E scribo con urgencia, el domingo por la tarde, al tener noticias de que dos policías locales de Alicante han sido agredidos con gran violencia por un grupo de manteros en la noche del sábado en la Explanada. Uno de ellos se encuentra grave, ingresado en la UCI. La causa de la agresión, que los policías cumplían con su función, la aplicación de la ley que prohíbe la venta de materiales con infracción de las leyes que protegen la propiedad intelectual.

Y no es la primera vez que esto sucede. Hace escasas semanas, veíamos las imágenes grabadas en Madrid en las cuales un grupo incontrolado de personas atentaban contra policías que hacían exactamente lo mismo que los alicantinos, cumplir con su obligación y hacer respetar la ley, la que emana del Parlamento democrático, la que rige nuestras vidas y que a todos nos vincula, españoles y extranjeros.

No deseo bajo ningún concepto que acontecimientos como los del sábado fomenten el racismo o la xenofobia, pero, ciertamente, no contribuyen a eliminar de la sociedad prejuicios tan elementales, porque este comportamiento no es el ordinario en nuestra sociedad influida por valores occidentales y que suele ser respetuosa con la autoridad legal y muy preocupada por la paz social, por el comportamiento adecuado ante las leyes y el mantenimiento de cada poder en su lugar establecido.

En España la ley se cumple y se hace cumplir y ninguna presión violenta puede evitar que todos nos sometamos a ella; ninguna agresión va a infundir temor a la autoridad pública y obligarle a desistir de sus obligaciones. No es posible, ni imaginable, como sucede en países inviables, en los que la autoridad brilla por su ausencia, que en España campen por sus respetos grupos de personas a los que la sumisión a la ley les sea disculpada. Porque eso es lo que sucede, que algunos no acaban de asumir que España es un país moderno, con un sistema legal que funciona y que no sirven aquí actuaciones que son frecuentes en países que solo existen en el papel, pero que no son como tales Estados o que son Estados fallidos. Que tenemos unas leyes y que aquí se cumplen. No entro, ni digo, unas costumbres, porque cada cual es dueño de tener las suyas, que hay que respetar porque forman parte de la dignidad de cada cual. Pero todas con el límite de la ley que en nuestro país es norma de conducta general e indisponible, guste o no guste. No hay, ni puede haber privilegios para nadie, ni debemos consentir que la violencia sustituya al Estado de Derecho, a la convivencia. Eso no es tolerancia, sino un suicidio.

Y esto debe decirse y ellos deben saberlo. Saber que no van a conseguir nada, salvo un fuerte rechazo social y la aplicación estricta de la ley con todas sus consecuencias. No pueden esperar que su estrategia les proporcione beneficio alguno, que nadie les comprenda, que les sea eximido el cumplimiento de la legalidad vigente, que puedan acobardar al Estado que, al final, les tome el miedo que en otros países se les tiene a las maras, a las bandas de todo pelaje, a las mafias, etcétera. Eso aquí ni ha pasado ni va a pasar.

No es bueno que nadie aproveche estos hechos para lanzar mensajes contra los inmigrantes, contra los que son distintos. Sería un error, porque lo sucedido es puntual y muy delimitado. Es un problema muy concreto, que se está desarrollando alrededor de esta actividad de los "manteros", cuya agresividad no es ya un incidente, sino una conducta, parece ser, planificada y que excede al ámbito de lo local. Habrá que investigar quién está detrás, quién está impulsado esta estrategia, quién se beneficia. Seguramente la respuesta nos ofrecerá la solución y las claves para acabar con lo que ahora está empezando, pero a lo que hay que dar término inmediatamente.

Lo que parece inevitable es que todos colaboremos con la autoridad y desistamos de comprar nada a quienes forman parte de unos grupos que parecen organizados y que han decidido hacer frente a la ley con violencia.

Y, a su vez, la policía, debe tomar medidas inmediatas, prohibiendo toda actividad de este tipo que, al margen de la comprensión que pudiéramos mostrar antes, ahora se ha hecho acreedora del más absoluto rechazo.

Mi repulsa más absoluta y los mayores deseos de recuperación para los policías locales. Con ellos está hoy mi afecto y mis palabras de ánimo, así como con la Policía Local y con el Ayuntamiento, que deben adoptar inmediatamente las medidas necesarias, junto a la Policía Nacional, para atajar un problema incipiente.

La pobreza no es excusa en España para la violencia. Ser comprensivos en estos casos, bajo excusas de cualquier tipo es abrir la puerta al desorden y a que expongamos a nuestros agentes de la autoridad a situaciones inadmisibles. Son trabajadores que no pueden verse expuestos a perder la vida. Ni eso podemos tolerarlo en nuestras calles.