En el ejercicio de la política, hay actuaciones que tienen una dimensión táctica, puntual o temporalmente acotada. Se trata de acciones específicas realizadas en momentos y lugares concretos. También hay acciones planificadas que responden a un conjunto de criterios diseñados para garantizar la adopción de la mejor decisión, en cada momento. A esto último le llamamos estrategia y se define de acuerdo con los objetivos de cada organización. Viene esto a cuento del veredicto de no culpabilidad, dictado por el jurado en el asunto de los trajes de Camps y de las opiniones que se han vertido sobre la conveniencia o inconveniencia de recurrirlo.
Después del bochorno que soportaron muchos afiliados del PP, conforme se iban practicando las pruebas en el juicio y el estallido de júbilo del reducido círculo de allegados tras la lectura del veredicto, algunos han pretendido dar a la decisión el rango de verdad incuestionable. Como si de una revelación proveniente de un ser superior se tratara, han venido a anatematizar a todo el que osara discutirla. Las cosas en su sitio. La decisión de un tribunal, sea de jurado o profesional, cumple una función social cuya fortaleza emana de la aplicación de un procedimiento legal y no de la racionalidad intrínseca de dicha decisión. Es decir, la necesidad que tiene una sociedad organizada de poner fin a los conflictos obliga a construir la ficción de que las resoluciones de los tribunales constituyen la verdad judicial que debe ser socialmente aceptada y acatada. Eso y solo eso. Lo que no quiere decir, en ningún modo, que las citadas resoluciones no puedan ser sometidas al juicio de la razón. Por decirlo llanamente: no se podrá calificar a Camps de delincuente pero se puede, ¡y vaya si se puede en este caso!, discrepar del fallo y criticarlo. La verdad judicial no puede hacer desaparecer, como por arte de magia, todo lo que hemos visto y oído, en el tribunal, a lo largo de este tiempo. En el asunto que nos ocupa concurre, además, la circunstancia de que la resolución no es firme, pudiendo ser discutida en el terreno de lo judicial, mediante el oportuno recurso. La ficción de la verdad es atacable porque el poder judicial no ha dicho su última palabra.
A raíz de nuestro anuncio de recurso, se han escuchado voces, desde la izquierda y desde la derecha, que recomiendan no interponerlo y dar por concluida la cuestión, por razones de "conveniencia política". Se argumenta que un hipotético rechazo o desestimación del recurso tendría un coste político para los socialistas, lo que provocaría un riesgo innecesario. No lo veo así. Riesgo hay, pero me parece imprescindible afrontarlo. Aquí es donde vuelvo al comienzo del artículo. En mi opinión, la lucha contra la corrupción no es una cuestión táctica sino estratégica, en la acción política de los socialistas. Debe constituir un criterio esencial a la hora de orientar nuestra actividad, en todo momento. No puede ser de otra forma. La corrupción da cobijo al más inmoral de los privilegios, como es el que se ampara en la utilización espuria de los poderes públicos entregados por los ciudadanos a sus gobernantes. Nuestro ideario se orienta a la búsqueda de la igualdad, como objetivo irrenunciable, lo que nos ha obligado a combatir todo tipo de privilegios a lo largo de la historia. En esta tarea titánica, el Estado democrático ha venido a ser un refuerzo indispensable. ¿Cómo vamos a tolerar que la corrupción lo resquebraje? No hay opción. No es una cuestión táctica que podamos acomodar al momento o a las circunstancias del caso. Cualquier rédito político obtenido a costa de debilitar las instituciones democráticas es pan para hoy y hambre para mañana. Los poderosos no necesitan al Estado. Les estamos viendo día a día intentar recortar su capacidad y sus medios, procurando limitar su función social. Es nuestra obligación defenderlo con uñas y dientes, lo que exige, también, velar por su prestigio. En esa batalla, habrá que arriesgar lo que sea necesario.
El veredicto del jurado, en el caso de los trajes, ha sido motivo de escándalo en ambientes judiciales y extrajudiciales. Resulta descabellado en el fondo y vergonzosamente zafio en la forma, como todos han podido comprobar. Lo menos que se puede decir de él es que constituye un monumento a la arbitrariedad, lo que no es ni constitucional, ni aceptable. Por eso hay que recurrirlo. Y hemos de hacerlo nosotros, visto el cambio de rumbo que ha impuesto en la Fiscalía el nuevo Fiscal General, nombrado por el Gobierno de Rajoy. Este comportamiento, a las primeras de cambio, no augura nada bueno en la lucha contra la corrupción. Hace algunas semanas escribí aquí que Camps había pagado ya un precio político por sus actuaciones. No se trata de que pague otro. Se trata de defender, hasta donde haga falta y mientras quede aliento, principios esenciales sin los que no vale la pena dedicarse a esto. Debo añadir que, según mi criterio, los socialistas no ganaremos nunca las elecciones en esta Comunidad sin recuperar el prestigio de las instituciones y el aprecio por la actividad política. Eso pasa por ejemplarizar la lucha contra la corrupción, venga de donde venga. En estos tiempos en que se pide tanto cambio, tal vez convenga no olvidar lo esencial.
P.D.- A punto de remitir este artículo, conozco la noticia de la condena de Garzón. Cobra más fuerza lo escrito. El abogado denunciante, Peláez, abogado habitual de imputados del PP y de miembros de la trama Gürtel, clama ya por la anulación de todos los procedimientos que afectan a miembros del PP y a esta trama. De eso se trataba. ¿Alguna duda respecto de nuestra posición en relación con la lucha contra la corrupción?
