Muchas personas suelen quejarse, y con razón, de la disparidad de criterios que existen en materia judicial al resolver de forma distinta en algunos casos cuestiones que los ciudadanos esperan que tuvieran una respuesta única y uniforme aplicada en la misma forma y extensión para todos los casos, siendo este uno de los objetivos más perseguidos por todos los que trabajamos en la Administración de Justicia. Sin embargo, esto no siempre es posible, como la experiencia práctica nos demuestra. Y ello, por varias razones.
En primer lugar, la principal razón de esta disparidad de criterios que en nada beneficia a la Administración de Justicia y que le hace perder credibilidad, es la defectuosa regulación que muchos textos legales nos ofrecen y que dan lugar, por esta propia indefinición, a que los tribunales interpreten de forma distinta algunas normas jurídicas que son confusas y/o que no han sido redactadas con mucho detalle y tacto. Así, señalábamos en nuestro artículo sobre la necesaria reducción de la burocracia para ganar en agilidad que esta reducción de la burocracia debía venir propiciada por la actuación del Poder Legislativo, pero no del Judicial, porque este no puede afrontar una reducción de trámites en el proceso so pena de incurrir en infracciones que den lugar a nulidades. Y es que la reducción de la burocracia solo puede venir propiciada por el Poder Legislativo tras la presentación de un Proyecto, o varios, por el Poder Ejecutivo, que son los que tienen que aprobar normas o reformar las existentes, para que los textos supriman pasos inútiles que entorpecen los trámites y nos aburren a todos con pasos intermedios o "tiempos muertos" que impiden que el ciudadano tenga un juicio justo en el tiempo.
Pero la verdad es que poco o nada se cuenta con el Poder Judicial a la hora de afrontar estas reformas legales que clarifiquen la norma y que impidan que existan distintos criterios judiciales. Porque cuando estos se producen es porque la norma no es clara, o porque hay una laguna legal que determina que los órganos judiciales exijan en unos casos unos requisitos y en otros los distintos. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo viene en algunos casos a equilibrar estas disparidades, pero, por un lado, no todos los temas donde existen problemas de criterios llegan al Tribunal Supremo, por lo que las Audiencias Provinciales resuelven de forma unilateral sobre lo que cada una opina en temas controvertidos, lo que produce inseguridad, y en otros casos tardan tiempo en llegar, mucho tiempo, porque para que lo hagan deben pasar varias instancias judiciales que hace que aunque asumiéramos la doctrina de este Tribunal en el caso de que un tema llegara habría transcurrido mucho tiempo de inseguridad desde que una norma se ha aprobado.
En segundo lugar, resulta que aunque judicialmente intentemos unificar los criterios en los tribunales resulta que los acuerdos que se adopten no son vinculantes por muy extraño que parezca, por cuanto no existe normativa que vincule a que un determinado acuerdo pueda ser eficaz frente a todos los tribunales y todos los juzgados en base al principio de la independencia judicial. Lo cierto es que hace unos diez años hubo un borrador de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que a punto estuvo de aprobar una norma que regulaba que en caso de que en una provincia los tribunales superiores aprobaran un criterio por mayoría de 3/5 serían vinculantes para los tribunales que no hubieran votado a favor el acuerdo y para los órganos judiciales. Sin embargo, como todos los proyectos lógicos y serios que podrían haber resuelto estos problemas históricos en la justicia, se quedó en el tintero de los proyectos y de las ideas.
Por esto, este Parlamento que en breve se constituirá tiene la posibilidad de acabar con tanta disparidad y resolver de una vez por todas los problemas de interpretación de temas distintos que tiene la justicia, y de dar la verdadera fuerza a las normas de unificación de criterios. Porque ¿de qué sirven si no son vinculantes? Tomemos textos que se quedaron en el tintero, ideas y proyectos no ejecutados y lancémoslos al B.O.E. a ver lo que pasa. Mejor que ahora seguro que estaremos. No tengo ninguna duda. Ni usted creo que tampocoÉ
