Los sindicatos que representamos a los trabajadores de los Servicios Públicos, elegidos democráticamente en las elecciones sindicales, convocamos tres días de manifestaciones: el 21 y 26 de enero y el 25 de febrero, que sacaron a la calle a más de 700.000 personas en Alicante, Castellón y Valencia. El porqué de esta revolución social es sencillo: la ciudadanía no consiente el recorte de sus servicios públicos. Lo que está haciendo es defender, de forma cívica y pacifica, el mantenimiento de los servicios esenciales que cualquier ciudadano, de la ideología que sea, quiere tener en su entorno social y familiar: la educación, la sanidad, los servicios sociales, la dependencia, etc.
La Generalitat con su política de recortes masivos, debido a la nefasta gestión económica realizada durante los últimos años, ha cogido ahora la tijera y pretende que el conjunto del pueblo valenciano paguemos sus errores, sin buscar a los verdaderos responsables de este desaguisado que están escondidos en sus propias filas, y no en colegios, institutos u hospitales.
La Generalitat lleva este año, en su presupuesto de 13.754 millones/?, un recorte previo de 1.000 millones/?, un segundo de 1.053 millones/?, y está preparando un tercero de entre 500 y 1.500 millones/? más. Una barbaridad de ajuste que reducirá el presupuesto entre un 18% y un 25%, que ha reventado la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a las personas que viven en nuestra Comunidad. El segundo ajuste incluyó 258 millones en recortes de los sueldos que mensualmente reciben los interinos y los funcionarios del sector docente y sanitario, que ahora se han convertido oficialmente en los responsables de la crisis, y son utilizados como chivos expiatorios de los despilfarros y la mala gestión económica de estos años con los gobiernos del Señor Camps. No es posible que estos dos grupos de grandes profesionales, que mantienen con su dedicación y eficacia el sistema público de educación y de sanidad, sean ahora los responsables de que las agencias internacionales hayan calificado la deuda de la Generalitat como bono basura, ¡será que los funcionarios han decidido la política de eventos, fastos y saraos que lastran y ahogan económicamente a la Generalitat!
Ahora, para intentar calmar a las riadas de cientos de miles de ciudadanos indignados con el Consell, presentan un documento para negociar los recortes, documento que es insuficiente, falto de garantías y que no devuelve al statu quo anterior de los profesionales que garantizamos el correcto funcionamiento de los servicios básicos y el bienestar de nuestra sociedad.
El próximo viernes, el Consell, en su reunión semanal, deberá hacer un esfuerzo y reconsiderar los recortes que lesionan a las personas e hipotecan la correcta atención a la ciudadanía; si hay que recortar, tendrá que ser de lo superfluo, lo prescindible, lo suntuoso, lo inútilÉ Los buenos políticos son los que buscan soluciones a los problemas y no los que los crean; sin embargo, el pasado día 4 de enero, con la imposición del segundo recorte, la Generalitat creó uno de los mayores conflictos sociales que se ha visto; si quiere, ahora es tiempo de solucionar problemas y no de crearlos. Además, debe meditar que las acciones tienen repercusiones pues las legitimidades políticas se ganan o se pierden.
