Hace unos meses la PIC hizo público un documento en el que apelábamos al realismo y a la sensatez en la construcción de un nuevo relato sobre Alicante y su futuro. Proponíamos allí partir de lo que tenemos. Pecamos de ingenuos. En efecto, entre las cosas que creíamos "tener" era el AVE en 2012. Ahora sabemos que no hay fecha para la venida y que la herida urbanística de las obras quedará perpetuada por mucho tiempo. El equipo de gobierno municipal casi no ha dicho nadaÉ ¿Se imagina lo que hubiera sido si no gobernara en Madrid el PP? A cambio, desmintiéndose, ha apoyado la recepción de residuos de otras localidades. Parece que la imaginación del PP alicantino da para eso y para nada más: que Alicante, "para hacer caja", se convierta progresivamente en un vertedero. Lo peor no son los daños medioambientales, ni la insolidaridad con ciudadanos que verán empeorar su calidad de vida por los traslados de residuos, sino el que nuestros gobernantes siguen prisioneros de la misma lógica que nos ha traído hasta aquí: hacer caja; que antes -y ahora- la hicieran unos pocos privilegiados y que ahora deba hacerlo el propio Ayuntamiento porque no arbitró medidas prudentes no cambia en exceso la cuestión.

Y como máxima prueba del secuestro de la razón por el PP, el Plan Rabassa vuelve a llevarse al pleno. Para impulsarlo, se nos dice. Y, sobre todo, para facilitar la llegada de la milagrosa Ikea -y, se silencia, de dos megacentros comerciales que pondrían en peligro muchas expresiones del pequeño comercio tradicional y hasta centros comerciales consolidados-. La realidad, sin embargo, es otra, y conviene denunciarla porque, insistimos, la presentación del asunto no deja de obedecer a las pulsiones insostenibles del pasado del que algunos no parecen ser capaces de aprender. (En este sentido es decepcionante el voto favorable del concejal de UPyD, cautivo de las mismas falacias que otros. Si sus conocimientos sobre el asunto no dan para más, podría haber preguntado). Vayamos por partes.

Lo que realmente se votaba es el texto refundido del programa de actuación integrada, junto con varios proyectos técnicos referidos al anteproyecto de urbanización; ni siquiera es aún "proyecto", algo que tendrá que venir después, junto con la reparcelación, es decir: quedan muchísimos trámites todavía; son "flecos" técnicos ya apuntados en la aprobación por la Conselleria en mayo de 2009. En definitiva, todo esto prueba de la ineptitud con la que se ha tramitado el PAI desde hace 7 años, acumulando atrasos mientras se culpaba a otros -por ejemplo a la PIC- de ralentizar la cuestión con recursos judiciales. Teniendo en cuenta que el TSJ sólo suspendió la ejecución unos pocos meses, ha sido la ineficacia de constructores y Ayuntamiento, en todo caso, quien ha posibilitado el incumplimiento de la promesa de que en pocos meses habría casas disponibles. Sabíamos que era falso, y que de lo que se trataba era de controlar suelo para otras especulaciones. Y ahí estamos: esperando a Ikea.

Ahora bien, si lo aprobado es un asunto técnicamente menor, su significado político es notable, pues indica que Castedo y sus acólitos siguen más pendientes del negocio del Señor de los Solares que del interés público. Porque se aprueba incrementar la retribución en suelo a Ortiz por parte de los propietarios al aumentar los gastos de urbanización: pasaría de recibir el 54,5% del aprovechamiento al 61,6%. Pero legalmente ese suelo se tiene que dedicar a VPO y por eso se aumenta el número de viviendas con esta calificación. Y de nuevo nos volvemos a encontrar con una mentira anunciada: sabemos que en Alicante no se está construyendo VPO, ¿de qué ahora, el renovado y altruista interés de Ortiz?, y tanto más cuando el mismo concepto de VPO se difumina ante el hundimiento de los precios por el parque de casas acumulado por promotores y entidades bancarias. Y algo de lo que no se quiere hablar: el coste de urbanización se estima en 192 millones de euros, a cargo de los propietarios, pero como estos ponen el suelo, se supone que el adjudicatario ha de adelantar tal cantidadÉ ¿de dónde va a salir?, ¿pedirá un préstamo a la CAM y a Bancaja? De lo que se trata, pues, es de blindar al negocio y al negociante en la perspectiva de próximos cambios. Y, como siempre, con la imprudente actitud de defender algo que pasado mañana puede ser declarado ilegal por el TSJ... -lo que se hace ahora, por cierto, costaría más dinero a la ciudad en indemnizaciones-.

Así pues, lo aprobado el otro día, nada tiene que ver con Ikea, y el que defienda lo contrario miente o se ha dejado engañar. Otra cosa es que se dijera -que no se dice, claro- que de lo que se trata es de reconfirmar simbólicamente al adjudicatario ante Ikea o, incluso, mandar un mensaje de sumisión a la misma Suecia. Lo que, probablemente, es un vano intento. Porque lo cierto es que Ikea -y los megacentros satélites- sigue encallando con problemas básicos derivados del deseo de meterlo en el Plan RabassaÉ conservando el Plan Rabassa. Si de verdad se trataba de acelerar al advenimiento de la multinacional se hubiera aprobado la modificación del Plan Parcial que exigen diversas administraciones públicas. No se ha hecho. No sabemos en qué está parando la exigencia de la Confederación Hidrográfica, pero lo que es evidente es que no hay respuesta sensata para garantizar unos accesos en condicionesÉ salvo que, con dinero público, se construya, prácticamente, otra autovíaÉ ¿están los tiempos para eso?, ¿no hay dinero para el AVE y sí para esa otra actuación? El Plan Rabassa, que en su momento fue el signo máximo del desastre urbanístico, ahora adquiere otra faceta simbólica: el vertedero moral de unas políticas desnortadas y ayunas de solidaridad e imaginación. La filosofía basada en entender la ciudad como un lugar para el negocio privado se ha derrumbado, y no saben qué idea poner en su lugar. Pero que, al menos, nos quede una cosa clara: o se construye el Plan Rabassa como fue concebido -dejando aparte los imperativos de la crisis- o se construye Ikea. En cualquiera de las dos hipótesis, gana el mismo. Aunque todo puede ser que, por esa misma razón, no haya ni Plan Rabassa ni Ikea.

(*) Firman por la PIC: Manuel Alcaraz, Araceli Pericás, Isidoro Manteca, José María Perea, Juan Castillo, Séfora Bou, Quico Consuegra, Francisco Candela, Juan Ángel Conca, Reme Amat, Rafael Bonet, Ismael Vicedo, Pere Miquel Campos y Armando Etayo