Los propietarios de la primera línea de Arenales se llevaron una gran decepción el pasado viernes al enterarse de que, en el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas, sus 800 viviendas seguían siendo concesiones administrativas mantenían su actual estatus, aunque con un plazo ampliado hasta los 75 años. Habían confiado en que su pesadilla podría acabar si algún día se daba el paso de modificar el texto normativo. Pero los afectados comprobaron apesadumbrados que mientras otras situaciones de análoga naturaleza se resolvían, ellos tendrán que seguir peleando si quieren intentar recuperar la propiedad que un día, por obra y gracia de un amojonamiento, se transformó en un título administrativo con fecha de caducidad. Si hay algún caso de manifiesta injusticia en la aplicación de la vigente Ley de Costas, ese es sin duda, el de Arenales, porque no se puede llamar de otra forma al hecho de que unos ciudadanos compren un piso en primera línea de playa, con todas las bendiciones municipales, con la calificación urbanística correspondiente, incluso con el pago de los tributos aplicables y con el paso de los años, un deslinde les transforme sus títulos hasta llegar a perder sus propiedades. La supresión de las garantías que todo Estado de Derecho otorga ha sido tan manifiesta que los directamente implicados llevaron su asunto hasta las autoridades europeas para que se conozca su caso y se intente resolver favorablemente. Y pese a contar con una sentencia en contra de la Audiencia Nacional, no desfallecen y esperan y confían en que en la tramitación parlamentaria se pueda modificar el texto del anteproyecto de ley para que el núcleo de Arenales quede excluido de la zona de dominio marítimo terrestre. Es lo justo.
