas para incentivar la investigación en empresas a través de planes públicos que van a subvencionar en gran parte esa investigación.

Un aspecto de extrema gravedad para la ciencia española es que, en la nueva Estrategia de Ciencia y Tecnología y de Innovación, no aparece ningún incentivo para el desarrollo de la llamada "ciencia básica" (desaparece el programa conocido como "de Promoción General del Conocimiento"), entendiéndose como tal aquella que se realiza con la finalidad de ampliar el conocimiento y la comprensión del universo en todos sus niveles y de los fenómenos que ocurren en él. La consecuencia directa de la aplicación de esta política será la pérdida, por falta de financiación, de los importantes logros que la investigación básica española ha alcanzado en la última década.

No estamos en contra de la investigación aplicada y dirigida a lograr una mayor competitividad (innovación) de nuestras empresas, pero sí de que esto signifique la eliminación de programas de financiación relacionados con la investigación básica y de que sea exclusivamente la rentabilidad económica de las empresas y no la generación de conocimiento, el objetivo de la formación de investigadores. Las universidades españolas deben mantener su función formativa en el conocimiento general asociado a las distintas disciplinas impartidas a sus alumnos, y no convertirse en centros de formación profesional de personal cualificado.

La historia reciente del sistema de investigación en nuestro país muestra que las mejoras progresivas experimentadas han estado estrechamente relacionadas con la cantidad de recursos que se han destinado a financiarlo. El estancamiento y la reducción de esa financiación irremediablemente conducirán a un empeoramiento del sistema. La única manera de seguir progresando en el objetivo de mejorar nuestra posición en ciencia e innovación en el contexto internacional es seguir apostando por su desarrollo con los recursos necesarios para ello. Los países líderes en investigación e innovación son aquellos que más financiación aportan a su sistema. España ocupa el 10º lugar en la Europa de los 27 en porcentaje del PIB destinado a I+D (1,39%), equivalente a menos de la mitad de lo que invierte por ejemplo Alemania (2,9%, datos de 2010). Si queremos parecernos a esos países europeos en su excelencia investigadora e innovadora tenemos que apostar sin reservas por invertir en ello la financiación que requiere. España ha reducido de forma acusada la financiación anual del I+D+i acumulando un descenso del 19 % en los últimos cuatro años. La nueva Estrategia, para tener éxito, lo que debería procurar es destinar los recursos necesarios al sistema investigador y no parchear una distribución de partidas cada vez más escasas.

El documento actual de la nueva Estrategia de la Ciencia y Tecnología y de la Innovación es un borrador, y según el Ministerio de Economía y Competitividad su voluntad con esta fase de divulgación de sus objetivos (que finalizó el día 25 de octubre) es fomentar la adopción de una Estrategia consensuada entre los diferentes agentes, públicos y privados comprometidos en el fomento y desarrollo de la investigación, así como con el desarrollo en innovación de las ciencias y las tecnologías. Como agentes ejecutores en el sistema español de ciencia y tecnología (así nos define la actual Ley de la Ciencia), los firmantes de este escrito, todos investigadores en activo en universidades públicas, y organismos públicos de investigación (OPIs), manifestamos la necesidad de incluir de nuevo los programas de investigación básica en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), y de excluir a las empresas de los equipos responsables del diseño de los planes de investigación públicos y los de formación de investigadores en las universidades públicas españolas. Las mejoras de nuestro sistema dependen de la adopción de políticas tendentes a lograr niveles de inversión en I+D+i estables e independientes de ciclos políticos y económicos. El Consejo Europeo estableció en su estrategia de Lisboa el objetivo de conseguir que se invierta en investigación un 3% del PIB. España no llega ni a la mitad de ese porcentaje. Ése es el objetivo que el gobierno español debería perseguir aumentando la inversión pública.