Cinco de los nueve ciudadanos que componían el tribunal popular que debía juzgar el caso de los trajes no han encontrado elementos probatorios suficientes para culpar a Camps y Costa de cohecho impropio. A expensas de la resolución de los previsibles recursos que puedan plantear la fiscalía y la acusación particular, para ambos acaba un auténtico suplicio. Hay que felicitarles por ello. Paradójicamente, la absolución les rehabilita como ciudadanos después de que, alentados por el PP, elaboraran un escrito de aceptación de los hechos y reconocimiento de la culpa que sólo prosperó en el caso de otros dos acusados iniciales, Víctor Campos y Rafael Betoret, quienes se declararon culpables y aceptaron pagar la indemnización equivalente al precio de las prendas que les regaló la trama Gürtel.
Contradicciones al margen, el expresidente del Consell y el exsecretario general del PPCV son hoy inocentes y debe acatarse sin reservas la decisión del TSJCV, que niega toda responsabilidad penal. Y tan felices como los afectados deben estar los abogados defensores, particularmente Javier Boix, cuya labor ha resultado determinante en el juicio. Con el expediente judicial inmaculado, Camps y Costa están en disposición de exigir su rehabilitación política, pero es ahí donde los acusados han podido sufrir los mayores daños colaterales. La vista oral ha sembrado muchas dudas sobre el comportamiento moral de los principales dirigentes del PP valenciano. La audición de las grabaciones telefónicas y la revelación de las investigaciones policiales les deja tocados. Y cabe subrayar que la trayectoria judicial del caso Gürtel no ha concluido. A la trama corrupta dirigida por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes" todavía le queda un largo recorrido mediático y judicial.
