El pasado domingo, este mismo periódico publicaba una carta al Director mediante la que se otorgaba la calificación de suspenso a la actuación de los diputados que formamos parte de la Comisión de Investigación sobre la CAM, en les Corts Valencianes. El juicio era muy duro y se nos sugería la formulación de una serie de preguntas, en septiembre, para que no se nos escaparan "vivos" los comparecientes. Lo curioso del asunto es que todas las preguntas sugeridas, relativas al tema de las cuotas participativas, han sido ya planteadas, con reiteración y de una u otra forma, a los miembros de los órganos de la Caja que han pasado por la Comisión. Más allá del problema de la desinformación que acompaña a casi todas las actividades parlamentarias, lo cierto es que la creación de comisiones de investigación suele generar en nuestro país unas expectativas que, normalmente, terminan en frustración. Llegado este punto, cuando la gente no recibe lo que espera de nosotros, los políticos tenemos la obligación de ofrecer explicaciones.
Muchas veces se juzga el funcionamiento de las instituciones españolas por comparación con las de otros países, singularmente las de Estados Unidos. Todos, a través del cine o de la televisión, hemos tenido ocasión de observar el funcionamiento de las comisiones del Senado americano y, de entrada, juzgamos que en España se puede hacer algo parecido. Es lo que tiene la cultura dominante que convierte a sus instituciones en modelo de comparación para el resto. Pero las comparaciones solo son útiles si se producen entre sistemas con un cierto grado de similitud y no es el caso. En esto, como en el tema de las primarias, el sistema político americano resulta poco comparable con el nuestro. Para empezar, las prerrogativas y facultades de una comisión de investigación del Senado americano, por ejemplo, se aproximan más a las que tienen en España los jueces de instrucción que a las atribuidas por la ley a las comisiones parlamentarias. No es casualidad. Para bien o para mal, se quiso así a la hora de elaborar la Constitución. Si no recuerdo mal, hace ya mucho que leí los debates constituyentes, Manuel Fraga presentó y defendió una enmienda que pretendía dotar a las comisiones de investigación de las Cortes Generales de un conjunto de facultades, a semejanza de las que apoderan a las comisiones de algunos países anglosajones. No fue aceptada por la mayoría de la UCD y la cosa quedó como está. Si por investigar entendemos la acción de sacar a la luz hechos o datos que permanecen ocultos, habremos de concluir que las comisiones de investigación españolas tienen muy poca capacidad de investigación. Casi como cualquier ciudadano, deben someter su actuación a los preceptos de todas las leyes que protegen la confidencialidad de datos o comunicaciones, no disponiendo de ninguna acción legal destinada a obligar a personas o entidades a facilitar la información que poseen. Para trabajar en la comisión sobre la CAM, a la que algunos le dedicamos muchas horas, en contra de lo que piensa el autor de la carta citada al principio, hemos tenido que recurrir a obtener documentos por métodos nada reglamentarios, apelando, en muchos casos, a favores personales. No me imagino a la policía investigando "por favor" un hecho delictivo. Solo hay un artículo en el Código Penal, el 502, que obliga a comparecer ante las comisiones de investigación y a no "faltar a la verdad" en el testimonio que se preste. Hay muchas formas de no "faltar a la verdad". Ante la comisión de la CAM han comparecido, pero negándose a declarar, D. Roberto López Abad y D. Daniel Gil Mallebrera. La comisión solicitó de la Mesa de les Corts que se diera traslado de su actitud al Ministerio Fiscal y así se ha hecho. Esperemos los resultados. Es evidente que otros muchos comparecientes han venido a no contar nada de lo que saben, pero contra eso no tenemos forma de actuar.
Con todo, creo que las comisiones de investigación podrían ser de gran utilidad, en la Comunidad Valenciana, siempre que consideremos que la política sirve para algo. El Estatuto de Autonomía establece en su artículo 22 que les Corts podrán crear comisiones de investigación para "ejercer el control parlamentario sobre la acción de la Administración situada bajo la autoridad de la Generalitat". De eso se trata y a eso deberían dedicar sus esfuerzos, porque no tienen habilitación estatutaria ni legal para otra cosa. Pero eso es, precisamente, lo que no quiere la mayoría del PP. En la comisión de la CAM, la mayoría ha cegado la posibilidad de dedicarla a su auténtica función, impidiendo la comparecencia de los responsables políticos del Consell con competencias en materia de Cajas. Todos sabemos las presiones y las manipulaciones a las que fueron sometidas por ZaplanaCamps. Sin embargo, ningún cargo público relevante comparecerá para explicar lo que hizo. Esto sí constituye un auténtico escándalo.
Tengo la sensación de que mucha gente busca en las comisiones de investigación lo que solo pueden dar los tribunales, porque no se valora el juicio político. Se espera una suerte de procedimiento que descubra hechos y señale culpables, a semejanza del proceso penal. No tenemos capacidad, ni disponemos de un procedimiento adecuado para ello. Lo nuestro exige juzgar comportamientos políticos, que no es poco, para organizar mejor el futuro. Eso incluye evaluar el funcionamiento de las normas aprobadas, con el objetivo de mejorarlas para evitar que se repitan situaciones indeseables. También exige evaluar el uso, o abuso, que algunos personajes hacen de esas normas, lo que obliga a analizar comportamientos y a señalar responsabilidades.
Cuando la política cumple su función de hacer bien las normas y controlar el ejercicio del poder, se necesita menos intervención de los tribunales. A la política hay que tomársela en serio y exigirle que cumpla con su función.
