Ser profesor hoy en día parece una profesión de riesgo. Si además es interino pues se puede dar usted por servido, por decirlo de una forma más decorosa para no dañar oídos castos. Y es que la Conselleria de Educación ha puesto todo su empeño en hacer la vida imposible a los docentes. No sólo ha echado a dos mil profesores en la provincia, ha aumentado la ratio por aula y ha rebajado el sueldo al personal, como al resto de funcionarios -ya saben que son los culpables de la quiebra de España- sino que el departamento que aún dirige María José Catalá se ha puesto como meta, su inoperancia así lo atestigua, humillar a todo un colectivo antes de que empiece un curso que se prevé calentito. A día de hoy, acudir a la delegación territorial de Alicante se ha convertido en una verdadera pesadilla para unos trabajadores que tienen la responsabilidad de enseñar -qué bonita palabra tan en desuso- a nuestros hijos una serie de conocimientos básicos para su desarrollo intelectual y como personas. Si hasta el FMI, ese embustero organismo cómplice, junto a otros estamentos internacionales, en la asfixia de los países con problemas, ha alertado de la necesidad de invertir en educación y sanidad. Cuánta demagogia y soflama neoliberal; predican una cosa y hacen otra. Mientras unos no paran de lanzar recomendaciones, a quien realmente aprietan las tuercas es a los de siempre, a los mortales, a los que dependen de un salario. Que ahora, en sólo tres días, los profesores interinos tengan que presentar toda la documentación cuando algunos llevan hasta veinte años trabajando para la casa, es todo un ataque alevoso. Con este gesto la Administración autonómica demuestra un elevado porcentaje de mala leche que lo único que consigue es crispar a un colectivo que solamente pretende trabajar. ¿Acaso es un pecado?
