Desde que estalló la crisis inmobiliaria, las entidades financieras han acumulado en sus activos ingentes cantidades de bienes inmuebles, rechazados por el mercado inmobiliario. Operaciones de financiación que deberían haber aportado los resultados negativos correspondientes a operaciones fallidas donde, aunque una operación hipotecaria se reserva una garantía real sobre el bien que está financiando, lo cierto es que cuando las tasaciones han actuado de trampolín para que las operaciones tomen impulso y fuera de la línea de seguridad entre el 60% y el 80 % del valor de bien, algunas adquisiciones fueron financiadas incluso con un 120 % del valor del bien hipotecado.

En el momento en que el mercado pierde su dinámica de crecimiento exponencial y desorbitado, la demanda se contrae y el mercado se satura con bienes que no serán adquiridos en mucho tiempo. Las entidades financieras, prisioneras de los compromisos de retribución de dividendos que han adquirido con sus accionistas y profundamente preocupadas por la posible pérdida del valor de sus acciones, han abandonado su negocio habitual de la intermediación para invertir todos sus recursos en el mantenimiento de sus activos tóxicos dentro del balance sin provisionar las perdidas e incluso generando beneficios artificiosamente.

Mientras entidades como Deustche Bank, en el ejercicio 2008, se atrevía a hacer públicas unas perdidas de 4.800 millones de euros, en España ninguna entidad ha dado pérdidas durante la crisis más cruenta que se recuerda, todas han tenido la desfachatez de dar rienda suelta a su creatividad contable para falsear las cuentas, llegando a la incongruencia de generar beneficios inexistentes y repartir dividendos con el capital aportado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de ahí que "Spain is different".

Al mismo tiempo, en Islandia, el exprimer ministro conservador Geeir H. Haarde será juzgado por negligencia durante su mandato en el que se produjo el colapso bancario del país en octubre de 2008. Es la otra cara de la moneda. Así, en nuestro pais, regalamos un "retiro dorado" a todo el mundo: desde miembros de los consejos de administración y presidentes de las entidades intervenidas por el Banco de España hasta al mismísimo Zapatero como al resto de su séquito, que se marcharán a su chalet de lujo con pensiones vitalicias que indudablemente, ellos sí cobrarán, el resto ya veremos...

Políticos ocupados en negar la crisis y mantener a cualquier precio el infame gasto al que comunidades autónomas y Estado estaban acostumbrados a tener, no por la vía de la generación de ingresos, sino por el endeudamiento desorbitado y carente de cualquier planteamiento previo de viabilidad de la devolución.

Su técnica es sencilla: únicamente hay que fabricar más deuda cuando se produzca el vencimiento de la que se está gastando en ese momento, un pilar básico para la economía de la insostenibilidad y, mientras, las entidades financieras encuentran en el miedo y en la incompetencia de los políticos la "charca" necesaria donde bañar su ineptitud, obsesionándose con la conservación en los balances de los bienes que no pueden enajenar a los precios a los que han sido recibidos, por eso los bancos dejan de hacer su negocio tradicional de la intermediación financiera y se dedican a cobrar comisiones que se inventan por los conceptos más variopintos, ellos tiene que cubrir sus gastos estructurales y además tienen la connivencia del Banco de España para poder cometer sus desmanes, camino despejado hacia el desastre.

De esta forma, el mercado financiero queda bloqueado, los bancos tienen los recursos de que disponen paralizados por culpa de la financiación de sus activos tóxicos. La consecuencia directa es que el dinero deja de fluir en el mercado para pymes y consumo; las grandes empresas aún pueden seguir financiándose, pero los particulares, autónomos y pequeñas y medianas empresas ven cómo, desde el año 2008, su capacidad de endeudamiento se ha reducido prácticamente a la nada.

