La decisión del pleno del Consell de dejar en manos privadas la gestión de la Sanidad valenciana supone la mayor expropiación forzosa perpetrada en Democracia por un Gobierno contra sus ciudadanos. ¿Exagerado? No: la afirmación no es ni excesiva ni demagógica; es simplemente una definición, una verdad objetiva, como diría el recordado Vázquez Montalbán. A los vecinos de esta comunidad se nos anunció el viernes que daban inicio los trámites para enajenarnos derechos fundamentales, además de nuestro propio patrimonio, erigido con nuestros impuestos. Ni siquiera se ha fijado justiprecio. En un proceso que no sabemos bien cómo empieza, porque se han negado a explicárnoslo, ni tampoco hasta dónde va a llegar, porque un día sí y otro también nos mienten, pero que no tiene marcha atrás una vez comenzado, en Sanidad vamos a dejar de ser ciudadanos para ser clientes. Es muy grave.

La necesidad de buscar explicaciones en apenas horas y sin tener todas las claves en la mano ha hecho que se publicaran ayer diversas interpretaciones con las que es difícil estar de acuerdo. Se ha dicho, para empezar, que la verdadera fractura del sistema público sanitario valenciano se produjo cuando, a finales de los 90, Zaplana construyó el hospital de Alzira y cedió su gestión a empresas privadas, "modelo", el de Alzira, que luego se ha extendido a otros hospitales. Ahora, por tanto, sólo se daría un paso más, tampoco tan grave, puesto que los ciudadanos no han notado cambio alguno en el trato según fueran a un hospital enteramente público o a uno de gestión privada, como por ejemplo el nuevo de Elche.

Se ha escrito también que los pacientes no van a ver en ningún caso alteradas las prestaciones que ahora reciben porque en realidad la iniciativa privada viene a hacerse cargo de servicios (lavandería, restauración...) que ya estaban en su mayoría externalizados. Y hay incluso, por último, quien ha publicado que lo que el president Fabra hace con esto es nada menos que reformular la autonomía, modernizarla y adaptarla al nuevo siglo, situándose así a la vanguardia de los barones regionales dentro y fuera de su partido. Con un par.

Pero ocurre que el "modelo Alzira", si ha funcionado sin que los ciudadanos notaran diferencias relevantes con el régimen enteramente público es, precisamente, porque era la excepción, y no la regla: convivía con la red pública en situación de minoría y no podía prestar peor servicio que ésta. Ahora, todo va a ser cogestión. Todo. Así que todo pasa a regirse por otras reglas de juego. Si no, ¿para qué iban a hacerlo?

Esta última pregunta sirve para rebatir la afirmación de que, en realidad, tampoco los cambios van a ser tan sustanciales puesto que muchos servicios estaban externalizados. No, no es a por eso a por lo que se va. Las "batas blancas" (médicos, enfermeros, celadores) seguirán dependiendo, al menos hasta nueva orden, que aquí nunca se sabe, de la Generalitat Valenciana. Pero los centros tendrán dos gestores, uno nombrado por la adjudicataria y otro por la Administración. Y la buena asistencia no depende sólo de los sanitarios, sino que es el conjunto de medios el que la garantiza. La iniciativa privada se va a hacer cargo de las áreas de salud para ganar dinero, obviamente, y ese dinero no va a salir sólo de la racionalización del gasto, sino que forzosamente llegará a través de repagos y menores prestaciones. Ayer ya se conoció, en ese sentido, que el control de la medicación será potestad del administrador privado, no del médico. ¿Ven como tiene truco? Habrá más.

Y, bueno, por supuesto que Fabra no está a la vanguardia de nada, sino a la cola de todo. Ya se escribió aquí hace meses que esta comunidad estaba intervenida, pero se le señalaba al president que estar intervenido en lo económico no tiene por qué significar estar sometido en lo político y que, en ese terreno, el de la iniciativa política, era donde queríamos verlo. No hay tal. Si Fabra ha tomado el camino de la privatización de la Sanidad es porque así se lo han impuesto y no ha replicado.

La conferencia de prensa en la que el vicepresidente del Consell, José Císcar, dio a conocer el viernes las medidas fue un ejemplo más de este mal que aqueja al Gobierno autonómico. Un cambio de las dimensiones del que se va a forzar requería la comparecencia del máximo representante del Ejecutivo para explicarlo. Y sin embargo, no sólo Alberto Fabra se escondió una vez más, sino que ni siquiera estuvo presente el conseller de Sanidad. Teniendo en cuenta que Rosado es del sector y conoce perfectamente qué ofrecía hasta aquí y qué cambios van a producirse ahora, es más que preocupante que se quitara de enmedio. Como también fueron para echarse a temblar la falta de seguridad y de precisión, las evasivas y las contradicciones, del propio Císcar a la hora de informar de lo que se pretende hacer. Habló de economías de escala y, al mismo tiempo, de sacar varios lotes de gestión, lo que no casa. Dijo que se van a mantener las prestaciones pero se va a cobrar un canon de 180 millones de euros a los adjudicatarios. ¿Y de dónde van a sacar ese dinero, más el que necesiten para su funcionamiento y su lógico beneficio, las empresas, si no es de los tijeretazos? Dejó caer alguna alusión al "modelo sueco", agarrándose como un clavo ardiendo al pasado prestigio de Suecia como Estado del Bienestar más avanzado, pero (al margen de que Suecia ya no es Suecia), olvidó decir que en el actual sistema sueco, por ejemplo, se paga la hospitalización.

Han quebrado el erario y nos anuncian que la Sanidad ya no será pública, universal y gratuita; que habrá tantos alumnos por aula como cuando Franco vivía, que miles de profesores se quedarán en paro, para engrosar cifras que ya son históricas, o que continuarán subiendo los impuestos, pero no para incentivar la economía sino para tapar agujeros; nos dicen todo eso en la misma semana en que nos enteramos de que van a pagarle a Ecclestone, el amigo de Camps, otros 35 millones de euros por la F1. Cierto que Fabra no firmó ese contrato ni participó directamente en el saqueo de la Administración. Pero es su partido el que ha gobernado aquí 17 años y nadie le ha obligado a él a tomar el relevo. Luego, si no es capaz de trazar una política de acciones y también de gestos (que Ecclestone no cobre y que vaya a los tribunales, que hay miles de pymes que tampoco cobran, a muchas de las cuales ni siquiera el plan de pagos recién pergeñado, a estas alturas, va a salvar de la quiebra); si no es capaz, digo, ni de dar la cara, ni de pedir perdón por tanto desmán cometido por quien le precedió y por la gran estafa en Sanidad o en Educación que ahora vamos a sufrir; si no sabe hacer otra cosa que esperar y cumplir órdenes de Madrid, entonces que deje paso a otro. Porque si no, nosotros no seremos ciudadanos: sólo seremos víctimas. Pero él tampoco será presidente, sino un mero gobernador civil. Un mandado. Una antigualla.