El renacido impuesto de patrimonio

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Francisco Poveda El Consejo de Ministros ha aprobado la recuperación del Impuesto de Patrimonio para conseguir 1.080 millones de euros de los contribuyentes. Con el acuerdo adoptado, el impuesto, que estaba hibernando, vuelve a resurgir a petición de Rubalcaba, se mejorará la recaudación fiscal, para júbilo de Sarkozy, Merkel y los votantes socialistas y de izquierdas que aplauden el gesto de solidaridad que se exige a los ricos, aunque la mayoría de los políticos lo critican. No se sabe el porqué, puesto que en otros países los propios magnates lo han pedido para sí. Es verdad que en España los millonarios no habían dicho esta boca es mía.
Tras estar sepultado vivo desde hace tres años, después de treinta años de vida, por medio de un Real Decreto reformista, el impuesto ha vuelto a la vida, algo más justo y menos dañino, porque tras dos retoques -la elevación del mínimo exento de 108.000 a 700.000 euros y duplicar la exención de la vivienda, desde 150.000 a 300.000 euros-, se eliminará a más de 800.000 de los antiguos contribuyentes. Queda así el impuesto remozado y adquiere mayor sentido su principal causa: gravar a los ricos, excluyendo a los patrimonios medios. No obstante, como al Gobierno se le acababa el tiempo, la reforma es transitoria, al darle sólo dos años de vida, el 2011 y 2012. Pese a tan beneficiosos cambios, no se ha visto el aplauso ciudadano, y es que en materia fiscal el despertar del durmiente nunca agrada.
Asombra el debate planteado al hilo de su restauración. Especialmente porque vivimos una crisis insostenible, de la que debemos salir rápidamente, y gravar a los altos patrimonios con un impuesto light -el tipo impositivo va desde 0,2% a 2,5%- que no tendrá efectos colaterales en su consumo e inversión, y que además mejorará la equidad fiscal, porque el impuesto actúa como complemento del gravamen que en el IRPF soportan las rentas de capital que se benefician de una fiscalidad mucho más leve que la que soportan las rentas del trabajo es, sin duda, beneficioso para el país. Además se favorece el principio de solidaridad y se recupera algo la progresividad; perdida por la dejación que del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones han hecho las Comunidades Autónomas y porque en el Impuesto sobre la Renta sólo actúa de hecho en las del trabajo.
Asombra que Rajoy se oponga a incorporar este instrumento, cuando estando ocho años en el gobierno de Aznar y con peor estructura, no se retiró. Asombran las Comunidades rebeldes, entre ellas la Valenciana, porque siendo responsables de endeudamientos elefantinos que nos ha empobrecido hasta límites inexplicables, de no estar pagando a sus acreedores y previendo dificultades incluso para pagar los salarios a sus trabajadores, lejos de sentir una descomunal vergüenza, asumiendo su grave irresponsabilidad; lejos de agradecer que les vaya a llegar la recaudación del Impuesto recuperado, se enojan por su resurrección, amenazan con no exigirlo, en el colmo de la insensatez, porque con sus dos cambios se excluye a los contribuyentes de clase media, que harto sufrimiento llevan consigo, y que, junto con la clase pobre, son los que más están soportando el coste de la crisis.
Y es incomprensible que sea vituperado cuando ha quedado ahora el Impuesto de Patrimonio, mejor de como estaba cuando fue creado en 1977, habiéndolo mantenido los gobiernos de González, y de Aznar, y que cuando, repudiándolo las comunidades autónomas, llevaron al siempre dadivoso Zapatero, a terminar enviándolo al limbo mediante una argucia legal que lo convirtió en un conjunto vacío. Menos se entiende en un país con una presión fiscal muy baja a tenor del bienestar que exigimos al Estado. Conviene hacer, sin embargo, algunas precisiones al hilo de su entierro y resurrección. La primera es la inoportunidad de su retirada en 2008, porque ya sufríamos la crisis, y ante una previsiones nada halagüeñas, era absurdo enflaquecer al Tesoro Público. La segunda, que con el lifting al que se le ha sometido va a afectar a un número muy reducido de contribuyentes, y en tercer lugar, y no es poco, que con la reparación que se le ha practicado no se han suprimido todas las disposiciones que dañaban su imagen entorpeciendo la tributación de un buen número de capitales y bienes.
Al tener los días contados la actual legislatura no se ha podido emprender una reforma en profundidad, que habría exigido el debate parlamentario. Han quedado sin resolver graves injusticias que aún comporta y que actúan como agujeros por los que escapan muchas de las grandes fortunas. Es el caso de ciertas exenciones: la de las acciones no cotizadas, en general pertenecientes a sociedades familiares; de las Sicav que están excluidas, con lo que ni pagan por sus rentas ni por su capital; las aplicables a las acciones con cotización, y el sinsentido de aplicar el mecanismo del límite conjunto con el IRPF, que vacía la cuota del impuesto e incentiva el fraude en él.
Habrá que resolverlo más tarde, quizá eliminando el impuesto, tras perfeccionar el conjunto del sistema. Quizás sea cuando nuestros políticos dejen de gastar dinero como manirrotos, sean más responsables de sus actos, incluso penalmente, como ha apuntado la defensora del Pueblo en funciones, Cava de Llano, que pedirá al Ministerio de Justicia, dejen de hacer ascos a gravar con justicia a quienes tengan capacidad económica y se atrevan a emprender una reforma fiscal profunda e integral con la que alcanzar la justicia tributaria que se predica en el artículo 31.1 de la Constitución y que no tiene reflejo en nuestra realidad jurídica.

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