Creo que fue Josep Pla quien, al ver las luces de Nueva York, dijo aquello de "¿quién paga todo esto?". Y hoy, después de las últimas declaraciones del conseller de Justicia -señor Cabré- sobre el futuro gran ahorro que supone volver a escribir por las dos caras, controlar el gasto de bolígrafos, gomas... -¡habrá que crear una comisión que investigue el exceso de 10 euros trimestrales!- o dejar a un lado el papel de oficio, nos deberíamos hacer esa misma pregunta, ¿quién va a pagar este desastre de Administración de Justicia? La respuesta está clara: el ciudadano -no me gusta mucho lo del justiciable- y detrás, como siempre, los profesionales, quienes, una vez más, asistimos perplejos a esta ceremonia de demagogia y confusión, al margen de cualquier derecho reconocido en nuestra Carta Magna: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión" (artículo 24, Constitución Española).

Pues bien, aquellos vientos trajeron estas tempestades y ahora hay que ahorrar por decreto, sin importar en absoluto los derechos del ciudadano. Y así, la reciente Ley de Medidas de Agilización Procesal (37/2011 de 10 de octubre) no hace otra cosa que mirar hacia otro lado, creando una justicia de dos velocidades y como dice Félix Bornstein: "A este paso, únicamente podrán recurrir en más de una instancia los nobles adinerados y demás caballeros de fortuna, no el común de los mortales".

No nos dejemos engañar con el baladí argumento de la crisis, ya que sin debate y por ley, acaban de colar por la puerta de atrás algo así como el inicio del copago en la Administración de Justicia.

Recortar en Justicia supone recortar en libertades y el camino debe ser otro. Habrá que volver a la senda del sentido común y, con imaginación y esfuerzo, buscar las fórmulas necesarias -que las hay- para que todo el mundo tenga acceso a una justicia ágil, sin dilaciones indebidas y, sobre todo, transparente, porque si la justicia es lenta y opaca, se convierte en otra cosa, dejando un enorme vacío en un auténtico Estado de Derecho.

Dicen que el Consell pagará su deuda a las farmacias y si eso es así, me congratulo, pero ¿cuándo pagará la totalidad de lo que adeuda por el Turno de Oficio?, ¿hasta cuándo esa incertidumbre de los miles de compañeros/as que en nuestra Comunidad desempeñan su función, día a día, y que perciben unos honorarios ridículos? Por cierto, honorarios congelados desde hace más de seis años, cuando se negaba la crisis y entonces habían fondos para muchas otras cosas.

No quiero entrar en casuísticas, pero resulta demencial que un desahucio por falta de pago conlleve en sí un proceso de más de un año, en determinados juzgados, o que unas medidas provisionales, en un proceso de Familia, comporte meses. Por lo que creo que habrá que recortar de otro sitio -por ejemplo, de los 160 millones de euros para la Ciudad de la Luz- pero en Justicia no, y dejémonos de experimentos que a nada conducen -fusión de los partidos judiciales de Elda-Novelda, menos bolígrafos...- ya que, al final, la pregunta sigue siendo la misma, ¿quién paga todo esto?