Resulta que, la otra gran reforma estructural anunciada por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, tiene como objetivo la persecución y castigo del 0,15 por ciento de los parados que cobran indebidamente la prestación por desempleo. En este país de vagos y maleantes, según el Gobierno, a los que hay que meter mano porque "nadie puede ir de listo por la vida", el problema no son los mas de cinco millones de desempleados sino los 4.379 que hacen chapuzas y cobran el paro.

Sin despeinarse, el mismo día en que se conocieron los peores datos de desempleo de historia de España, la vicepresidenta se extendió en su teoría moral de que hay que cambiar los hábitos y costumbres que hacían de los ciudadanos unos pícaros en potencia.

Otra vez la maldita manía de cargar sobre los trabajadores la responsabilidad de la crisis o por lo menos de sus funestas consecuencias. No ha sido una mala gestión de los gobiernos desde hace mas de diez años lo que nos ha traído hasta aquí, no. Ni siquiera la batería de recortes y reformas que en seis meses han conseguido las peores cifras de desempleo, y una recesión de la que tardaremos años en recuperarnos.

Pero, como hay que dar la sensación de que se hacen recortes sin parar para aplacar a los mercados y obedecer a Alemania, no vaya a ser que el presidente del BCE cambie su frase de promesas in concretas y volvamos al abismo, pues se presenta un proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Y, aunque solo defrauden 4.379 de los dos millones novecientos sesenta y cinco mil parados que cobran subsidio, vamos a recuperara la confianza y la credibilidad.

La frase anterior también es de Sáenz de Santamaría quien también aseguró, de forma rotunda y contundente, que no va a haber rescate ni se contempla la posibilidad. Lo que no quiso comentar, seguramente lo consideró baladí, son las pésimas previsiones del FMI sobre la recesión de la economía española que, sumada a las históricas cifras de desempleados son las que crean incertidumbre en los mercados.

Los inversores no se fían de que con este panorama vayamos a ser capaces de devolver todo el dinero que se debe.

Ese es el verdadero problema, el que hace que en muchas cancillerías europeas ya se haya cuantificación el coste de la intervención de España. Esa falta de un plan eficaz para conjugar recortar el déficit con políticas de crecimiento.

Lo que no pueden pretender es culpar a 4.379 parados defraudadores de su inoperancia. Hemos pasado del "que se jodan" al "ir de listos por la vida".