En línea recta, apenas cien metros separan los edificios de La Estambrera del aparcamiento de la Rosaleda. Un hilo imaginario de incompetencia, de chulería política y de intereses bastardos une a estos dos desastres urbanísticos, que se han convertido por derecho propio en la peor herencia que los gobiernos del PP le han dejado a Alcoy.

Al margen de su cercanía geográfica (nunca nadie perpetró tantas chapuzas en un espacio urbano tan reducido), ambos proyectos son el fruto de procesos que parecen calcados. En los dos casos, se trata de obras que chocaron desde su inicio con una fuerte contestación ciudadana, en la que se cuestionaba abiertamente su legalidad. En los dos casos, el Ayuntamiento del PP despreció todas las advertencias y atacó con extremada dureza a sus impulsores. En los dos casos, el TSJ ha declarado ilegales unas actuaciones urbanísticas ya totalmente consolidadas, situando a la actual corporación ante la difícil papeleta de arreglar un desaguisado en el que no tiene ninguna responsabilidad. Por lo que respecta a la Rosaleda, la reparación le costará a las maltrechas arcas municipales cerca de un millón de euros. En el caso de La Estambrera, el cumplimiento de la sentencia condenatoria nos dibuja un panorama lleno de incertidumbres, que va desde el derribo parcial de los edificios a la búsqueda de algún complicado apaño para legalizar unos inmuebles que son, así lo certifica el auto judicial, un perfecto ejemplo de eso que los técnicos denominan atentado paisajístico.

Mientras se acumulan las certezas de que en los dos asuntos el gobierno popular se saltó las leyes, siendo perfectamente consciente de que se las estaba saltando, sorprende el hecho de que hasta el momento, nadie haya asumido ni la más mínima responsabilidad por dos errores, que comprometen la economía del Ayuntamiento y que emborronan el diseño urbanístico de la ciudad. Lejos de entonar algún tipo de "mea culpa", desde las filas del PP se mantiene una línea de defensa que consiste básicamente en negar lo evidente: se ignora la existencia de dos rotundos pronunciamientos negativos del más alto tribunal de la Comunitat Valenciana y se sigue demonizando a los responsables de la presentación de las denuncias, por tener la desfachatez de pedir que se cumpla la legalidad.

A la vista de que no cabe esperar ningún acto de contrición ni de Sedano ni de su concejal de Urbanismo, la pelota está ahora en el tejado del gobierno tripartito. Los componentes de la coalición de izquierdas tienen a mano los resortes necesarios para evitar que episodios vergonzantes, como los de la Rosaleda y La Estambrera, se repitan en el futuro. Los actuales dirigentes del Ayuntamiento de Alcoy están obligados a ir más allá de las meras declaraciones periodísticas de condena; están obligados a recurrir a la vía judicial para exigir unas responsabilidades que el PP se niega a aceptar. Es imprescindible fijar criterios de ejemplaridad, ya que cualquier otra solución menos drástica sería entendida por la opinión pública como un mero chalaneo político, una aplicación miserable del "hoy por ti, mañana por mí" o del "entre bomberos, no hay que pisarse la manguera".

Posdata. A diferencia de la Rosaleda, el caso de La Estambrera deja una secuela de víctimas colaterales: las personas que han comprado pisos en un edificio que ahora ha sido declarado ilegal por el TSJ y que se enfrenta a la posibilidad de un derribo parcial. Estos propietarios siempre podrán alegar en su defensa que adquirieron sus viviendas en un inmueble totalmente bendecido por su Ayuntamiento. Sin embargo, lo que nunca podrán decir es que desconocían el riesgo que implicaba invertir sus ahorros en unas casas cuya legalidad ha sido objeto de un intenso debate, que durante años ha llenado hasta la extenuación las páginas de los periódicos y los informativos de las emisoras de radio.