El Consejo de Ministros acaba de aprobar la reforma financiera con el propósito de sanear cajas y bancos, ofreciéndoles 15.000 millones de euros más que añadir al mucho recibido, dándoles plazos para pactar más fusiones, con lo que nos acercaremos a un oligopolio de oferta bancario, y exigiéndoles que eleven las provisiones hasta un 35% de sus stocks inmobiliarios no deseables, para favorecer la salida, ingresar más dinero y así cumplir su objetivo de acabar con la sequía crediticia que está impidiendo que llegue a familias y empresas el flujo financiero imprescindible para reactivar la economía.

Aunque el dinero empleado no vaya a costar nada a medio plazo a los españoles, ya que se concederá a un interés del 8%, nadie puede garantizar que el desenlace de alguna operación sea crítica para alguna entidad prestataria, por lo que sigue sonando a música celestial todo lo que se cierne en torno a un sector, en el que los banqueros beben de manos de los políticos el dineral que les ha salvado de la bancarrota sin que les duelan prendas por no emplearlo en conceder créditos a las pymes y familias que se mueren de inanición, pese a que siguen arrojando beneficios sus cuentas de resultados y entregan sin rubor dividendos a sus accionistas. El propio presidente del Santander, que ha culpado a los políticos de la crisis, contempla impertérrito cómo Francisco Luzón, responsable de su banco para América Latina ha abandonado el grupo con un fondo de pensiones bajo el brazo de 60 millones de euros como mínimo -10.000 millones de pesetas-, y sin escandalizarse explica que "está justificado por la buena labor que ha realizado en el banco". ¡Qué desfachatez!, es todo un botín en estado puro.

No les duelen prendas a los banqueros por retirar dinero que el Banco Central Europeo pone a su disposición desde diciembre pasado al 1% en préstamos a tres años e invertirlo en deuda soberana a tipos superiores al 3%, mientras aumentan las exigencias de solidez y los requisitos a pymes, autónomos y familias, pese a ser los principales generadores de empleo. Si el presidente Rajoy cree en sus promesas electorales, debería meter en cintura al sector financiero, exigiéndoles un apoyo sin excusas a quienes luchan contra el vendaval de la recesión y como héroes intentan crear empleo. Es más, debería acabar con la desvergüenza que se da en el sector y otras altas instituciones empresariales, en las que los ejecutivos, sin el menor pudor, se pertrechan con retribuciones y jubilaciones multimillonarias, pese a su mala gestión, como es el caso de los directivos de la CAM y de tantas otras cajas de ahorro que han dilapidado el dinero de los españoles, mientras más de cinco millones luchan a diario por encontrar empleo y más de diez millones por supervivir.

De ejecución inmediata debería ser el proyecto que anunciaron para hacer pagar hasta con cárcel a los gobernantes que, excediendo sus competencias, y aun sin llegar a la corrupción, incurran en el despilfarro, porque una cosa es gastar el dinero recibido de los ciudadanos y otra, mucho más grave, endeudarlos hipotecando su futuro. Con ello no solo se inhabilitaría a los políticos despilfarradores sino que se encarcelaría a quienes hagan mal uso de los recursos públicos o nos endeuden sin contar con el soporte presupuestario. No está nada mal el plan ¡lástima que en Derecho Penal no sea posible la retroactividad!

Y es que los políticos son incapaces de contener el derroche: siguen celebrando victorias (PP), cenas de despedida (PSOE) y mítines para preparar la elección de secretario general (PSOE), Congresos (PP y PSOE), precampañas para elecciones autonómicas en Andalucía o repiten la celebrada hace apenas seis meses (Asturias). Los actos, innecesarios y nada ejemplarizantes, se desarrollan como una trama inacabable, porque, como dijo Jacques B. Bossuet "La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir". Lo malo es su alto coste y el escándalo que genera en un país en el que aumenta de manera exponencial la pobreza.

El actual Gobierno, a las puertas de una recesión de tipo W, es consciente de la urgencia por ejecutar medidas que nos saquen de ella y prevé aprobar el viernes próximo la reforma laboral. Lástima que en otras materias, tanto o más necesarias no vaya a mover ficha antes de las elecciones andaluzas por el mal predicamento que tienen las medidas de ajuste, y hasta finales de marzo no apruebe los presupuestos para el 2012 y las principales medidas de política económica, entre las deberían estar las de estímulo y crecimiento porque, como tantas veces he apuntado, la austeridad extrema no lleva más que al estancamiento. Con tanto recorte, el abrigo se nos quedará en un chaleco insuficiente para afrontar el frío gélido que nos invade.

No caben excusas, hay que aprobar y ejecutar de inmediato las reformas y entre ellas la que ponga en su sitio a tanto desaprensivo suelto. Como en la anécdota del concierto de piano, donde un espectador le preguntaba a su vecino ¿qué le parece la ejecución?, yo respondería igual: algo excesiva, pero al menos cinco años en la cárcel sí les metería.