Mi capacidad de asombro es inagotable. En el contexto de la batería de reformas emprendidas en el seno de la administración de justicia, el ministro de Justicia, el señor Ruiz Gallardón, me ha vuelto a sorprender con sus manifestaciones, al anunciar que las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo puedan ser realizadas por los notarios, así como la posibilidad de que éstos -los notarios- puedan también celebrar matrimonios.

Lo cierto es que el tema en sí no viene de nuevas, ya que el notariado, en un reciente congreso, reivindicaba dichas competencias, ampliándolas a la mediación, el arbitraje y aquellos temas relacionados con la jurisdicción voluntaria (de la que hace más de diez años estamos esperando su nueva regulación). Hay crisis para todas las profesiones, pero no me parece serio, ni aceptable que se intente salir de ella a costa del vecino de al lado y, mucho menos, ignorando el contenido del artículo 24 de nuestra Constitución que reconoce el derecho de los ciudadanos a la defensa y asistencia letrada, función atribuida en exclusiva a la abogacía.

No es menos cierto que, en "tiempos de las vacas gordas y el ladrillo", nadie nos llamó a los letrados para coadyuvar en su función y compartir tareas. Y así, como tantas y tantas veces se nos ha venido acusando de corporativismo, hoy se magnifica esa "tendencia abusiva a la solidaridad interna, defendiendo los intereses del cuerpo", a costa de otra profesión y en interés propio, sin contar con el ciudadano y sus garantías.

En más de una ocasión, desde estas mismas páginas, he manifestado la imperiosa necesidad que tiene el legislador de sacar a la luz, de una vez por todas, la "Ley de Servicios Profesionales", de la que se han elaborado ni más ni menos que cinco borradores en los últimos dos años, y que vendrá a clarificar y establecer cuál es la función específica de cada profesión.

Ahora, y como explicación a esa nueva función de los notarios, se nos vende la idea que con dicha medida se podrá evitar el colapso en los juzgados. Sin embargo, modestamente, creo que son otro tipo de causas estructurales -según manifiesta Gonzalo Pueyo, presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia- las que taponan los juzgados y no precisamente los procesos de divorcio y separación de mutuo acuerdo. Lo primero que habría que hacer es crear más juzgados especializados y dotarlos de medios, puesto que la reforma hay que hacerla desde dentro y nunca desde fuera y sin olvidar -sigo el razonamiento de Pueyo- que la disolución del vínculo matrimonial por divorcio afecta al estado civil de las personas, cuestión de orden público y, por tanto, sometida a control judicial.

Con fecha 2 de febrero pasado, el Consejo General de la Abogacía Española nos remitió a los letrados un comunicado en el que se manifestaba, entre otros extremos, que en reunión mantenida con nuestro presidente, Carlos Carnicer, el señor ministro había asegurado que dicha reforma no afectaría la preceptiva intervención del abogado en este tipo de procesos. Y, una vez más, como no me creo nada que venga de los políticos, me llegan, de forma providencial, unas declaraciones de doña Encarna Roca -magistrada de la Sala 1ª del Tribunal Supremo y catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona- que, entre otras manifestaciones, dice "Tengo muy poca fe en los políticos en el tema de la justicia".

Y yo que, personalmente, no tengo ninguna fe, ya que son muchos años oyendo las mismas promesas incumplidas, comparto aquello que dijo el poeta José Hierro, "Qué más da que la nada fuera nada, si más nada será después de todo, después de tanto todo, para nada".