Agua: El gobierno la vuelve a colar por la puerta de atrás

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Andrés Martínez Espinosa El pasado 30 de agosto, escondido en los últimos días de agosto y, de forma alucinante, detrás de un Real Decreto-Ley sobre el embargo preventivo de buques y la declaración de interés general de unos regadíos en Huelva, el Gobierno de España, mal utilizando una de las herramientas que nuestra democracia tiene previstas para cuestiones que concurran razones de excepcionalidad o de urgencia, logró colarnos en el BOE, de forma perversa, la última aberración en temas hidráulicos de este país: la modificación de la Ley de Aguas, mediante el Real Decreto-Ley 12/2011.
Mediante este Real Decreto-Ley, ratificado en el Congreso de los Diputados el pasado 15 de septiembre, se les da la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico a las distintas autonomías que lo habían planteado en sus estatutos de autonomía. De forma muy clara el Constitucional aclaraba en el mes de marzo que estas competencias corresponden al Estado y no a las autonomías. Sin lugar a dudas, con esta aprobación, el Gobierno de España ha puesto cara a la pared a nuestra Constitución.
Una vez más, a pesar de llevar este país más de 30 años de democracia, el Gobierno ha aplicado la dictadura hidráulica a la que nos ha tenido acostumbrados en estos últimos 7 años y medio, pasándose por el "arco del triunfo" el buen talante del que viene hablando en lo que a participación pública se refiere. Una modificación de este calado, en temas hidráulicos, requiere como mínimo un informe del Consejo Nacional del Agua, cuyos miembros se han enterado de esta noticia tras su publicación en el BOE. Vergonzoso e indignante.
¿Y que está en peligro con esta modificación de nuestra Ley de Aguas? Romper con lo que hasta ahora era un tema de Estado: la resolución de los problemas del agua, como así lo marca nuestra Carta Magna, delegando las resoluciones de dichos problemas hídricos a las Comunidades Autónomas, hecho este que añade mayor complejidad por la territorialización y su politización. Y sin querer ser alarmista, pero sí aplicando el más crudo realismo, se pone en alto riesgo el funcionamiento de los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó y hace todavía un poco más complicado la construcción del trasvase del Ebro.
Con esta modificación se rompe con el concepto de Unidad de Cuenca, básico para una buena gestión hídrica dentro de la propia cuenca hidrográfica, como una vía posible para asegurar una eficaz y solidaria gestión dentro de la misma. El modelo español de gestión en torno a las confederaciones ha servido en Europa como ejemplo de buena gestión hídrica y ahora es nuestro Gobierno quien le da la sentencia de muerte. Esperpéntico.
Este Real Decreto-Ley da una puntilla de muerte a las confederaciones hidrográficas, dejando sin sentido el núcleo duro de las mismas: su comisaría de aguas. Sin lugar a dudas, se produce una inseguridad jurídica puesto que a partir de ahora son las Comunidades Autónomas las que tienen que resolver sobre los procedimientos administrativos en materia de policía de agua, por lo que la interpretación de este Real Decreto-Ley va a depender de las mismas. Se puede dar la contradicción de que una Comunidad de Regantes, como de la que soy presidente: la Comunidad de Regantes de Villena, tenga dos resoluciones distintas para un mismo problema, puesto que se cuenta con terrenos de regadío en dos Comunidades Autónomas: Comunidad Valenciana (Villena) y Castilla-La Mancha (Caudete).
¿Y por qué tanta prisa en modificar de esta manera tan mezquina la Ley de Agua? Motivos con rigor técnico no existe ninguno. Se puede adivinar que el único motivo se enmarca dentro del ámbito político. El servilismo a alguna Comunidad Autónoma, en este caso a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que desea recuperar contrarreloj el control de la Cuenca del Guadalquivir, provoca que el Estado haga oídos sordos a las firmes sentencias del Tribunal Constitucional.
Muchos son los errores en materia hídrica que ha cometido este Gobierno en las dos últimas legislaturas, despilfarrando cientos de millones de euros sin resolver el problema del agua en este país y, lo que es más grave, destruyendo muchos miles de puestos de trabajo.
Este negro periodo se inició con el desafortunado Real Decreto-Ley 2/2004 en el que se recogía la derogación de parte de las obras del PHN, entre otras el trasvase del Ebro y la imposición de la desalación masiva que ha demostrado ser un fiasco técnico y económico. Este negro periodo se va a cerrar, siete años y medio después, con la utilización de la misma figura jurídica: el esperpéntico Real Decreto-Ley 12/2011, que pretende poner fin a la gestión hídrica como tema de Estado, dejando en manos de los políticos territoriales la resolución de temas hidráulicos cuando lo que más se necesita es la visión técnica a nivel nacional y lo que más sobra es el sectarismo territorial y partidista.

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