Durante años se nos ha vendido que el País Valenciano era la tierra de las oportunidades. Poco a poco vamos despertando, a medida que comprobamos que, en realidad, nuestra autonomía está de saldo y que no todo lo que relucía era oro.
Ahora que somos el hazmerreír, nos descubrimos víctimas de una pésima gestión económica y de un constante saqueo de lo público para el enriquecimiento privado de unos pocos. De otra forma no se explica el desplome del PIB valenciano en los últimos diez años y de nuestro poder adquisitivo individual en relación con el resto del Estado. Todo ello, al mismo ritmo en que se dispara el nivel de endeudamiento de la Generalitat hasta niveles insostenibles. ¿Algún responsable?
La situación es absolutamente crítica. En 2011 volvió a aumentar un déficit autonómico que ya era inasumible. La Generalitat ha tenido que ser rescatada por el Gobierno central para hacer frente a sus acreedores y a los pagos pendientes de farmacias, transporte, colegios, libreros, universidades, turno de oficio, nóminas, etc. En esa situación de quiebra, el Consell decretó en enero casi cinco céntimos de impuestos añadidos a los carburantes, una subida de IRPF y 1.000 millones de recortes de inversión en servicios públicos y en condiciones laborales y salariales de los trabajadores que los prestan.
La Plataforma Sindical de los Servicios Públicos ha estado realizando manifestaciones en defensa de los mismos desde noviembre de 2011. Han sido unas movilizaciones que se han transformado en masivas a partir del Decreto Ley 1/2012, cuando toda la ciudadanía ha respondido en la calle defendiendo unos servicios públicos de calidad, lo que incluye, no lo olvidemos, no recortar las condiciones laborales de los empleados públicos que los hacen posible con su trabajo. Concretamente, Alicante ha acogido en los últimos días manifestaciones contra la reforma laboral, marchas de denuncia del despilfarro y movilizaciones espontáneas denunciando la violencia policial contra el alumnado del IES Lluís Vives de Valencia. Ningún político debería permanecer ajeno a esta realidad.
Podría parecer que todo ello entra en contradicción con el hecho de que la población haya otorgado una mayoría absoluta al Partido Popular. Nada más lejos de la realidad, si aceptamos dos hechos: la democracia no acaba con el voto, sino que se debe ejercer todos los días, y que la confianza se depositó en las urnas para aplicar un programa electoral que nada decía de devaluar lo público, eliminar derechos laborales o aplicar recortes sociales.
Las noticias que llegan sobre el déficit del Estado y de la Generalitat y los anuncios de nuevos recortes que nacerán con la Ley de Presupuestos nos debe concienciar para avanzar en la respuesta ciudadana.
Ya conocemos lo que están haciendo con nuestros derechos laborales, ya conocemos la situación de la educación y ya sabemos del futuro que se nos avecina a nosotros y a nuestros hijos. Conocemos cómo se devalúan las prestaciones en la sanidad pública, cómo se preparan copagos de lo que ayer era universal y gratuito. Sufrimos la subida de los transportes públicos sin aumento de la calidad, se nos anticipan nuevos impuestos y todos padecemos la pérdida de puestos de trabajo mientras solo unos pocos siguen acumulando beneficios. Y nadie acierta a ofrecer otra solución que la de más ajustes y más recortes. Nada nuevo en el horizonte.
La reforma laboral y el ataque al Estado de Bienestar que el Gobierno ha puesto en marcha exigen la respuesta social más amplia posible. Está en juego nuestro modelo de convivencia.
No olvidemos que se vulneran derechos de los trabajadores y trabajadoras, de personas en paro, de personas dependientes, de pensionistas, de jóvenes y mujeres.
Los sindicatos hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras para que participen en esta huelga, así como al resto de la ciudadanía para que la apoye y se manifieste contra estas medidas que, de llevarse a cabo, acabarán con derechos históricos, que tanto costó conquistar.
(*) Este artículo lo firman también Francisco García y Antonia Segura, del área pública de
CC OO en l´Alacantí.
