La LORCA en esencia no era una mala ley de cajas de ahorro. Su perversidad le vino por sus usuarios: políticos o lacayos travestidos de consejeros y profesionales de medio pelo al servicio de intereses espurios cuando no de los propios. En la CAM durante su última etapa se juntaron ambos condicionantes, lo que dio lugar a la debacle de todos conocida. Algunos sospechábamos que la mayoría de la cúpula de la entidad no era trigo limpio. Los que no se aprovechaban de su posición para beneficio propio -aumentándose irregularmente sus remuneraciones o autoconcediéndose jubilaciones y seguros millonarios-, descapitalizaban la caja sufragando proyectos faraónicos como Terra Mítica o entregando créditos millonarios a promotores bajo sospecha como el famoso Pocero o Martinsa y usando con alegría y jolgorio tarjetas, dietas y viajes o presencia en consejos de administración foráneos y/o comisiones endógenas creadas para contentar vasallajes.
Mientras la dolce vita era el común denominador en las vidas de los dirigentes de la CAM, la crisis azotaba a clientes y trabajadores, a los que se les llevó como corderos al matadero a un callejón sin salida al hacerles comprar bajo intimidaciones por doquier y con mala fe en muchas ocasiones cuotas participativas o deudas subordinadas o cuotas preferentes. La pésima e irregular gestión y la mala praxis se puso de manifiesto cuando los interventores del FROB dieron a conocer que en el primer semestre las pérdidas superaban los mil millones de euros, para terminar el año en casi tres mil millones en negativo.
Con estos datos y la presión de la audiencia nacional a través del magistrado Grande Marlaska, que admitió a trámite la denuncia contra la cúpula que interpuso un abogado murciano, más la que se ha venido forjando a través de medios de comunicación, manifestaciones de organizaciones de usuarios y los propios afectados a los que se les despojó de su dinero, han hecho que el Banco de España tome por fin cartas en el asunto y abra expediente sancionador contra los que han puesto en solfa una entidad centenaria orgullo de todos los alicantinos. Los impositores, trabajadores y sociedad en general están de enhorabuena.
La sociedad necesita de castigos ejemplares para esta clase de individuos que han utilizado los bienes ajenos para beneficio propio con total impunidad durante demasiados años. La justicia debe pedir cuentas a quienes en visible extralimitación de sus funciones ha terminado por hundir a una de las instituciones financieras de más prestigio en el mundo de las cajas españolas. No pueden salir sin mácula alguna. Ni Amorós, ni López, ni Crespo, ni Meseguer, ni Llorca, ni Soriano, ni Sala, ni cualquier miembro de comité de dirección, consejo o comisión de control está libre de culpa. La sanción, la condena es cosa de los tribunales y del propio Banco de España.
