La puesta en marcha del trasvase Júcar-Vinalopó, pese a las mil y una matizaciones que llegan estos días de los tres actores implicados -Consell, Junta Central de Usuarios y Confederación del Júcar -, pone en evidencia lo difícil que resulta ahora a los responsables autonómicos de la política hídrica explicar el porqué de su atroz oposición a que la provincia recibiera los caudales, entonces malditos, del Júcar, durante los siete años que han pasado desde que el PSOE cambiara el proyecto y la toma del agua en julio 2005. Hoy, jueves 20 de septiembre de 2012, Consell y regantes aplauden la apertura del grifo del postrasvase. Canalizaciones por las que va a circular durante los próximos tres meses un caudal formado por retornos de riego de Valencia, y del agua residual depurada de las 42 plantas que vierten al río en la comarca de la Ribera, el mismo que hace unos meses todo el mundo repudiaba en el Vinalopó. O el ministro Arias Cañete es un ser divino con capacidad para transformar agua residual en mineral, o en el acuerdo para vaciar el embalse de San Diego (Villena) hay mucha ingeniería política de partido. A nadie se le puede escapar que chirría que lo que no se pudo solucionar en siete años se haya resuelto en dos meses, tras el acceso, además, a la presidencia del Júcar de María Ángeles Ureña, una de las personas que mejor conoce cómo se gestó un trasvase que, desgraciadamente, dos de sus principales impulsores ya no pueden ver. La opinión de los recordados José Ramón García Antón o Miguel Iborra sería bien diferente a la de los que hoy firman y bendicen el trasvase, seguro.