Esto tiene una influencia directa sobre el mercado laboral con un alarmante crecimiento del desempleo que, a su vez, minimiza el consumo convirtiéndose en un circulo vicioso del que no se ve salida. Por tanto, se convierte en una necesidad imperiosa el que estos activos tóxicos abandonen de una forma u otra los balances de las entidades financieras. Una urgencia que se suma al inmovilismo de los bancos y que solamente retrasa e incrementa el desastre, por eso es necesario que, desde el gobierno, se cree un "banco malo". Una entidad de naturaleza evidentemente estatal que se podría capitalizar con los restos del FROB, con el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) y con una deuda especial que captaría dinero negro al 0 % con una emisión a cinco años, como ya se llevó a cabo en los años 80, en tiempos del ministro Solchaga.

Si llevamos a números de las últimas estimaciones que aparecen en la prensa, nos encontramos que los activos tóxicos inmobiliarios pendientes de saneamiento alcanzarían un valor de entorno a unos 176.000 millones de euros; si se buscase una dotación intermedia entre el valor de adquisición y el valor actual de mercado, podríamos estar hablando de porcentajes de depreciación desde un 30 % hasta un 50 %, lo que supondría una necesidad financiera desde 88.000 a 123.000 millones de euros aproximadamente.

El FROB de una u otra forma está obligado a invertir en las distintas entidades intervenidas con un importe no inferior a los 60.000 millones de euros, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito se encuentra capitalizado con las cantidades aportadas por las entidades financieras en los últimos años, sin haber sido dispuestos los aproximadamente 3.000 millones de euros de que dispone y por último la emisión de deuda pública especial para devolver al circuito legal parte del dinero negro no operativo, supondría una recaudación sin coste directo de 38.000 millones de Euros, según estimaciones del Gobierno.

Esto, llevado a cabo a principios de 2012, para tener todo un ejercicio por delante a la hora de recuperar parte de las perdidas afloradas por el sistema bancario, provocaría un efecto sobre la entidades financieras que sustituidos los activos tóxicos por liquidez y con la inminente necesidad de recuperarse en la cuenta de resultados, forzosamente tendrían que volver a vivir de su negocio habitual, la intermediación financiera, desbloqueando de esta forma el mercado financiero y consiguiendo que el dinero fluya hacia particulares y pymes.

En mi opinión, la necesidad de utilizar el "banco malo" como instrumento de desbloqueo del sistema financiero,es evidente, otro problema es si nos parece justo, evidentemente no es justo en absoluto, puesto que las entidades que no han sabido cuidar sus inversiones, siguiendo una política de orgía financiera, carente de control y de prudencia, ahora se verían más favorecidas por la intervención de los fondos públicos.

Además, por otra parte, nos encontramos con la injusta medida de la amnistía fiscal generada a través de la deuda especial, que pone en entredicho la validez del esfuerzo de los contribuyentes honrados contra la insolidaria postura del defraudador que ahora igualmente se vería recompensado.

Pero seamos prácticos: cuando las instituciones públicas no pueden pagar su deuda, amenazando a las empresas con una cascada de quiebras y una repercusión directa sobre el mercado laboral que en estos momentos podría ser no alarmante sino de crecimiento exponencial, (porque ahora la destrucción se puede producir de forma mucho más rápida y destruir en un semestre el mismo empleo que anteriormente se ha arruinado en todo un año) cuando la deuda pública no puede venderse salvo a precios desorbitados, cuando la sanidad y la educación están en peligro, cuando las pensiones del futuro parecen una utopía y las del presente ya corren el riesgo de importantes recortes, no podemos ser otra cosa que pragmáticos.

Con anterioridad, países como Suecia han utilizado la misma fórmula con buenos resultados, por ello creo que ha pasado "la hora de los políticos y ha llegado la hora de los tecnócratas". Ya no hay momento para la improvisación, la falta de cálculo y de conocimiento en la gestión, de la necesidad de comprar votos a cualquier precio, sin olvidar el saqueo permanente a las arcas públicas de los distintos facinerosos que han campado por sus fueros. Deben dejar paso a los cálculos racionales, a la estrategia definida, al control del despilfarro y a conseguir que nuestros vecinos, socios y los mercados recuperen la credibilidad en nuestro país.