El ministro De Guindos ha tenido a bien informarnos a través de un periódico alemán de que esta semana el Gobierno se va a poner manos a la obra para entrar a saco en las reformas de la sanidad y la educación públicas. Le tenemos que agradecer que haya tenido la honestidad de anunciar las cosas allí donde verdaderamente importa, que es en Alemania, porque a fin de cuentas es la que hace y deshace sobre las cuestiones que afectan a nuestro país. Si hay algo que reprocharle al responsable de Economía es que todavía se ande con paños calientes y no hable con claridad de lo que verdaderamente quiere decir el Ejecutivo cuando habla de introducir reformas en el sistema educativo y sanitario, que no es otra cosa que pagar más por servicios públicos que hasta ahora se financiaban vía impuestos y que dentro de poco tendrán también un precio por uso. Nada que no nos esperáramos de este Gobierno que se ha mostrado tan sumiso ante todas las exigencias de Merkel y Sarkozy, ése que pese a marcarnos la hoja de ruta se dedica a ponernos a parir de mitin en mitin haciendo descender nuestra credibilidad en los mercados internacionales y, en consecuencia, disparando los intereses de nuestra deuda, por cierto, ante el escandaloso silencio de Rajoy y todo su Ejecutivo, que no se han atrevido ni a pedirle al franchute un poco de consideración para no ponernos la cosa más complicada de lo que ya de por sí la tenemos. Pero esta cuestión me está haciendo desviarme del tema que les quería hablar, que es el de los recortes, o por ser más concretos, de los recortes de los que o no se habla o se ha dicho muy poco, y que son, como pueden suponer, los que afectan a los políticos. A estas alturas de los hachazos, la mayoría de los españoles seguimos esperando un plan para meterle mano de verdad a las administraciones públicas, pero no a los funcionarios, que a esos los están sobando bien sobados desde el principio de la crisis. Me refiero a la composición política de los ayuntamientos, las diputaciones, los gobiernos y parlamentos autonómicos, el Congreso y el Senado. ¿Para cuándo una ley que obligue a unificar corporaciones locales, como se ha hecho en otros países? ¿Para cuándo una normativa que reduzca significativamente el número de ediles de los ayuntamientos, que en algunos municipios tienen más concejales delegados con sueldo que miembros tiene el gobierno de España? Y no me dirán que es más difícil lo primero que lo segundo y, si alguno no lo cree, le invito a revisar algunas de las delegaciones que llevan cargos públicos de los municipios de nuestro entorno, para morirse de risa si no es por el sueldo que cobran. Y ya que hablamos de dinero, ¿para cuándo un baremo que establezca el nivel salarial de los cargos públicos y responsables de empresas públicas para que ninguno cobre más que el presidente del Gobierno? Y de ahí para abajo en función de la dimensión, del presupuestos ¡y de la deuda contraída por cada una de ellas! Por último, y para no dejarnos nada en el tintero, ¿para cuándo la supresión de las diputaciones y el Senado y la reducción del número de diputados nacionales y regionales de los parlamentos, dado que la mayoría solo se dedican a apretar un botón?