Pocos ingresos va a procurar la discutida amnistía fiscal y muchas son las quejas y desengaños que se le atribuyen: Ha sido contestada por la oposición, rechazada por las provincias forales de Euskadi y Navarra y repudiada por los contribuyentes, porque no se aumenta la fiscalidad sobre la banca -un sector privilegiado en recibir dinero y en tributar; baste recordar que en el IVA, la mayoría de las operaciones financieras están exentas, mientras los productos de primera necesidad soportan el gravamen-, ni se ha implantado el impuesto sobre las grandes fortunas, ni eliminados los privilegios fiscales a políticos, sindicatos, patronales, las sicav, iglesia, ni se estrecha el cerco a los defraudadores que campan por sus fueros en este país, antes bien, se les perdona por un irrisorio pago. La sinrazón es que aflore y se repatríe el dinero oculto porque España está mal y lo necesita, pero el fin no justifica los medios.
Los políticos emplean la Constitución, como los borrachos las farolas, para apoyarse más que para alumbrarse, cuando debieran respetar las directrices que emanan del artículo 31.1 de la Constitución por las que debe regirse la fiscalidad. En él se exige el principio tributario de generalidad, "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos", y debe hacerse "de acuerdo con su capacidad económica". Es de una claridad meridiana que la clave de bóveda ha de ser la capacidad económica del contribuyente, no su generosidad o avaricia, ni la edad o sexo, belleza o fealdad, estatus social o adscripción política, sino, simple y llanamente, su capacidad contributiva.
Sigue expresando que debe hacerse "mediante un sistema tributario justo"; es decir, que la exigencia, ha de realizarse, no a través de un grupo de tributos establecidos al tuntún, sino mediante un conjunto armónico y coherente de impuestos. Un sistema fiscal es como un tejido, en el que se entremezclan, a modo de trama, los impuestos directos, -los que recaen sobre las rentas ganadas y el patrimonio- con los que configuran la urdimbre -los indirectos, que recaen sobre el consumo- formando el tejido con el que se recoge la cosecha fiscal. Se termina diciendo que deberá estar "inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". Es por tanto inequívoca la exigencia de que el sistema fiscal y los impuestos que lo componen sean equitativos, y que paguen más que proporcionalmente los que mayor capacidad tengan, pero sin llegar a confiscar la capacidad que se grava.
En ningún sitio de nuestra Carta Magna se alienta a que paguen justos por pecadores, a que el Gobierno discrimine a los contribuyentes responsables perdonando a los desvergonzados, y menos por tan módico precio. La parábola del hijo pródigo es aceptable una vez en la vida, pero cuando se produce de forma reiterada -y ya van tres en nuestra joven democracia- es una tomadura de pelo. Si además, esto ocurre cuando se vive un claro divorcio entre la realidad y el mandato constitucional, no debería extrañar que los contribuyentes renieguen de un sistema fiscal que ha sido descuidado por los gobernantes sometiéndolo a continuos parches que han dañado su equilibrio y justicia en perjuicio de la moral fiscal. Los lamentos de hoy provienen del ayer y no deberían alcanzar al mañana. La discutida amnistía fiscal propuesta es un error, pero también lo son los múltiples desatinos que las leyes fiscales contienen.
Por que ¿a quién puede parecerle justo qué en el IRPF se grave más al dinero procedente del trabajo que al que llega del capital? ¿Qué sentido tiene, ante un paro tan atroz, que nuestras cotizaciones sociales sigan siendo las más elevadas de la UE perjudicando así la creación de empleo y nuestra competitividad internacional? ¿Por qué el beneficio de las pymes y las cuotas a pagar de IVA se mide empleando unos módulos del tiempo de Maricastaña, como si fuéramos un país bananero, cuando tan fácil sería acudir a los datos contables? ¿Y si el territorio nacional es uno solo, por qué la fiscalidad varía tanto entre las Comunidades Autónomas hasta el punto de condicionar el lugar de la muerte a fin de pagar menos? ¿Qué especie de sortilegio hace que las personas jurídicas deban pagar el IAE y no las personas físicas aún tratándose del mismo negocio, acaso cambia su capacidad económica? ¿No ha podido encontrar el legislador unos valores para los inmuebles más alejados de la realidad e injustos que los catastrales para nutrir las arcas municipales en el IBI? ¿Qué suerte de reglas pueden permitir que se revisen a discrecionalidad municipal, quedando al albur de intereses espurios más que de la equidad? ¿Por qué al vender un inmueble se ha de pagar el Impuesto de Plusvalía municipal aunque se tengan pérdidas? ¿Y por qué se ha de pagar, incluso teniendo ganancia, si ya se tributa por ello en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades? ¿Qué razón justifica que por la compra de una vivienda usada se haya de pagar el Impuesto sobre Transmisiones a un tipo alrededor del doble del que se paga en IVA cuando es nueva?
Son ejemplos de la antología del disparate fiscal. Causaría risa de no ser porque tras cada disparate hay miles de contribuyentes indignados que lo sufren. Siendo así ¿por qué no se mejoran los impuestos y se persigue sin piedad a los defraudadores? Deberían saber los gobiernos que no basta con que el sistema les proporcione ingresos. Por dulce que sea el resultado para el fisco, como "Hacienda somos todos" el azúcar de los contribuyentes está subiendo a niveles críticos.
