La conservación del patrimonio arquitectónico ilicitano reciente

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Ricardo Irles Parreño Al margen de que en el Plan Especial de Protección de Edificios y Conjuntos (PEPEC) del término municipal de Elche (BOP 25/05/1998) estén o dejen de estar todos los edificios merecedores de ello, y que las consecuencias de su inclusión supongan realmente alguna protección efectiva, quiero señalar lo llamativo de su composición. En el casco urbano el Plan Especial incluye 75 elementos de los que unos 20 son anteriores al siglo XX y el resto, salvo 1, se reparten a partes iguales entre 1900 y la mitad de la década de los treinta y desde ese momento hasta la mitad de la década de los 50. Se tiene pues que el PEPEC contiene un único edificio posterior a esa última fecha, en concreto el Ambulatorio de San Fermín del arquitecto E. de Garay, inaugurado a finales de 1960. Esta distribución temporal de nuestro patrimonio choca frontalmente con el hecho de que a finales de la década de los cincuenta y hasta la crisis del petróleo de la década de los setenta del siglo pasado, el crecimiento de la ciudad fue vertiginoso, sin parangón en su historia. Cuesta trabajo creer que entre la ingente cantidad de obra construida en la segunda mitad del siglo XX no haya más obras merecedoras de pasar a formar parte de nuestro patrimonio.
El panorama descrito en el párrafo anterior no es exclusivo de nuestra ciudad y la explicación cabe buscarla en los criterios tradicionales de protección del patrimonio que contemplan como atributos indispensables de lo protegible la antigüedad y la presencia de valores histórico-artísticos. Dejando aparte la arquitectura de incontestable carácter monumental e histórico, salta a la vista que estas condiciones son parámetros ambiguos imposibles de cuantificar de forma precisa -¿cuántos años son necesarios para ser antiguo?, ¿qué historia se debe haber vivido para ser histórico?, ¿qué significa ser artístico?-. Sólo la consideración de estos atributos desde contextos culturales actuales renovados puede permitirnos salir del atasco al que nos lleva su consideración aislada. Mientras que la arquitectura de inspiración modernista, art-decó y sobre todo la de cualquier eclecticismo, ha sido aceptada fácilmente por la comunidad como artística, no sucede en absoluto lo mismo con la arquitectura moderna realizada en España en la década de los años 50 y 60 que traslada con dos décadas de retraso las obras de los maestros norteuropeos y americanos del movimiento moderno. La concurrencia de estas dos circunstancias, escasa antigüedad y valores artísticos que se apartan de lo ya aceptado por la sociedad, dan como resultado el escaso reconocimiento por parte de la comunidad de la arquitectura de la década de los años 50 y 60 como patrimonio a conservar.
Junto a las circunstancias anteriores concurre otra que agrava aún más la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico reciente. En términos generales la arquitectura de esos años tiene una vida útil especialmente corta derivada de la construcción masiva y acelerada con unos medios aún casi artesanales y materiales por lo general de escasa calidad o escasamente experimentados (uso indiscriminado del fibrocemento, telas asfálticas deficientes y sobre todo uso generalizado del hormigón armado del que aún no se sabía lo suficiente). En conclusión las obras de esa época no tendrán el tiempo suficiente para alcanzar la categoría de antiguas. De modo que, si en el pasado reciente de nuestra ciudad, al amparo de los planes generales de 1962 y 1973, fueron muchos los edificios protegidos o dignos de protección que fueron derribados con la excusa de su lamentable estado de conservación; en la actualidad, con excusas más civilizadas que en años atrás, estamos dando lugar a los mismos hechos, la destrucción de nuestro patrimonio arquitectónico, que es lo mismo que la destrucción de nuestra ciudad y por ende de nuestra memoria colectiva.
El actual PEPEC está necesitado de una revisión, no solo para su adaptación al nuevo marco normativo, sino para su reelaboración desde el contexto actual. Hay edificios incluidos que han desparecido, -por cierto, ¿para cuándo una exposición o un libro sobre nuestro patrimonio arquitectónico desparecido?-; otros sobre los que se ha intervenido, (qué hacer con los que han sido sustituidos por una copia, ¿seguimos protegiendo a los clones?); y muchos edificios, al menos de forma urgente los de la década de los 50 y 60, que no están y deberían estar. Entre estos quiero referirme brevemente y a título de ejemplo al enorme patrimonio escolar construido en la segunda mitad del franquismo en la ciudad, tanto en el casco urbano como en el campo. La repetición de los modelos escolares permitió crear una imagen que se ha convertido en imagen misma de la ciudad de esos y posteriores años. Esta circunstancia así como sus rasgos de modernidad dentro de una arquitectura de corte academicista exigen su toma en consideración como patrimonio antes de que acaben desapareciendo. En cualquier caso no llegaremos a tiempo de salvar la obra más decididamente moderna levantada en la ciudad en los inicios de la década de los sesenta, el desaparecido instituto laboral del arquitecto Rafael Aburto Renobales, el primer edifico escolar construido en la ciudad tras la escuelas graduadas de los años 30 y desaparecido, ya hace años, en la más absoluta indiferencia ciudadana con poco más de 40 años de existencia. La desaparición temprana de este edificio sirve de ejemplo para justificar la urgencia que se reclama en la revisión de los criterios de conservación de nuestro patrimonio arquitectónico reciente.

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