I. Los problemas

Si tuviéramos que señalar los cuatro problemas básicos que tiene la economía española en la actualidad y que requerirían de una atención prioritaria, estos serían, en mi opinión:

1º) El exceso de oferta en el sector inmobiliario. Desde finales de los noventa y hasta el año 2007, se ha producido en España un fuerte proceso de crecimiento del sector inmobiliario (en realidad de la construcción) que obedece a las siguientes causas:

La disminución de los tipos de interés nominales como consecuencia de nuestra entrada en el euro, lo que llevó a tipos de interés reales negativos, potenciando un intenso proceso inversor.

El crecimiento de la población que se ha dado en España en este período, pasando de 39 millones a 46 millones a finales del 2010. Básicamente este crecimiento ha sido debido a la emigración (mas de 5 millones).

La sustitución para los prestamistas de los activos financieros por activos reales debido a la caída de rentabilidad de los primeros. Los inmuebles han pasado a ser una de las formas principales para el mantenimiento del ahorro por la escasa rentabilidad de los depósitos, deuda pública e instabilidad del mercado de valores. Pese al fuerte proceso de construcción, la demanda fue incluso superior por lo que los precios de los inmuebles crecieron a una tasa de más del 15% desde el 2002 hasta el 2007, provocando a su vez una típica burbuja especulativa (se compra porque se espera que el precio suba en el período siguiente). A finales del 2007 y ante los inicios de la crisis financiera, la demanda de inmuebles de detuvo en seco, dejando en el mercado inmobiliario un exceso de mas de 1 millón de viviendas sin vender.

Es decir que en la actualidad hay una oferta de viviendas de 1 millón (mas o menos), lo que supone que tenemos aproximadamente 200.000 millones de euros sin que se muevan en la economía española, es decir un 20% del PIB. Esta situación está afectando profundamente al crédito bancario y por tanto a la actividad económica.

Poner en marcha a este stock (patrimonio) hoy inmovilizado es esencial. Cada vez que una vivienda se vende se inicia un proceso de creación de dinero bancario que permite financiar la producción de bienes y servicios. El vendedor, si es un particular, porque los ingresos que recibe los coloca en activos financieros (depósitos) que pueden ser prestados a otros agentes (más crédito) y si el vendedor es una entidad bancaria, porque al recibir nuevos recursos del comprador, libera su inmovilizado y retira los fondos destinados a dotarlo. Además los compradores llevarán a cabo compras para reformar la vivienda, amueblarla, y demás gastos asociados al uso de la misma. Este stock es una losa para la economía española en la actualidad.

2º) La restricción crediticia y el sistema financiero español. Una parte de los problemas actuales de las entidades financieras españolas está asociada al fuerte peso que los créditos inmobiliarios tienen en su balance (activo). Para hacer frente a la fuerte demanda de crédito para la adquisición y construcción de viviendas, las entidades financieras españolas tuvieron que acudir a los mercados mayoristas de otros países debido a la insuficiencia de financiación interna. Este endeudamiento externo y sus obligaciones así como las fuertes dotaciones que ha exigido el Banco de España respecto del inmovilizado han provocado una situación de fuerte restricción crediticia, lo que ha llevado a un círculo vicioso al sistema. Los bancos no conceden crédito a las empresas que ante la falta del mismo se encuentran con dificultades para hacer frente a los pagos, lo que les hace entrar en situación de morosidad, que fuerza a los bancos a destinar más recursos para dotar esa morosidad, lo que restringe el crédito disponible para las empresas, etc.

3º) El déficit y la deuda pública.

Como es sabido los déficits del Estado en cada período incrementan el total de deuda pública o endeudamiento del mismo. Si estos déficits son recurrentes, el nivel de deuda va creciendo, lo que supone a su vez que, puesto que los intereses de la deuda forman parte del déficit, este se incrementa en relación a la deuda acumulada (mas déficit es mas deuda y mas deuda supone mas déficit por los intereses que hay que pagar por la misma). Este es el posible problema de insostenibilidad de la deuda-déficit del que hablan los economistas.

En realidad las variables adecuadas de las mismas deben medirse en relación al tamaño de la economía. Así hablamos de la proporción de duda sobre el PIB y de la proporción del déficit sobre el PIB como las variables fiscales a controlar (las que están en el famoso pacto de estabilidad: un 3% máximo para el déficit/PIB y un 60% máximo para la deuda/PIB)).

En el caso español, estos datos no son dramáticos puesto que hasta el año 2007 se estaban generando déficits muy reducidos o incluso superávits anuales en las cuentas públicas lo que permitió reducir nuestro endeudamiento hasta un 47% del PIB. En la actualidad y con un déficit en torno al 7% para este año y una deuda pública de alrededor del 59% del PIB, nuestros datos son de los menos malos de los países del euro. Entonces ¿por qué esa necesidad de la consolidación fiscal y por qué esa elevada prima de riesgo?

La respuesta está en la velocidad en la que ambas variables se han deteriorado en estos años. Que en dos años hayamos pasado de un déficit nulo al 12% en el 2009 y al 9% en el 2010, con un aumento en el ratio de deuda de mas de 12 puntos porcentuales, es lo que ha elevado las alarmas. No obstante aquí entramos en el problema peor tratado por la Unión Monetaria, en parte por la incapacidad de sus líderes para entenderlo y en parte por el fundamentalismo económico imperante en Alemania.

Muy resumidamente el problema es este. Para que un país no entre en un circulo vicioso entre déficit y deuda, debe cumplirse una condición técnica: que el tipo de interés real que el país tiene que pagar sea menor que la tasa de crecimiento del PIB real del mismo a lo largo del tiempo. El tipo de interés real es igual al tipo de interés nominal menos la tasa de inflación prevista para el período.

Esta condición puede cumplirse de tres formas, como es obvio:

1º) Con una tasa de crecimiento de la economía (PIB) superior a dicho tipo de interés real. Los países que no crecen (o incluso decrecen por estar en recesión) tiene difícil cumplir esta condición y afectan negativamente a las expectativas de sus prestamistas respecto a la posibilidad de que puedan hacer frente a sus obligaciones. 2º) Con un tipo de interés nominal muy bajo que incluso con un crecimiento escaso del PIB satisfaga la condición. Países como Alemania y Estados Unidos pagan el tipo de interés mas bajo siendo los de referencia para fijar la prima de riesgo de los demás. 3º) Con una tasa de inflación suficientemente alta como para compensar la diferencia entre el tipo de interés nominal y la tasa de crecimiento del PIB. Algunos economistas alegan que el problema es que la tasa de inflación objetivo es demasiado baja y una mayor alegría monetaria al generar una posible tasa de inflación mayor aliviaría el problema a corto plazo.

Aquí esta el problema macroeconómico fundamental de la Unión Monetaria y en realidad de los principales países.

Si apostamos por el crecimiento, en una situación de atonía y bajas expectativas, el Gobierno puede utilizar la política fiscal expansiva (no la monetaria en la UME porque no tenemos esa responsabilidad). Un mayor gasto aumenta la demanda de bienes a las empresas, estas producen más y contratan más trabajadores, lo que estimula el consumo y hace crecer a la economía. Además, la reducción del desempleo disminuye las prestaciones por el mismo lo que junto a la mayor recaudación por IVA y renta, rebajan el déficit. Pero el problema es que para elevar el gasto público el Gobierno tiene antes que endeudarse lo que, si debe pagar una prima de riesgo mayor, reduce la inversión y aumenta los intereses de la deuda, lo que puede empeorar las expectativas de los agentes, reduciendo el consumo ¿Qué efecto domina y aparece antes? La economía puede acabar o en un círculo virtuoso (crecimiento y reducción del déficit) o en uno vicioso (mas déficit y endeudamiento, mas tipos de interés y menor crecimiento).

Si apostamos por una consolidación fiscal, el Gobierno reduce gastos o aumenta impuestos, lo que permite reducir el déficit y la deuda (sobre el PIB) por lo cual obtiene una menor prima de riesgo lo que acaba estimulando la inversión, las expectativas y el consumo, lo que finalmente le lleva a un crecimiento del PIB. Pero puede pasar que la reducción del gasto reduzca el crecimiento del PIB, se genere más desempleo lo que obligue al Gobierno a llevar a cabo mayores prestaciones por desempleo, anulando parcialmente el esfuerzo fiscal, y provocando una recesión que empeorando las expectativas reduzca los préstamos internacionales o eleven la prima de riesgo.

En España los partidos políticos parecen apostar por las dos soluciones a la vez. Esto es complicado. Por un lado mantienen recortes del gasto que permitan cumplir los objetivos de déficit (un 6% para el 2011), pero a su vez proponen políticas fiscales expansivas. Más gasto y transferencias sociales unos y menos impuestos los otros. Ambos confían en que el primer efecto de más déficit sea compensado rápidamente por más crecimiento, y los mercados no exijan una mayor prima de riesgo. Hay que recordar que el endeudamiento del sector privado (superior en porcentaje del PIB al del sector público- véase el problema financiero e inmobiliario), queda afectado también por el interés que se paga por la prima de riesgo, dado que es riesgo país.

4º) El Mercado de Trabajo.

Tras los datos de la EPA del tercer trimestre de 2011, que ponen de manifiesto que la tasa de desempleo de nuestro país dobla la media de la Unión Europea (que por otro lado es tan alta en parte por nuestra culpa) hemos comprobado como una vez mas la crisis económica ha llevado a un fuerte ajuste de la cantidad de trabajo utilizada. Pese a que el PIB tan solo disminuyó (recesión) en 2009, cayendo un 4% aproximadamente, la tasa de desempleo ha aumentado desde el 8'5% de finales de 2007 al 21'5% a finales de 2011. Esto implica que la disminución de tres puntos porcentuales netos del PIB en estos años ha generado un aumento de la tasa de desempleo de 13% puntos porcentuales. Esta relación que técnicamente se le conoce como la Ley de Okun siempre ha sido extraordinariamente negativa para España. Por esto suelen afirmar los economistas que es necesario un crecimiento del PIB de un 3% para que se reduzca la tasa de desempleo en un uno por ciento (que se cree empleo neto). Son malas noticias porque ponen de manifiesto que pueden ser necesarios varios períodos para aproximarnos a la situación que habíamos alcanzado en el 2007.

Conviene recordar por otro lado que en las tres crisis económicas sufridas por España desde los años sesenta: la de 1978-1985 derivada de la crisis del petróleo, la de 1992-1995 asociada a la crisis del SME y la actual 2008-É , la tasa de desempleo siempre superó el 20%. Una diferencia notable con las crisis anteriores es que en el último período se crearon en España mas de 9 millones de puestos de trabajo, pasando la población empleada de 12'5 millones en 1994 (tasa de desempleo del 24%) a 21'5 millones en 2007. En el momento actual tenemos una población empleada de 18 millones, que es mas que lo que tuvimos en las anteriores fases expansivas. España creó mucho empleo desde 1998 a 2007 y también ha destruido mucho empleo en la crisis actual. Nuestro mercado de trabajo es excesivamente sensible al ciclo. De ahí la necesidad de reformas estructurales del mismo (legislación, convenios, salarios y prestaciones).

II. Políticas y medidas a tomar:

Mercado inmobiliario. Para la disminución del exceso de oferta del sector inmobiliario, hay que reducir el coste de adquisición de viviendas a un precio próximo al que vaciaría dicho mercado. Si este sobreprecio puede estar en torno a un 33% respecto del que permitiría eliminar el exceso, hay que buscar soluciones para bajar los precios. Podrían ser una de estas dos medidas:

a.1) Introducir impuestos o tasas a los propietarios de viviendas vacías (que no se encuentren alquiladas) de mas de un año de antigüedad. Estas tasas supondrían una penalización al mantenimiento de viviendas con precios de venta excesivos (que no se venden por no tener demanda a ese precio) forzando a sus propietarios o bien a rebajar el precio o bien a alquilar los pisos a precios competitivos. La ventaja de este tipo de tasas sería que permitiría recaudar más (por ejemplo a los ayuntamientos) con poco coste, aliviando las arcas municipales o incentivando la salida al mercado de un stock de viviendas importante.

a.2) Introducir una subvención a los compradores (reducción del coste de transmisión, desgravaciones diversas) que permitiendo la salida al mercado de un número importante de viviendas reactive los sectores asociados a la construcción (muebles, servicios diversos como electricidad, construcción de reparaciones y mantenimiento etc.). La merma de ingresos por esta vía podría compensarse con los ingresos derivados del incremento de la actividad comercial.

