El actual Gobierno del Partido Popular acaba de publicar un Real Decreto que supone otro grave, gravísimo atentado a la educación pública. Esta vez le ha tocado a la Universidad, más concretamente a su personal docente e investigador (PDI), cuyas condiciones de trabajo, de llevarse a cabo tales disposiciones, se verán radicalmente alteradas. El decreto, que incrementa considerablemente la carga docente al profesor funcionario, no es una medida pensada, ni pautada, ni negociada, y desde luego es falso que esté encaminada a incrementar la eficacia del sistema universitario, tal como ha declarado el ministro de Educación. Las palabras del señor Wert más bien parecen una broma de mal gusto, pues a nadie se le escapa que detrás de esta medida se esconde un despido masivo: al aumentar la carga docente al profesor funcionario, buena parte del PDI contratado (investigadores y doctores en sus disciplinas) irá a la calle. Este hecho va a tener para la universidad española consecuencias irreparables. La nueva exigencia de que un profesor-investigador imparta clases a destajo -sin tiempo posible para prepararlas o para leer literatura científica que le permita renovarse- va a implicar por fuerza el fin de la calidad de la enseñanza universitaria. Y supone un contrasentido precisamente ahora, cuando en Europa se consolida un modelo de enseñanza más dinámico e interactivo, con menos clases presenciales, más dedicación tutorizada y grupos de alumnos más pequeños. Volveremos al pasado, a las clases masificadas, de contenidos inamovibles y metodologías obsoletas, basadas en "dictados" y "apuntes", que creíamos ya superadas. Nos convertiremos en máquinas de reproducir contenidos, que enseguida se harán viejos, pues no dispondremos de tiempo para preparar y actualizar nuestra docencia. Pero hay algo más. El profesor universitario, que es el motor de la Universidad, es también -en su gran mayoría- investigador y promotor de investigación: además de tareas docentes y de gestión, para aprobar una oposición a profesor titular o catedrático de Universidad se nos exige mucha investigación, plasmada en publicaciones, asistencia a congresos, dirección de tesis doctorales y dirección de proyectos I+D. El profesorado universitario español (hablamos como colectivo) ha hecho en los últimos veinte años un esfuerzo sin precedentes en la historia de España. Por primera vez hemos salido al extranjero a presentar nuestros trabajos en congresos en pie de igualdad con colegas de universidades de todo el mundo; hemos realizado estancias de investigación en centros de prestigio internacional; hemos pateado bibliotecas extranjeras (casi siempre en verano, durante las vacaciones), hemos publicado en editoriales y revistas de impacto y nuestros colegas extranjeros nos han leído y nos han citado. Eso no había sucedido nunca en este país, donde ha habido escasa cultura investigadora. Pero esta generación de profesores, en general, ha realizado un gran esfuerzo, trabajando en condiciones laborales a menudo mucho más desventajosas que la de los profesores universitarios europeos, sin disfrutar de los periodos sabáticos que ellos tienen, con mayor carga lectiva y salarios mucho más modestos (en el ranking de profesores mal pagados sólo nos ganan los portugueses y los griegos). Así y todo, para conseguir un sexenio de investigación -equivocadamente, el único criterio que maneja el decreto para determinar si somos o no productivos- se nos exige que publiquemos en los mismos foros que publica, digamos, un investigador de Cambridge o de Berlín, cuyas condiciones laborales están a mil años luz de las que tenemos nosotros. Pero en España el valor y el esfuerzo de la investigación a menudo no se ha valorado y ahora el gobierno de Rajoy, que en estos momentos tan críticos no ha empezado por recortar privilegios a ciertos sectores, a bajar el sueldo a los políticos como lo han hecho a los funcionarios, a eliminar pensiones vitalicias, prebendas y el abuso de coches oficiales, quieren presentar a todo el profesorado español de cualquier nivel educativo como unos privilegiados, unos absentistas y unos vagos. Y en su afán de deslegitimar a los profesores alega Wert que las universidades españolas no están entre las 100 primeras del ranking mundial, y es cierto que hay que hacer cambios en profundidad y combatir los males endémicos de la Universidad española, como el clientelismo. Pero la calidad no se va a elevar con las medidas improvisadas y populistas que impone el Gobierno; todo lo contario, este Real Decreto supone otra resolución insensata y corta de miras que no nos podemos permitir. El primer mazazo llegó en enero, con unas disposiciones que son un golpe muy serio a la educación pública que se imparte en Primaria y Secundaria, precisamente aquella más vital para la igualdad de oportunidades, la cohesión social y con ello el futuro del país, y la que más deberíamos cuidar. Y ahora van a por la universidad pública. Si nos quedamos mudos y pasivos ante estas medidas retrógradas pagaremos un precio muy alto como país. Volveremos a estar en el furgón de la cola y será muy difícil recuperar todo el terreno perdido, todo lo que con tanto esfuerzo hemos podido conseguir para todos. Y el personal docente e investigador de la Universidad no se va quedar mirando pasivamente.
