La política económica del Gobierno del Partido Popular continúa centrada en la reducción del déficit público como condición "imprescindible", según el discurso oficial, para salir de la crisis, reactivar la economía y crear empleo. Los jerifaltes del Gobierno y del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, lo repiten machaconamente en los medios de comunicación como si de una cruzada se tratase. Sin embargo, son incapaces de explicar qué nexo es el que une la reducción del déficit público con el progreso económico. La razón es bien sencilla: tal nexo no existe, como luego veremos. Mientras tanto, desempleados, trabajadores asalariados, jóvenes, personas dependientes, estudiantes, funcionarios, personal sanitario, personal docente, científicos, profesionales de la cultura, pensionistas, inmigrantes o beneficiarios de programas de cooperación internacional en el Tercer Mundo están siendo forzados a pagar una crisis, forjada en el año 2007 en el sector financiero, con la grotesca justificación de que su sacrificio es necesario para superar la crisis. La realidad es justamente la contraria: es precisamente este sacrificio el que puede ahondar más la recesión económica al disminuir la capacidad de consumo de las rentas de la clase trabajadora y de la clase media. La disminución general del nivel de vida de la inmensa mayoría de la ciudadanía y el mimo paralelo con que se trata a la banca debe enmarcarse en la "guerra de clases" unilateral declarada, implícitamente, por la oligarquía financiera nacional e internacional, de la que el Gobierno del Partido Popular es el delegado natural, para obtener el máximo beneficio económico a costa del empobrecimiento general. Esta "guerra de clases" configura el contexto en el que hay que situar las medidas de recorte y ajuste que el Gobierno de Mariano Rajoy viene tomando desde diciembre de 2011.
Nada tienen que ver las restricciones que contemplan los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que afectan a partidas tan sensibles para la ciudadanía y el progreso económico como los fondos de desempleo, la educación, la sanidad, la función pública, los servicios sociales de los ayuntamientos, la cultura, la cooperación al desarrollo, la inversión en infraestructuras o la disminución de las subvenciones a la ciencia, con el combate para salir de la crisis, sino, fundamentalmente, con el empeño gubernamental en obtener los recursos necesarios para pagar los casi 40.000 millones de euros que reclaman los acreedores del Estado (bancos españoles y europeos, sobre todo alemanes) para cubrir los intereses de la deuda pública española que poseen. Frente a este objetivo primordial, la anunciada subida de un 1% de las pensiones no deja de ser un chiste de mal gusto ya que el copago farmacéutico, la subida del IVA y, en consecuencia, del coste de la vida reduce el poder adquisitivo de las mismas.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013, presentados en el Congreso el pasado sábado 29 de septiembre por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, menosprecian, por tanto, las necesidades de la ciudadanía y convierten al Gobierno del Partido Popular en alumno aventajado de una oligarquía financiera eficazmente representada por la llamada troika, formada por el FMI (Fondo Monetario Internacional), la Comisión Europea y el BCE (Banco Central Europeo). En este escenario resulta patético que el Gobierno español se pliegue a los designios del BCE, que se niega a comprar directamente deuda pública al Estado, y pague unos intereses del 6% y del 7% a los acreedores financieros a los que el propio BCE presta dinero con un interés inferior al 1%. Un negocio redondo para las instituciones financieras gracias a la actuación del BCE como un auténtico lobby de la banca, en especial, alemana.
En definitiva, estos presupuestos no son "unos presupuestos de crisis para salir de la crisis", como dijo en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sino la plasmación de una ideología neoliberal que castiga sectores económicos, científicos y culturales, servicios públicos y prestaciones sociales para satisfacer la voracidad económica de una minoría financiera. ¿Para cuándo un gobierno que defienda la soberanía de la democracia española frente a agentes externos, la erradicación de los paraísos fiscales donde guardan sus fortunas multimillonarias más de las 3/4 partes de las empresas que cotizan en bolsa, la lucha eficiente contra el desmesurado fraude fiscal, el establecimiento de un sistema tributario progresivo que grave las rentas del capital en la misma medida que las del trabajo, la eliminación de los privilegios económicos de la Iglesia Católica, la reducción sustancial del gasto militar o la implementación de un salario ético para los políticos y los altos cargos públicos? Hay alternativas para salir de la crisis, pero... no interesan.
