Uno de los efectos más nocivos de la crisis financiera internacional y, especialmente, de las medidas que los gobiernos europeos están tomando, según dicen, para solucionarla, es el retroceso, no sólo del limitado Estado de Bienestar que teníamos, sino también del Estado Social, Democrático y de Derecho.

La red de servicios públicos está siendo gravemente recortada por los mismos que deberían impulsarla y protegerla. La sanidad, la enseñanza, la atención social, los servicios generales, hasta la protección de los colectivos más vulnerados están viendo limitada su acción mediante el recorte presupuestario y el continuo cuestionamiento sobre la eficiencia, eficacia y rentabilidad de las gestión directa de los servicios públicos.

La red de servicios públicos es la base, el pilar sobre el que se asienta el Estado social y garante de los derechos de la ciudadanía. El abandono de los servicios públicos, con gestión directa u otras formas, supone un ataque frontal a los derechos constitucionales de las personas.

Por su parte, el gobierno valenciano, debido a su pésima gestión económica y a la estrategia de desprestigio, desmantelamiento y, al final, privatización sin cuartel de los servicios públicos se ha convertido en un factor de empobrecimiento de la población y de quiebra de la cohesión social: recortes de personal, precarización del empleo público, impagos a proveedores, una morosidad irresponsable que está llevando a la ruina a entidades sociales y empresas que deben adelantar el pago de los servicios que prestan sin que se les abonen las facturas y que ya no pueden más. Esta situación, está suponiendo un sufrimiento inaceptable a miles de personas trabajadoras y sus familias que no perciben su salario tras haber cumplido con su trabajo.

Y, mientras, el dinero público, el de los impuestos indirectos que no han dejado de subir, el que se consigue malvendiendo deuda en los mercados internacionales, se dedica, en su mayor parte, a pagar a empresas corruptas, a la política de grandes eventos ruinosos y, sobre todo, a avalar a un sistema financiero en quiebra. Paro, pobreza, desahucios, desmantelamiento de Pymes, EREs en organizaciones sociales, desprotección social, conflictos colectivos, paros y huelgas, etcétera, son parte del precio que la clase trabajadora está siendo obligada a pagar para tratar de salvar de la ruina a bancos y entidades financieras.

Esta situación supone un ataque brutal al sistema de derechos laborales y sociales que tanto esfuerzo nos ha costado levantar durante generaciones a las personas trabajadoras. Los actuales gestores políticos de lo público se han rendido a los intereses especulativos de los grandes grupos financieros. En un momento en el que es más necesario que nunca disponer de una red de servicios públicos que garantice la cobertura de los derechos ciudadanos básicos, los gobernantes están recortando presupuestos e, incluso, dejando de pagar servicios ya prestados. Nos están imponiendo que a más crisis especulativa, menos Estado social y democrático.

En el afán de ajustar el déficit público, la estrategia neoliberal no cesa de recortar el gasto público, fundamentalmente en salarios directos y diferidos, mientras que no para de trasladar al mercado privado la implementación de las funciones sociales del Estado, abandonando la acción sobre otros gastos de dudoso sentido y sobre los ingresos públicos que podrían resolver esta crisis, sin necesidad de seguir maltratando y empobreciendo más a la clase trabajadora.

La mercantilización de los servicios públicos produce un encarecimiento importante del servicio, una precariedad creciente en las condiciones de trabajo y una más que dudosa prestación del servicio para las personas usuarias. Pero, además, se han enrarecido las condiciones de trabajo en las administraciones públicas y en las entidades privadas que gestionan servicios públicos; se ha multiplicado el número de conflictos laborales, los despidos y las convocatorias de huelgas y protestas; las medidas de ahorro sólo están provocando una merma considerable de la calidad de los servicios públicos prestados.

Los recortes a los servicios públicos suponen un ataque frontal a la calidad de vida de las personas. En Alicante el paro se ha disparado, casi la mitad de los jóvenes que quieren trabajar no encuentran empleo y siete de cada diez que lo encuentran lo hacen en condiciones precarias; se baten records en desahucios y en población transeúnte y sin vivienda; la tercera parte de las personas desempleadas está desprotegida, una de cada cuatro personas es pobre, se multiplican las demandas de ayudas sociales mientras la Ley de la Dependencia y la de la Renta Garantizada de Ciudadanía se bloquean e inutilizan; en los hospitales y escuelas públicas falta personal y material educativo. Precarizar las condiciones de trabajo del personal del sector público es precarizar los servicios que se prestan.

Las soluciones a la crisis que los gestores públicos proponen, siguen la misma línea de fracasos en que se basa las reformas laborales que precarizan la contratación y abaratan el despido, recortes en prestaciones y servicios y abandono de las obligaciones públicas, con el fin de dar la máxima disponibilidad de crédito público a salvar al sector financiero de una ruina más que evidente.

Así, CC OO como organización sindical y sociopolítica, seguiremos impulsando la defensa del bienestar de la clase trabajadora. Entendemos más necesaria que nunca la acción de este sindicato y el conjunto del tejido social alicantino para articular y promover una respuesta colectiva ante el desmantelamiento de lo público. Como ya adelantó nuestro secretario general, Ignacio Fernández Toxo, debemos crear espacios de encuentro y consensos con asociaciones, plataformas y entidades sociales donde podamos compartir objetivos, demandas y métodos.

Desde CC OO L'Alacantí-Les Marines hacemos un llamamiento a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas para que asumamos la responsabilidad que nos corresponde como clase trabajadora organizada, en la defensa del Estado social y sumemos las distintitas sensibilidades sociales que también ven con preocupación la estrategia de volcar sobre las personas todo el peso de una crisis que no hemos provocado.

Asumamos la defensa del Estado social a través de los servicios públicos como trabajadores y trabajadoras de los mismos y como sujetos activos de los derechos de ciudadanía. Por ello, tanto como persona que trabaja en los servicios públicos como usuaria de los mismos, acude a la manifestación del 26 de enero, en defensa de los servicios públicos en Alacant. No son tiempos para la resignación que nada resuelve, y como dice Galeano, "actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sólo sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable".