Ante Dios y ante la Historia. Esa es la responsabilidad que los políticos y los partidos quieren, la única, subordinada al concepto de lo "político", término este tan etéreo y amplio que bajo el mismo cabe incluir la corrupción, el despilfarro, el ahogo de los servicios públicos y la miseria colectiva. Ya lo ha dicho hace unos días Chaves: la responsabilidad por actos "políticos" solo cabe exigirse en el Parlamento. Y por político, naturalmente, entienden cualquier comportamiento de los políticos.
Los responsables de la actual y grave situación son quienes nos han gobernado aquí y acullá; cada cual de su formación y tiempo, porque, con matices, pocas diferencias sensibles cabe hallar entre un aeropuerto ruinoso en Castellón y otro en Ciudad Real o Lérida. Todos han coincidido en blindarse ante las responsabilidades, eximirse de ellas cuando la ley las exige a todos los demás o no reformar ni una norma de la cual pudieran derivarse.
Ante la propuesta gubernamental de exigir responsabilidad penal a los malos gestores públicos, aunque poco concreta, han saltado muchos con ardor, ante la mera mención a su posibilidad,reivindicando su derecho a la impunidad y a regir nuestros destinos con libertad plena, cual dueños de nuestras vidas y haciendas y reclamando la inviolabilidad de sus personas y patrimonios ante cualquier demanda ciudadana. Ellos solo responden ante ellos, ante sus partidos, ante sus aparatos, los que les nombran, para continuar la labor del empobrecimiento colectivo y el enriquecimiento personal y de la organización a la cual pertenecen. Solo responden ante quienes, conscientes de sus graves limitaciones, su ignorancia y su falta de ética y empatía social, les designan para permanecer vitaliciamente en los cargos, nombrando como expertos a sujetos que no alcanzan siquiera la categoría de alfabetizados, pero leales y prudentes en el secreto.
Exijo responsabilidades a los políticos en igual medida que las que gravan a los demás ciudadanos ante sus actos. Pero, como las penales son complejas, extrañas y susceptibles de generar alucinaciones que ven contubernios policiales y judiciales por doquier, las quiero pedir donde más duele y donde a los ciudadanos nos gustaría que existieran. Las civiles, las que afectan al patrimonio. En las próximas semanas me gustaría abordar las diferentes vías por medio de las que debería exigirse tal responsabilidad a los políticos y también a los partidos que los nombran, mantienen y elevan a dignidades inmerecidas a aquellos que despilfarran, a aquellos que gastan lo de todos en su honor o persona o la de sus próximos, que benefician a terceros a cambio de prebendas o dádivas o que, sencillamente, por su incapacidad, nunca debieron estar en lugares tan elevados. En resumen, exijo que quien se lo lleva crudo, lo devuelva y responda con todos sus bienes y que, en caso de que este sea insolvente, pague el partido que lo puso en lugar tan sensible. Si así fueran las cosas, se impondría la diligencia como referencia en la actuación política y se buscaría a los mejores, actuando los nombrados con prevención y cuidado.
Se trata de que los políticos sean iguales a los demás. En España, en cualquier sociedad mercantil, sus gestores responden por las deudas sociales si han actuado con falta de diligencia, entendiéndose por diligencia (en términos no jurídicos, pero sí comprensibles) comportarse igual a como lo haría cualquier persona prudente y razonable. Un padre no compra un coche si no tiene para el colegio, para comer o para el médico de sus hijos. Ese es el listón ordinario y al que deben someterse las decisiones políticas. Los cargos públicos con disponibilidad sobre el gasto, los administradores de empresas públicas, incluidos los políticos casi analfabetos que se nombran para sus consejos de administración (hasta para el Congreso), deben responder de las deudas sociales si han actuado sin la diligencia debida y ésta ha de ser medida atendiendo a la prudencia de la decisión. Si los colegios públicos carecen de lo mínimo, si no se cumple una ley de dependencia, que es ley, si mueren personas por falta de atención médica, no se puede gastar en parcelas innecesarias, no solo fastuosas, por muy políticamente correctas que parezcan. Esa responsabilidad nunca alcanzaría una deuda generada para satisfacción de las necesidades básicas, porque no es el déficit lo que debe ser reprendido, sino el despilfarro injustificado.
Y, los partidos políticos deben responder subsidiariamente, con sus bienes y patrimonio, de los actos negligentes, dolosos y delictivos de sus cargos públicos cuando ellos mismos, por cualquier vía, los hayan nominado. Esa responsabilidad "in eligendo" ha de ser interpretada razonablemente habida cuenta el monopolio partidista en la designación de los cargos públicos, el control de las listas, la falta de requisitos y criterios éticos incluso para ocupar ciertas funciones y el resultado de la quiebra colectiva del Estado del bienestar. La responsabilidad civil es la consecuencia lógica de su libertad absoluta y su poder. Si un político acepta indolentemente un cargo para el que es incompetente y nombra como asesores a sujetos menos capaces que él, debe responder por su negligencia injustificable, porque fue libre para asumir la poltrona, nadie le obligaba y tampoco a su partido para apostar por una persona concreta.
Pocas reformas legales cabe hacer para que esta responsabilidad, que paguen los políticos que despilfarren o se corrompan o los partidos que los nombran en su defecto, se plasme en la ley. Basta querer o que queramos los demás. Ha llegado tan lejos que es inevitable.
