Las bolsas y los mercados no han respondido al anuncio del rescate bancario español como esperaban las autoridades españolas y europeas debido a las contradicciones e incertidumbres que han acompañado al anuncio. La potencial bondad de la medida requiere precisar varios aspectos relevantes y es función de los responsables de política económica explicitarlos sin ambigüedades cuanto antes.

Las crisis bancarias pasadas han permitido extraer una serie de lecciones como que no es posible reactivar la oferta de crédito mientras una parte del sector bancario tenga problemas de insolvencia, que debe intervenirse lo antes posible a las entidades financieras insolventes con fondos públicos garantizando sólo a los depositantes, imponiendo pérdidas a los accionistas y tenedores de deuda subordinada, y exigiendo responsabilidades a administradores y directivos. El elevado volumen del "agujero" en el sistema bancario español, entre 40.000 y 60.000 millones de euros si seguimos las últimas estimaciones del FMI, junto con la situación de las cuentas públicas impedían al Estado disponer de fondos suficientes para sanear la parte insolvente del sistema bancario español, aunque existiese dicha voluntad, y provocaba que los mercados anticipasen una situación similar a la de Irlanda, en la que la insolvencia de la mayor parte del sistema bancario y la voluntad de garantizar los depósitos llevó a la bancarrota del Estado y forzó la intervención de su economía.

En este escenario, la línea de crédito de hasta 100.000 millones tiene aspectos positivos y esperanzadores ya que proporciona al Estado español los fondos necesarios para acometer la recapitalización de su sistema bancario. Esta financiación proporcionada por los Estados miembros de la Unión Europea al Estado español a través del FROB incrementará la deuda pública en la cuantía de fondos que finalmente se utilicen e incrementará el déficit por los intereses que haya que pagar. Este incremento del déficit obligará al Estado y a las administraciones públicas a realizar ajustes adicionales (decididos a nivel nacional y/o desde la Unión Europea) para cumplir con el objetivo de déficit fijado. Los contribuyentes actuales, a través de mayores impuestos, y los usuarios de servicios públicos serán quienes paguen el coste del rescate en el corto plazo. Esto resulta inevitable y, a pesar de ello, debe valorarse positivamente el crédito que se ha puesto a nuestra disposición por resultar necesario. Ahora el debate debe centrarse en minimizar el coste final, no quién lo va a pagar, que seremos los contribuyentes actuales. El sector bancario sólo lo podría pagar en el medio y largo plazo a través de mayores impuestos una vez recuperada la solvencia en el sector. Esto también son lecciones aprendidas de crisis pasadas.

Sin embargo, la disponibilidad de fondos no garantiza por sí misma que se vaya a solucionar el problema del sector bancario y a recuperar la oferta de crédito, y es aquí donde surgen las dudas específicas del mercado sobre el caso español. Dos aspectos básicos determinan la bondad del mecanismo aprobado: 1) las condiciones del préstamo y 2) la forma en la que dichos fondos van a ser utilizados. Respecto al primero, nuestras autoridades debieran haber negociado las condiciones y el coste conjuntamente con la concesión del crédito de forma similar a como ocurre en los contratos privados. El límite máximo del interés para España es el que actualmente paga por la emisión de deuda (6,2% a un plazo de 10 años o 5% a un plazo de 5 años). El límite mínimo para los países prestamistas de la zona euro es el 1% al que el BCE ha venido proporcionando liquidez al sistema bancario europeo desde hace 4 años. El margen entre el 6% y el 1% es lo suficientemente amplio como para que nuestras autoridades centrasen sus esfuerzos en conseguir el tipo de interés más bajo posible dentro de esa horquilla, una vez que hace semanas que se conocía que la ayuda externa era inevitable.

La forma en la que se utilice el dinero para intervenir al sistema bancario resulta también clave para estimar el coste final de la intervención que tiene dos componentes: un coste directo en términos de fondos aportados al sector bancario y un coste indirecto (más difícil de cuantificar) en términos de crecimiento económico por falta de crédito a familias y empresas. Las actuaciones realizadas hasta ahora no son un ejemplo que inviten al optimismo y el control que ejercerá la "Troika" (Comisión Europea, BCE y el FMI) debe valorarse positivamente al ayudar a evitar conflictos de intereses políticos y económicos cuando el problema se centra en las cajas de ahorros.

La forma de intervención que antes podría permitir recuperar el crédito sería aquella en la que la intervención de entidades insolventes y no viables fuese forzosa (no a solicitud de las entidades), aportando capital a fondo perdido para cubrir déficits patrimoniales (no préstamos a un tipo de interés que las entidades generalmente terminan no pagando), y desplazando a los directivos y miembros del consejo de administración exigiendo las responsabilidades que procedan (no indemnizándolos). Además, en las entidades que se consideren viables y que no haya que intervenir sería aconsejable reducirles sus requerimientos de capital en el corto plazo. Se deben mantener los nuevos requerimientos de provisiones vinculadas al sector inmobiliario para ajustar en mayor medida el precio de la vivienda pero una disminución temporal de los requerimientos de capital permitiría paliar el estrangulamiento del crédito. A medida que las cuentas de resultados del sector y del crédito se fuesen recuperando habría que incrementar los requerimientos de capital en consonancia con las nuevas exigencias de Basilea III. Fue precisamente el Banco de España quien de forma pionera estableció esa lógica "anticíclica" con sus elogiadas "provisiones dinámicas".

Muchos han sido los errores pasados y recientes cometidos en el ámbito de la intervención de nuestro sistema bancario. Ello sin duda ha tenido que ver con la pérdida de autonomía del Banco de España en favor de las autoridades políticas del Ministerio de Economía. Esto representa una deficiencia institucional de gran importancia que siembra desconfianza en los mercados internacionales sobre el éxito de la intervención y que, en cuantía difícil de establecer, también está afectando a nuestra prima de riesgo. En las últimas décadas todos los países modernos han tratado de reforzar con sus legislaciones la autonomía de las autoridades supervisoras. Sin embargo, el retroceso que hemos sufrido en este ámbito en nuestro país durante los dos últimos años ha sido espectacular. Aunque ahora se hace hincapié en recuperar dicha autonomía lo más importante es ya reforzar la Autoridad Bancaria Europea (EBA o European Banking Authority) como mecanismo supervisor y con capacidad de intervención en los bancos de la zona euro. Ello resulta necesario para conseguir una mayor autonomía de los estados miembros a la hora de imponer las penalizaciones adecuadas en las entidades intervenidas y poder disponer de fondos suficientes para intervenir en bancos de tamaño cada vez mayor como resultas de los procesos de integración del sector bancario.

Podemos ser siempre optimistas sobre el futuro pero, sin duda, es preciso que el conjunto de nuestros representantes políticos y responsables de decisiones económicas cambien no sólo su estrategia de comunicación sino también la forma de intervenir en el sistema bancario. En caso contrario, el optimismo puede dejar de ser compatible con la realidad.