Las corrientes políticas suelen ir envueltas de ropaje ideológico. Por ejemplo, resulta un postulado inequívocamente de izquierdas la proclividad de los estados y las administraciones públicas a intervenir en la vida económica. La propensión reguladora para preservar el interés común como norma básica de la socialdemocracia. Por el contrario, es un valor consustancial a la derecha la doctrina liberal de abstenerse de intervenir en la economía dejando su funcionamiento al libre juego de sus actores y a las leyes del mercado. Y cabe decir que ambas corrientes demuestran semejante celo y orgullo en la exhibición pública de dichos postulados. Sin embargo, no comparten idénticas consecuencias a la hora de su incumplimiento. Ni sus clientelas se muestran igual de exigentes con su cumplimiento. La derecha cuenta con una amplia bula que le permite conculcar sin coste alguno sus principios. Sin embargo, si es la izquierda quien incumple los suyos es severamente castigada por su electorado. En general, puede decirse que a la derecha le han confluido los astros y, desde luego en lo que respecta a España, su electorado ni le exige cumplimientos ni le reprocha incumplimientos, sean éstos de palabra u obra. Piénsese en el tema de la corrupción. Ni rozarle.
No obstante, la defensa del principio de no intervención de la derecha política siempre me ha parecido ejemplificadora. Suele componer excelentes discursos al respecto. Y suele realizar una política de intervención en tromba cuando ejerce el poder. Y, sin duda, a coste cero. Resultó aleccionador en la era Aznar comprobar cómo el proceso de privatización de las grandes empresas como Telefónica o Argentaria, que se supone obedecían al principio de liberalización, acabaron convirtiéndose en un mecanismo de ocupación de la médula de la economía española como no se había conocido hasta entonces, colocando a su frente a los amigos de pupitre, Villalonga y González. Quizás, alguien recuerde cómo el ministro Cascos llegó a la insólita imposición de un único descodificador para la televisión digital en un intento descarado de acabar con la incómoda hegemonía mediática del grupo Prisa -por lo demás, siempre celosísimo de sus negocios- a favor de la Vía Digital de Telefónica. O, quizás, se recuerde la omnipresencia de la sombra del president Zaplana, que convirtió en bloque a la fe liberal al PP valenciano, en todos los negocios emergentes que pudieran moverse en la Comunidad Valenciana. O su obsesión por intervenir las cajas. O su empecinamiento en redactar editoriales.
Pues, verán, yo creía que en mi pueblo esto no ocurría. Error. Grave error.
Déjenme que les cuente una historia como ejemplo. En los malos tiempos del Elche C.F. el Ayuntamiento socialista se implicó en su salvación. Convocó al capital ilicitano, promovió la creación de una base accionarial potente, se comprometió con un diez por cien del capital social y tomó un puesto en el Consejo de Administración. Era por entonces Diego Maciá alcalde y Alejandro Soler concejal de deportes. Más adelante, el Ayuntamiento decidió seguir contribuyendo con su cuota parte -hasta que la crisis lo permitió- pero decidió, igualmente, abandonar su puesto en el Consejo bajo el criterio de no intervenir en el funcionamiento de lo que, al fin y al cabo, era una sociedad mercantil. El Ayuntamiento lanzaba, así, el mensaje de que sólo le movía un interés institucional y dejaba hacer a los gestores y administradores. Ahora, el PP ocupa la alcaldía y su impetuosa titular, Mercedes Alonso, decide a las primeras de cambio entrar a saco en el Elche C.F. Y no crean ustedes que espera un tiempo prudencial. En el mes de julio ya estaba manos a la obra. Y ahí sigue. Envió a su sufrido concejal de deportes y barrios -todo pega- a la tarea de incomodar empresarios de la ciudad con el objetivo de reunir del orden de seis millones de euros para levantar de su posición al actual consejero delegado del Elche, Juan Carlos Ramírez, con el argumento de que no es del pueblo.
Vamos a ver, ¿qué hace el Ayuntamiento enredando en el Elche? ¿Qué hace el Ayuntamiento promoviendo una pugna de accionistas, de donde siempre se sale escaldado? ¿Cómo puede el municipio quejarse continuamente de la ruina de la hacienda local e implicarse, al mismo tiempo, en este envite? Por mucho que evite comprometer dinero, finalmente, los problemas se volverán hacia el Ayuntamiento que lideró la situación. O aquí las cosas han cambiado mucho o el interés municipal por el Elche C.F, ha de ser estrictamente institucional. Y sólo ese fin institucional debe inspirar su posición ante el club.
Y, qué quieren que les diga, el mundo al revés. El Ayuntamiento socialista, intervencionista como su ideología manda, dando un paso atrás y dejando hacer a los actores. Y el Ayuntamiento popular, liberal como su ideología manda, promoviendo una conspiración de accionistas e interviniendo hasta las cachas. ¿Intervencionismo, imprudencia o insensatez? Digo yo que no acabarán pidiendo un puesto en la alineación. Al tiempo.
