Parece olvidar Sonia Castedo que es la alcaldesa de Alicante y que se encuentra inmersa en una investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU cuando asevera, como ayer hizo en el Pleno, que jamás permitirá que la investiguen los concejales del PSOE y EU. Ediles que, como miembros de la Corporación, no solo pueden, sino que deben fiscalizar la actuación de una regidora que en estos momentos está bajo sospecha. Deben hacerlo ellos como también es función del juez que dirige las pesquisas en este proceso ordenar a la Policía aquellas diligencias que considere necesarias para determinar si realmente tanto ella como su mentor, Luis Díaz Alperi, facilitaron información privilegiada del planeamiento urbano de la ciudad a cambio de prebendas. Aludir al coste de la investigación y a su impacto en los bolsillos de los ciudadanos es tan demagógico como pueril y ya estamos mayorcitos para que nos intenten tratar como a niños.