Condenados a muerte

 

Antonio Cuevas En la Conferencia Internacional sobre Sida, la XIX, en Washington (durante 22 años no se pudo realizar porque la administración norteamericana prohibía el ingreso al país de personas infectadas por el VIH, absurda decisión que derogó hace tres años el presidente Obama), la Sociedad Internacional de Antivirales volvió a recordar que todos los seropositivos deben tratarse inmediatamente, lo antes posible, en cuanto se conozca la seropositividad de las personas,  con medicamentos antirretrovirales, en lugar de esperar a que su sistema inmunológico se debilite. Superada la idea de que el virus al ingresar en el organismo permanecía durante años de manera silente, como durmiendo, y superada la idea de que los tratamientos debían comenzarse cuando el afectado estaba al borde de sufrir enfermedades oportunistas, la experiencia ha demostrado que la medicación debe utilizarse desde que se detecta el contacto infeccioso. De asumirse esta recomendación la posibilidad de que el enfermo viva años, muchos, conservando una buena calidad de vida, se incrementa de manera notable y, además, se evita que la pandemia se propague, pues la disminución de la carga viral impide la transmisión. Si todos los infectados por el VIH en el mundo recibieran los tratamientos adecuados la pandemia... desaparecería. Habría que seguir usando condones para protegerse de otras infecciones pero no del VIH.
No obstante, las autoridades españolas parecería que ignoran lo que consensuaron en Washington, más de 20.000 personas implicadas en la lucha contra el VIH/Sida, representantes de 195 países. El 1º de septiembre próximo en España entre 2.700 y 4.600 personas, inmigrantes en situación irregular, enfermos de sida, dejarán de recibir el tratamiento antirretroviral. Este "ajuste" no es un recorte más: es una condena de muerte. El Grupo de Estudio del Sida (Gesida), asegura que esta decisión mata: "más allá de consideraciones éticas, los expertos de Gesida han querido advertir al Ministerio de Sanidad del ingente perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española supondría dejar desatendidos a estos pacientes y más concretamente, del empeoramiento generalizado que se produciría en el campo de la infección por VIH: aumento de la mortalidad de los individuos infectados, incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios; aumento de la transmisión del VIH y de otras enfermedades infecciosas -como tuberculosis- a la población general; y mayor probabilidad de transmisión materno fetal del VIH...
En el capítulo de ahorros al sistema, a medio y largo plazo lo que vamos a obtener es un incremento de los costes de atención...". Afortunadamente muchos médicos han manifestado que no abandonarán a sus enfermos y están dispuestos a ejercer una legítima objeción de conciencia.
En España, que está en Europa (aunque últimamente, a veces, no lo parezca), cuna de la democracia, adalid en la defensa de los derechos humanos, se vuelve a aplicar la pena de muerte sin necesidad de usar el garrote vil, tan poco estético. 







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