Mercado de trabajo. Puesto que el objetivo es incentivar la contratación por parte de las empresas del sector privado, las medidas deberían permitir una mayor flexibilidad en la plantilla de las empresas para lo cual sería necesario: a) ajustar el convenio colectivo a la situación de cada empresa, permitiendo la des-indiciación de los salarios respecto del nivel general de precios (debería vincularse al precio relativo de la empresa en todo caso), y permitir un ajuste de precios (salarios) en lugar del ajuste de cantidades (empleo) ante situaciones de caída de demanda o recesivas en el sector. No tiene sentido defender un alto nivel de protección en la contratación que mantenga mas del 45% de la población menor de 35 años en el paro y que en cada crisis sea necesario la desaparición de miles de empresas para eliminar las plantillas de las mismas, cargando a los presupuestos del Estado las subvenciones por el alto desempleo. La reducción de las transferencias por desempleo podrían permitir una política de gasto público (capital público, educación) mas intensa en los períodos recesivos, haciendo que la política fiscal cumpla la función anticíclica para la que fue diseñada.

Mercado financiero: la reactivación del crédito financiero pasa por recuperar las fuentes de financiación tradicionales de los intermediarios financieros (depósitos de clientes) en vista del hundimiento del mercado interbancario y las dificultades de lograr financiación a medio plazo del emisor europeo. Para hacer mas atractivo la colocación de ahorros en depósitos, podría reducirse la imposición de los mismos para depósitos de tamaño pequeño y medio, permitiendo así una mayor rentabilidad de los mismos. Asimismo podrían reducirse las dotaciones que las entidades financieras deben realizar sobre sus activos financieros dudosos (inmuebles) para liberar toda una serie de recursos (que se nutren con captación de pasivo) que las entidades destinan al cumplimiento de este tipo de coeficientes. Los recursos así liberados podrían destinarse al crédito del sector privado reduciendo la situación de credit crunch en la que se encuentra nuestro país. Romper el círculo vicioso de no prestar a las empresas por insuficiencia de pasivo y por el temor a que estas entren en morosidad, podría requerir de una moratoria que suavizara las condiciones y plazos para la consideración de tal situación de morosidad, permitiendo plazos más largos de negociación.

Déficit y deuda pública. El Gobierno español debe hacer frente a sus compromisos, lo que le obliga a seguir la política de recuperación de la confianza de los mercados internacionales (prestamistas). Esta necesariamente pasa por la reducción de nuestra dependencia de estos mercados. Para ello hay que crecer en el próximo año mas de lo que está previsto. No puede seguir el incremento constante de los datos de desempleo y su nivel que penalizan y deterioran nuestra imagen como país competitivo incluso más que la prima de riesgo. Se debe volver a un pacto o contrato con la sociedad que establezca un calendario de sacrificios claro y riguroso (repartiendo las cargas) a muy corto plazo para desarrollar políticas expansivas de gasto público en un período inmediatamente posterior.

La reducción inicial del déficit pasa por la eliminación de los gastos superfluos e innecesarios de un sector público sobredimensionado en tres administraciones que producen servicios similares, por una estructura política ineficiente y por una administración cara y poco productiva. La inversión pública debe realizarse mediante impuestos o tasas especiales que recaigan sobre los directamente afectados (en una especie de copago por los servicios futuros que producirá). Las prestaciones y transferencias deben reducirse temporalmente al mínimo exigiendo sacrificios pero con acuerdos específicos de su compensación futura. La sociedad española es madura y puede entender dicha necesidad de un período de "sangre, sudor y lágrimas" en palabras de Churchill, siempre que la sangre y sudor no los pongan solo unos y las lágrimas (de risa) los otros.

Son medidas dramáticas y excepcionales en algún caso, pero el objetivo ahora debería ser el de salir de la crisis económico financiera en la que nos encontramos a la mayor brevedad posible, incluso aunque esto requiera una vuelta temporal a los incentivos y estímulos del sector de la construcción para que vuelva a la aportación al PIB que tenía antes del boom inmobiliario del 2000. El multiplicador de este sector es lo suficientemente elevado para que se justifique su apoyo en este momento y permita a la economía española empezar a generar círculos virtuosos de actividad económica en vez de los círculos viciosos en los que ahora estamos instalados.