La locura de los recortes se ha convertido en una suerte de competición entre administraciones a ver quién es capaz de llegar más lejos en ese afán indisimulado de dejar al país sumido en una ineficiencia de difícil arreglo en lo que se refiere a los servicios públicos.

Nadie, sin embargo, antes de imponer sacrificios analiza las causas que están en la base innegable de muchos despilfarros insoportables y de gastos excesivos, en su mayoría fruto de decisiones e intereses políticos de fácil enmienda. Recortar indiscriminadamente, sin atajar el origen del gasto inasumible, significa mantener el estado de cosas que genera el desajuste. Y este es un paso previo para la privatización, objetivo final de una política demasiado expresiva como para poder ser ocultada.

El RD 14/2012 que afecta a la Universidad es una buena muestra de ese afán por recortar sin analizar, ni afrontar las razones de fondo de la situación angustiosa que atraviesa la institución, habiéndose optado por hacer recaer la carga de los errores políticos en quienes, aunque quisieran, no podrán asumirla. Por mucho que el Gobierno se empeñe en gravar los servicios, la falta de recursos de muchos impedirá acceder a la Universidad a los menos favorecidos, generando un riesgo cierto de exclusión social.

De nada servirá aumentar las tasas o incrementar la dedicación docente si no se atiende a las causas profundas que han generado una carga docente exagerada, unas necesidades de profesorado derivadas de planes de estudio y métodos de evaluación sabidamente impracticables sin financiación suficiente, todo con el consiguiente fracaso de los estudiantes universitarios en los que la repetición de curso es ya algo ordinariamente aceptado.

El actual sistema no es viable, tanto por la proliferación de universidades y títulos, como por razón de una Bolonia española que nació sin previsiones presupuestarias, a coste cero pensando ya en que la pagaran los alumnos -véanse los másteres-, ni inversiones y, por eso hoy, en plena crisis el sistema irresponsablemente ideado y puesto en marcha ha devenido inasumible por su carestía. Su mantenimiento va ligado indefectiblemente al incremento de la carga docente y a la elevación de las tasas. Esta es la opción realista y objetiva. O abandonamos Bolonia en su mendaz versión española, la que es proyección de la no pacífica LOGSE, en cuyo caso no será necesario incrementar la carga docente, ni elevar las tasas o la mantenemos. El Gobierno, incomprensiblemente, ha optado por esto último, asumiendo el coste social y el elitismo de un modelo que genera intrínsecamente esas diferencias, sin siquiera dejar entrever que se plantee la otra alternativa.

No es esa la solución y el tiempo lo dirá. Debe, por el contrario, de inmediato, adoptar variadas medidas retrocediendo en las adoptadas, que no serían necesarias.

Así, remediar las situaciones de duplicidad de títulos en universidades cercanas, innecesarios y fruto sólo de intereses y ambiciones políticas y electorales, así como suprimirse titulaciones minoritarias que bien pueden redirigirse a unas pocas universidades reforzando las becas que serían menos gravosas que mantener esas titulaciones.

Debe replantearse esta Bolonia española, cuya original y continuada improvisación ingeniosa es causa directa, en época de crisis, del incremento de la carga docente y del consiguiente despido de profesores asociados. Esto repercutirá en el coste de los másteres y en la elevación de las tasas para cursarlos. Parece increíble que la CRUE y los órganos rectores de las universidades españolas no vean lo que es una evidencia.

Los másteres obligatorios para ejercer una profesión, otro invento de Bolonia, serán inaccesibles para los menos pudientes ante la falta de la adecuada financiación de los públicos, ya suficientemente onerosos, cerca de dos mil euros al año. Pocas plazas públicas se podrán ofertar, por lo que los estudiantes deberán acudir a instituciones privadas mucho más caras. Ya está sucediendo en muchas universidades cuyos numerus clausus son significativos. Un negocio el del acceso a algunas profesiones que pasará a ser cosa exclusiva de los más pudientes. Y nadie parece darse cuenta de esto o se enfada si se le recuerda.

Se ha de replantear si es conveniente, para evitar el fracaso universitario, volver a las incompatibilidades, esto es, a exigir algo tan sencillo como aprobar curso tras curso, de modo consecutivo, pues el actual sistema, es irracional y fuente de fracaso. Y del mismo modo, recuperar septiembre, pues julio ha significado de hecho perder una convocatoria. Grávese al mal estudiante y que pague más por su conducta, pero previamente evítense las causas de su fracaso. Es sencillo hacerlo. Basta la voluntad y la valentía necesaria, menos autocomplacencia ingenua y más espíritu crítico en una institución, la Universidad, que poco a poco ha sido domeñada mediante mecanismos de control tan férreos, como expresivos.

Las causas de la actual situación que genera una Universidad cara, excesivamente onerosa y poco satisfactoria deben ser afrontadas y puestos los remedios oportunos, sin que se pueda mantener lo que sabidamente no puede sostenerse sin merma de exclusión social.

Ya sabíamos todos que la Bolonia española implicaba privatización de los másteres, incremento de las tasas y aumento de la dedicación docente y más desde que comenzó la crisis, porque el modelo es insostenible económicamente. Muchos lo denunciamos y ahora se comienzan a ver los resultados. Por eso el Gobierno debe entrar al fondo de la cuestión enmendando el camino antes emprendido, pues la Universidad, tal y como se ha diseñado en los últimos y aciagos años, es inviable, salvo que se convierta en patrimonio de unos pocos.